Al cajón de la basura

El Pleno del Parlamento, celebrado el 20 de diciembre de ese año, aprobó por unanimidad la Propuesta de Reforma del Estatuto, cuya Disposición Transitoria 1ª, párrafo 2, incorporaba la subida de las barreras electorales.

Abierto del melón de las barreras para endurecerlas, a Coalición Canaria no le tembló el pulso para subirlas aún más en el Congreso de los Diputados, aprovechando la debilidad parlamentaria del primer gobierno de Aznar. Sí, sí, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, esa Cámara peninsular que AHORA dicen que no puede entrometerse en las normas electorales al Parlamento de Canarias.

Con esas barreras abusivas, ATI se garantizaba su hegemonía en la recién nacida Coalición Canaria, a la par que obligaba a los partidos insulares a incorporarse a la disciplina de CC para alejar el riesgo de quedarse fuera del Parlamento.

Las barreras no condicionan toda la composición del Parlamento, pero sí la de la mayoría parlamentaria. Que es lo importante, porque de ella depende la formación del Gobierno, su estabilidad, la elección del presidente de la Cámara y la mayoría de la Junta de Portavoces y, por tanto, el control de la agenda legislativa del Parlamento y hasta la actividad de control parlamentario sobre el Gobierno. Es decir, si sumamos la elección parlamentaria de la mayor parte de los miembros del Consejo Consultivo, Consejo de RTVC, Audiencia de Cuentas y la del Diputado del Común, las barreras electorales condicionan la actividad institucional de la Comunidad Autónoma.

Es ese control de la mayoría, que logran legislatura tras legislatura por medio de las barreras, lo que les ha permitido en los últimos años perpetrar maniobras como la de legalizar instalaciones turísticas en suelo rústico, aprovechando un procedimiento de urgencia para adaptar nuestra legislación turística a la Directiva Europea de Servicios; aprobar como Ley el Catálogo de Especies para evitar Informes técnicos y jurídicos, sortear la participación ciudadana y de la Comunidad científica y evitar Recursos. O tirar al cajón de la basura, por la cara y sin retratarse en una votación ante la ciudadanía, la Proposición de Ley sobre las barreras electorales.

Es tan esencial para el Régimen el mantenimiento de esa coraza que, el 18 de octubre de 2010, aprovechando otra vez la debilidad parlamentaria del Gobierno estatal y el desdén de los actuales dirigentes federales del PSOE con el trabajo de los socialistas canarios y, lo que es mucho más grave, con las demandas democráticas de la sociedad canaria, Coalición Canaria les ha arrancado el compromiso (en MADRID) de separar la futura reforma del Estatuto de la Reforma electoral, para que ésta no se haga nunca. Un bofetón a los socialistas canarios, como afirmó su Eminencia Reverendísima, Jerónimo Saavedra.

Pero ese compromiso no terminaba ahí. También implicaba que los socialistas canarios dejaran en la cuneta la Proposición de Ley en trámite que presenté en abril de 2009, desde que asumí las funciones de portavoz parlamentario del Grupo Socialista. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses es una mala teatralización de este compromiso, que deja a la dirigencia socialista canaria actual tan maltrecha con en el caso de la Ley del Catálogo de Especies Amenazadas.

Veamos. La Proposición de Ley para reducir al 5% las barreras electorales, fue tomada en consideración por unanimidad. No se presentó, a pesar de haberse concedido varias prórrogas del plazo, ninguna enmienda contra el Texto. Se constituyó una Ponencia, en el seno de la Comisión Legislativa, sin objeto: ya que no había enmiendas que examinar. La Ponencia dio luz verde al Texto de la Proposición. Se convocó la Comisión para emitir un Dictamen sin objeto real, ya que no había enmiendas en trámite que pudieran incorporarse, modificándolo, al Informe de la Ponencia. Pero he aquí que, en la Comisión, Coalición Canaria y Partido Popular votan en contra del Informe de la Ponencia dictaminando el rechazo a la Proposición de Ley.

El Grupo Socialista, en buena lógica parlamentaria y por aplicación del artículo 134.1 del Reglamento de la Cámara, tendría que haber presentado en el plazo de 48 horas un escrito de voto particular asumiendo la Proposición de Ley para su defensa ante el Pleno, posibilitando su debate y votación, que es la última fase del procedimiento legislativo en cualquier Parlamento del universo democrático. Pero, por lo que se ve, no en Canarias.

Sin embargo, no me consta que el Grupo Socialista formulara ningún voto particular. Por eso, cuando Antonio Castro se ha negado, con el apoyo de la mayoría de la Mesa y de la Junta de Portavoces, ha incluir en el Orden del Día del Pleno la Proposición de Ley para desarmar las barreras electorales y democratizar la elección del Parlamento de Canarias, el portavoz socialista, inerme y rehén de los acuerdos entre Pepe Blanco, José Antonio Alonso, Ana Oramas, Paulino Rivero y Cía., ha escenificado unos pucheritos de disgusto y a otra cosa mariposa.

El portavoz socialista me había sustituido como ponente de la Proposición de Ley, a pesar de ser el autor de la misma, el 22 de noviembre pasado. Fue a raíz de tener conocimiento de lo que se había cocinado en Madrid. Porque sabía lo que se le venía encima y el papelón que le tocaba al Grupo Socialista del Parlamento de Canarias, convertido por la dirigencia actual del PSC-PSOE en mera sucursal de Madrid. A mayor gloria de ATI-CC, que luego se ríe con la cantaleta de siempre: ¡lo ven! ¡los del Partido Socialista y los del PP en Canarias son unos simples mandados de sus jefes de Madrid!.

Menos mal que José Miguel Pérez SIENTE CANARIAS. Porque si no llega a Sentir Canarias, que Dios nos coja confesados!!!

Santiago Pérez

El Pleno del Parlamento, celebrado el 20 de diciembre de ese año, aprobó por unanimidad la Propuesta de Reforma del Estatuto, cuya Disposición Transitoria 1ª, párrafo 2, incorporaba la subida de las barreras electorales.

Abierto del melón de las barreras para endurecerlas, a Coalición Canaria no le tembló el pulso para subirlas aún más en el Congreso de los Diputados, aprovechando la debilidad parlamentaria del primer gobierno de Aznar. Sí, sí, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, esa Cámara peninsular que AHORA dicen que no puede entrometerse en las normas electorales al Parlamento de Canarias.