Sí al cambio imprescindible

Mariano Rajoy acaba de fracasar en sus dos intentos de investidura. Además del apoyo de su partido, sólo ha logrado el de Ciudadanos y de CC, es decir, un total de 170 escaños y aglutinando el rechazo del resto de la Cámara (PSOE, Unidos Podemos y los distintos grupos nacionalistas, entre ellos, Nueva Canarias), un global de 180 diputados. El candidato no merecía en modo alguno ser apoyado. Al menos por ninguna fuerza de carácter progresista y/o nacionalista. Sus políticas al frente del Gobierno han supuesto más desigualdad, más centralismo, un importante retroceso en los servicios públicos, tolerancia con la corrupción y, en nuestro caso, un evidente y permanente maltrato a Canarias.

Avalarlo sería justificar esas políticas que tanto daño social han hecho en el conjunto del Estado. Esa austeridad que han pagado a un alto precio trabajadores y clases medias. Esos recortes que han lastrado la sanidad, la educación y el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Esa agresiva reforma laboral que ha eliminado derechos y situado en una posición, aún más, desventajosa a los empleados y empleadas.

Todo llevado a cabo, además, desde la aplicación implacable del rodillo de una mayoría absoluta que nunca buscó entendimientos ni con el resto de los grupos parlamentarios ni con los diferentes sectores sociales.

Canarias

Y, al mismo tiempo, votar a su favor sería dar por buenas sus decisiones –eliminación del Plan Integral de Empleo y del Plan de Infraestructuras Turísticas, drástica reducción en los convenios de carreteras, desaparición del Plan de Infraestructuras educativas… que han impactado muy negativamente en la economía canaria y causado estragos en el empleo en una comunidad con siete puntos más de paro que la media estatal. A lo que se suman la imposición de las prospecciones petrolíferas, la humillación del certificado de residencia y la privatización de los muy rentables aeropuertos canarios.

Cuando Rajoy señala que bajo su Gobierno no le ha ido “nada mal a Canarias” falsea gravemente una realidad de retroceso económico y social, con elevados datos de paro, pobreza y exclusión social. Situación a la que ha contribuido el Ejecutivo del PP con sus recortes e incumplimientos con las Islas.

Una realidad, la de Canarias, que no se modificaría positivamente, sino que con toda seguridad sería empeorada por un Gobierno presidido por quien está dispuesto a continuar con las mismas políticas que nos han llevado a la situación actual. No olvidamos el tratamiento recibido y no nos fiamos de que se vaya a producir ningún cambio en el trato a nuestra comunidad.

En las elecciones del pasado mes de junio, aunque el PP se situó como primera fuerza política, una mayoría se posicionó claramente en el rechazo a sus políticas y en defensa de un imprescindible cambio. Son más, muchos más, los votos y escaños de los que apuestan por la regeneración de la vida política, por la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población, por el rechazo a leyes como la reforma laboral o la Lomce. Y ese rechazo no puede quedar convertido en una frustrada queja. Ni en un mero posicionamiento estético.

Programa de mínimos

Tras la demostración de la imposibilidad que tiene Rajoy para establecer una mayoría de gobierno, los sectores progresistas tienen que mover ficha. Están obligados a dialogar y a entenderse. A establecer un Ejecutivo con un programa de mínimos que acabe con una de las etapas de mayor autoritarismo, centralismo y retroceso de las libertades y derechos.

No caben líneas rojas ni egos bloqueantes cuando está en juego revertir tan injusta situación. No caben estrategias ombliguistas que no van más allá de calcular cómo quedaría esta u otra organización política en unas terceras elecciones. No vale mirar para otro lado en medio del deterioro que han supuesto las políticas de austeridad.

Hay escaños, los 187 del PSOE, Podemos y Ciudadanos, que representan a 13,6 millones de votantes, casi duplicando los del PP. Dispondrían, asimismo, del apoyo de algunas fuerzas nacionalistas, entre ellas, Nueva Canarias.

En la mini legislatura que se abrió tras las elecciones de diciembre se confirmó que existían muchos puntos de coincidencia entre PSOE, Podemos y Cs, constituyendo, de hecho, una mayoría parlamentaria en la que no estaba el PP. Fueron numerosos los acuerdos establecidos en el Congreso de los Diputados entre el resto de las fuerzas políticas en muy diversos asuntos, apoyados en muchas ocasiones por más de 200 escaños.

Por eso compartimos los objetivos del Manifiesto Por un Gobierno de progreso. Por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, impulsado por sectores políticos, sindicales e intelectuales. En el texto señalan la necesidad de un gobierno “que revierta los recortes, defienda la sanidad y la educación pública, los derechos laborales, la cultura, la ciencia y el medioambiente, que proteja a los autónomos, ayude a las pymes y cree empleo. Necesitamos otras políticas que acaben con la desigualdad, castiguen ejemplarmente la corrupción y pongan fin al deterioro democrático”.

Compartimos esos objetivos e incorporamos otros, especialmente, respecto a los problemas específicos que sufre Canarias y que llevamos en nuestro programa electoral conjunto con el PSOE.

No podemos confiar en que el impulsor de los recortes, el que ha mirado para otro lado ante graves casos de corrupción, el que ha castigado severamente a Canarias, sea el que revierta ese negativo panorama.

Se precisa un nuevo gobierno con otras políticas y otros protagonistas para comenzar a modificar los terribles efectos de los recortes, revertir la grave situación de los servicios públicos y afrontar una profunda regeneración democrática. Las terceras elecciones son evitables. El mantenimiento de las políticas conservadoras, también. El no a Rajoy abre la oportunidad del sí al cambio político.

Mariano Rajoy acaba de fracasar en sus dos intentos de investidura. Además del apoyo de su partido, sólo ha logrado el de Ciudadanos y de CC, es decir, un total de 170 escaños y aglutinando el rechazo del resto de la Cámara (PSOE, Unidos Podemos y los distintos grupos nacionalistas, entre ellos, Nueva Canarias), un global de 180 diputados. El candidato no merecía en modo alguno ser apoyado. Al menos por ninguna fuerza de carácter progresista y/o nacionalista. Sus políticas al frente del Gobierno han supuesto más desigualdad, más centralismo, un importante retroceso en los servicios públicos, tolerancia con la corrupción y, en nuestro caso, un evidente y permanente maltrato a Canarias.

Avalarlo sería justificar esas políticas que tanto daño social han hecho en el conjunto del Estado. Esa austeridad que han pagado a un alto precio trabajadores y clases medias. Esos recortes que han lastrado la sanidad, la educación y el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Esa agresiva reforma laboral que ha eliminado derechos y situado en una posición, aún más, desventajosa a los empleados y empleadas.