Cambiar Canarias o más de lo mismo

Esto nos jugamos en las elecciones del 24 de mayo. Sabemos cuáles son las circunstancias que atraviesan las Islas. Con un desempleo superior al 31%. Un tercio de la población en situación de pobreza. Crisis en los servicios públicos pese al denodado esfuerzo de sus trabajadores. Un modelo energético caduco con una muy baja presencia de las renovables.

Por causas exteriores, como el maltrato por parte del Estado en la financiación autonómica (acordada en 2009 por el Ejecutivo canario CC-PP con el Gobierno estatal del PSOE y que supone para Canarias 800 millones de euros anuales menos que la media de las CCAA de régimen común), el Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos económico sistemáticamente incumplido por los gobiernos estatales y en los Presupuestos Generales del Estado que, especialmente en esta legislatura, están castigando a Canarias.

Pero, asimismo, con significativas responsabilidades internas de sus gobiernos (CC-PP o CC-PSOE) que se han empeñado en implementar políticas que no ponen en primer plano el interés general, descapitalizando a los servicios públicos, defendiendo los combustibles fósiles y desprotegiendo el territorio; y, también, por la mala gestión de los recursos.

Se pueden dejar las cosas como están y votar a los partidos que han gobernado las dos últimas legislaturas, que han recortado cientos de millones de euros de la sanidad o la educación, despedido trabajadores públicos; mal gestionado la ley de la dependencia y las políticas de vivienda además de situar la presencia de las renovables en un ridículo 6%.

Se puede volver a apoyar a los que se han sentido campeones del austericidio y del cumplimiento del déficit, aunque fuera a costa de incrementar las penurias de los ciudadanos y ciudadanas, con menos prestaciones sociales, inversión pública y empleo; e insuficientes actuaciones frente a la pobreza.

Pero se pueden, también, tomar decisiones para tratar de cambiar las cosas, plantear otras prioridades y desarrollar otras políticas bien distintas, dirigidas a la mayoría social.

Listas de espera

Y en lugar de obsesionarse exclusivamente con reducir el gasto, implementar fórmulas para que las administraciones públicas dispongan de más recursos para acabar con las listas de espera, romper con el colapso de las urgencias, disponer de una adecuada oferta para la educación infantil 0-3 años o contar con especialistas para los niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

Y eso supone –si queremos disponer de suficientes ingresos- combatir el fraude, recaudar de manera eficiente, contar con una fiscalidad progresiva y justa. Así como exigir la revisión de la financiación autonómica y el cumplimiento del REF.

En lugar de apostar por el gas, se puede y se debe optar por las energías renovables, que garantizan una mayor calidad ambiental, menor dependencia con el exterior y menor costo.

Crédito

Se debe estimular la economía y el empleo, planteando, entre otras medidas, crear un consorcio canario de crédito, dirigido a captar recursos estatales y europeos para realizar préstamos a las pyme con garantías y en condiciones justas. Unas pequeñas y medianas empresas determinantes en nuestro tejido económico y en el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo.

Defender consecuentemente la I+D+i para acabar con un discurso gubernamental que contrasta con su práctica de las reducciones presupuestarias permanentes, con su práctica de preponderancia del cemento frente al talento.

Cohesionar al Archipiélago con un billete aéreo único, que no haga distingos entre islas capitalinas y periféricas. Y exigiendo una tarifa máxima en los viajes al resto del Estado.

Afrontar con rigor el problema de la pobreza. Apostando por una renta básica para esas casi 50.000 familias canarias que carecen de cualquier tipo de ingresos. Legislando adecuadamente para frenar los desahucios; a través de la mediación con ficha financiera para poder abordarla. Y, para esas 36.000 familias demandantes de vivienda, con la puesta en marcha de un plan de vivienda pública de venta y alquiler.

Hay que mejorar sustancialmente la calidad democrática. Endureciendo las incompatibilidades y prohibiendo las puertas giratorias. Reformando el injusto sistema electoral canario e implantando las consultas ciudadanas.

La tarea no es fácil. Implica alcanzar alianzas políticas y sociales muy amplias. Pero, sobre todo, precisa de una clara orientación de las políticas. Cabe hacer más de lo mismo y eso es lo que van a hacer los que durante esta crisis han aplicado sin rubor políticas de recortes de lo público que han sufrido los trabajadores públicos y los usuarios de la sanidad o la educación.

Pero es posible también establecer bases sólidas para modificar sustancialmente una realidad marcada por la falta de equidad, con los salarios, las prestaciones sociales y las pensiones más bajas del Estado, con elevado desempleo y pobreza. Uniendo, además, fuerzas en Canarias para defender nuestros derechos en España y en la Unión Europea.

Lo que los ciudadanos y ciudadanas decidan con su voto el próximo 24 de mayo posibilitará abrir o no el camino para esas transformaciones que Canarias precisa para avanzar en el empleo, la sanidad, la educación o la aplicación de la ley de dependencia. Se trata de optar. De aquí en adelante más de lo mismo o, por el contrario, un profundo cambio político.

Esto nos jugamos en las elecciones del 24 de mayo. Sabemos cuáles son las circunstancias que atraviesan las Islas. Con un desempleo superior al 31%. Un tercio de la población en situación de pobreza. Crisis en los servicios públicos pese al denodado esfuerzo de sus trabajadores. Un modelo energético caduco con una muy baja presencia de las renovables.

Por causas exteriores, como el maltrato por parte del Estado en la financiación autonómica (acordada en 2009 por el Ejecutivo canario CC-PP con el Gobierno estatal del PSOE y que supone para Canarias 800 millones de euros anuales menos que la media de las CCAA de régimen común), el Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos económico sistemáticamente incumplido por los gobiernos estatales y en los Presupuestos Generales del Estado que, especialmente en esta legislatura, están castigando a Canarias.