Banco de España versus oligopolio bancario ¿Y Bankia?

No es que no fuera predecible, pero sin duda resulta tremendamente llamativo que las Administraciones Públicas canarias (en realidad todas las españolas) solicitaran, de forma generalizada y a toda prisa, poder depositar sus recursos financieros en el Banco de España. Como saben de sobra los interesados en estos temas, este corre corre se debe a que el oligopolio bancario español ha decidido incluir a las instituciones en el cobro de comisiones por el simple hecho de colocar sus depósitos en la banca privada. Hasta ahora esta práctica solo afectaba a los particulares.

Y es que el cierto estancamiento de las operaciones comerciales de la banca (por razones que no vienen al caso) ha encauzado en otra dirección la explotación de la “posición de dominio de mercado” que tiene el oligopolio bancario. En concreto, si en 2019 las ganancias netas de la gran banca se elevaron a 13.637 millones de euros (6.581 solo en España), su saldo neto de comisiones alcanzó nada menos que 9.712 millones. El hecho, constatado por cualquier ciudadano, es que lo están maltratando, cobrándole una comisión por cualquier cosa y que se encuentra absolutamente impotente ante este enjambre de pequeños pagos mensuales. Y, además, ya le tienen bien advertido que esta práctica no ha hecho más que comenzar.

Volviendo a nuestros ayuntamientos, cabildos y al propio Gobierno canario “se ha pasado de no pagar nada… a tener que abonar una comisión del 0,50% anual por sus depósitos o cuentas de plazo fijo” . Por eso, si se considera que el volumen total de sus depósitos asciende en la actualidad a unos 2.000 millones de euros, el pago de esa comisión va a suponer tener que pagar unos 10 millones de euros cada año al oligopolio bancario. Simplemente por tener depositado su dinero y sin que el banco tenga que mover una pestaña.

Está claro que, en esta nueva situación, no habrá responsable público que no intente coger el dinero y salir corriendo hasta el Banco de España. Evitando el perjuicio que el pago de esta comisión iba a suponer a toda la ciudadanía. Que podría comprobar que parte del dinero que se les cobra por los impuestos, no va a satisfacer sus necesidades, sino a engrosar sin ninguna contraprestación al lobby bancario. Y esa actitud de rechazo por parte de los servidores públicos será unánime y al margen de cualquier diferencia ideológica o de adscripción política. ¡Bonito fuera!

Es interesante comentar dos hechos. El primero es que, como consecuencia de la famosa crisis y de acuerdo con La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, se obliga a las instituciones públicas a acumular liquidez en los bancos para prevenir posibles dificultades. Ante esta prescripción cualquiera puede pensar, legítimamente, que el objetivo del legislador fue abonar el terreno para lo que ahora estamos viendo: que el oligopolio bancario pueda fortalecerse sin hacer absolutamente nada. El segundo es que el depósito de fondos en el Banco de España está limitado a las Administraciones públicas. Porque los particulares tienen que quedarse al libre arbitrio del sector bancario.

La conclusión que se puede sacar de toda esta historia, es que el Sistema permite al oligopolio bancario machacar a comisiones a sus clientes. Pero no a todos. Cuando se trate de las Administraciones Públicas, por aquello de un cierto contrapeso de poderes, se les facilita una puerta de escape a través del Banco de España, que no cobra porque es una entidad sin fines de lucro. Posibilidad que se niega a los particulares, que se ven impotentes e indefensos ante la boca del lobo. ¡Es lo que hay!

¿No hay alternativa? ¿Y Bankia?

La respuesta viene condicionada por lo que se hizo a lo largo de los años más duros de la “crisis”. Es obligatorio recordar que, ante el derrumbe del sistema financiero español, se decidió inyectar un total de 58.655 millones de euros, según el FROB (El Tribunal de Cuentas eleva esa cifra hasta los 66.577 millones). Y que, a fecha de hoy, el mismo FROB precisa que ese rescate a la banca dejará unas pérdidas al Estado por valor de 45.640 millones.

No vamos a entrar aquí sobre el complejo y apasionante problema de quién tendría que pagar tamaña deuda.

Lo que se pretende es analizar solo una de las piezas de todo el puzzle. Es cierto que la más significativa de todas: Bankia.

El total de recursos públicos inyectados fue de 24.069 millones de euros (algo así como la mitad del PIB canario).

A día de hoy el FROB nos informa de dos cuestiones: 1). Se calcula que el Banco de España recuperará como máximo 9.857 millones, es decir solo el 41%. 2). De todo el accionariado de Bankia, el 61,77% es de propiedad pública. Habría que añadir otra cuestión 3). El comportamiento empresarial de Bankia es exactamente el mismo que el del resto de los componentes del oligopolio bancario.

A partir de todo esto se vislumbra una Alternativa:

A) Bankia ya está nacionalizada al 61,77% .

B) De iure, tiene la misma consideración que el Banco de España, es decir es una entidad sin fines de lucro.

C) Cualquier ciudadano tiene libre acceso a todos sus servicios en igualdad de condiciones.

Pero hay una grave dificultad. Existe un viejo acuerdo y proyecto gubernamentales para privatizar la entidad en el momento más adecuado para las arcas públicas. Se constituye así, en el paradigma óptimo del principio de “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”. Mayor descaro imposible.

Pero, claro que hay Alternativa.

Complétese la actuación interventora que se inició durante la crisis hasta cubrir el 100% . Establézcase Bankia de facto como Banca Pública y póngase al servicio de los ciudadanos para que resuelvan sus normales operaciones comerciales y se encuentren libres de “comisiones” más allá de la cobertura de costes.

De la misma forma que el Banco de España ha aparecido como solución para las Administraciones públicas frente al enjambre de comisiones y tasas que les pone el oligopolio, Bankia puede transformarse en el “bancodeespaña” que vele y defienda al conjunto de los ciudadanos. Con una condición irrenunciable: Profesionalidad en la gestión y transparencia absoluta colgada en red.

Por último, no se debería olvidar que, allá muy dentro de Bankia (si eso es posible) aún palpita la vieja Caja Insular.

No es que no fuera predecible, pero sin duda resulta tremendamente llamativo que las Administraciones Públicas canarias (en realidad todas las españolas) solicitaran, de forma generalizada y a toda prisa, poder depositar sus recursos financieros en el Banco de España. Como saben de sobra los interesados en estos temas, este corre corre se debe a que el oligopolio bancario español ha decidido incluir a las instituciones en el cobro de comisiones por el simple hecho de colocar sus depósitos en la banca privada. Hasta ahora esta práctica solo afectaba a los particulares.

Y es que el cierto estancamiento de las operaciones comerciales de la banca (por razones que no vienen al caso) ha encauzado en otra dirección la explotación de la “posición de dominio de mercado” que tiene el oligopolio bancario. En concreto, si en 2019 las ganancias netas de la gran banca se elevaron a 13.637 millones de euros (6.581 solo en España), su saldo neto de comisiones alcanzó nada menos que 9.712 millones. El hecho, constatado por cualquier ciudadano, es que lo están maltratando, cobrándole una comisión por cualquier cosa y que se encuentra absolutamente impotente ante este enjambre de pequeños pagos mensuales. Y, además, ya le tienen bien advertido que esta práctica no ha hecho más que comenzar.