Cárcel y demagogia

Hace un mes la Delegada del gobierno en Canarias Carolina Darias reconoció en los micrófonos de El Correíllo que a los vecinos del sur les faltaba información sobre las consecuencias de la construcción de la prisión en la zona. Darias dijo que la administración del Estado iba a emplear más “pedagogía” en este asunto. No me imaginé que unas semanas después la policía iba a utilizar las porras para echar pedagógicamente a los manifestantes contra las obras de la cárcel. Parece que Darias se ha dado cuenta del error y hoy mandará al director de Instituciones Penitenciarias Juan José Azcona a hablar con el ayuntamiento y los vecinos. Los vecinos deben demostrar que saben gritar pero también saben escuchar y si no aceptan una reunión civilizada con Azcona deben asumir sus responsabilidades. Los vecinos tienen derecho a preguntar al señor Azcona por las dimensiones reales de la cárcel porque se están dando cifras que no parecen adecuadas a un Estado que plantea que las prisiones son para rehabilitar a los presos. Dentro del colectivo vecinal hay gente con muchos datos, se trata de ver cuánto hay de real y cuánto de leyenda en lo que están contando. Por ejemplo: les están diciendo que la cárcel podrá ser usada por Estados Unidos en su proyecto militar del Africom, una política de terrorismo de Estado que incluye la construcción de un Guantánamo africano. Se puede pensar que esto sería un disparate en Canarias, pero también parecía un disparate el uso de aeropuertos españoles en el traslado de aviones con ciudadanos secuestrados por la CIA y eso ocurrió.

En este conflicto sería bueno de tener un gobierno canario que considere que los presos isleños y sus familiares también son nuestra gente. Sería bueno que el ejecutivo no vea la construcción de la cárcel como un negocio político (desgaste del gobierno del Estado) y un negocio económico (aumento de los ingresos de la comunidad autónoma con la venta de los terrenos de Juan Grande). Mientras Soria negocia con el Estado la venta de los terrenos para la prisión, el viceconsejero de Ordenación Territorial declara que las obras de la cárcel son ilegales y que los tribunales van a actuar. La capacidad de este gobierno de transformase en defensor de la ley por unas horas es una maravilla. Estamos hablando de la misma consejería cuyo titular, Domingo Berriel, se reúne hoy con los representantes de 22 hoteles ilegales de Lanzarote (la mitad no se acabó de construir). Berriel quiere apoyar a los promotores infractores de la ley en su lucha por mantener en pie las construcciones ilegales y no devolver más de 30 millones de euros que recibieron las instituciones europeas. Se trata de un doble rasero que tiene una causa muy clara: los familiares de los presos canarios hacinados o desperdigados por la Península son pobres y los que construyen hoteles y reciben subvenciones millonarias gracias a la intermediación del gobierno canario y el estatal (en la época del prestigioso Rodrigo Rato) suelen devolver los favores en forma de patrocinio de campañas electorales.

Como no hay dos sin tres a la desinformación de la Delegación del gobierno y el discurso oportunista del gobierno canario, hay que sumar el papel del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Mientras la oposición municipal rechaza la cárcel y negocia una moción de censura con un concejal que está en libertad provisional, en el gobierno municipal Nueva Canarias y el PSOE escenifican sus diferencias de criterios sobre la cárcel. Algún concejal de Nueva Canarias se ha sumado al peligroso discurso que vincula a las personas presas con los residuos del vertedero, un discurso más propio de la ultraderecha que de una fuerza como Nueva Canarias que se define como progresista.

Todo este escándalo local no nos deja reflexionar sobre el problema global: el número de presos en España se ha duplicado en sólo 20 años, con 150 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes vivimos en el Estado con mayor porcentaje de presos de Europa, la inmensa mayoría de los presos proceden de sectores sociales desfavorecidos y han ingresado en la cárcel en una época de bonanza económica que no llegó a ellos. El gobierno del Estado invertirá 1647 millones de euros para construir 46 centros penitenciarios nuevos, entre ellos la cárcel de Juan Grande, desde aquí hasta 2012. Los mismos vecinos que piden leña al delincuente no quieren cárceles en sus municipios. El mismo partido (el PP) que usó la “inseguridad ciudadana” como arma electoral no construyó cárceles durante los ocho años de gobierno. Coalición Canaria promueve una policía propia y boicotea la nueva prisión, será que su nueva policía tirará a los detenidos a la marea. Si la demagogia y la desinformación que han predominado en el conflicto de la cárcel del sur en las últimas semana se extiende a las 46 localidades donde se construirán las nuevos centros penitenciarios, entonces apaga y vamos nos.

Juan García Luján

Hace un mes la Delegada del gobierno en Canarias Carolina Darias reconoció en los micrófonos de El Correíllo que a los vecinos del sur les faltaba información sobre las consecuencias de la construcción de la prisión en la zona. Darias dijo que la administración del Estado iba a emplear más “pedagogía” en este asunto. No me imaginé que unas semanas después la policía iba a utilizar las porras para echar pedagógicamente a los manifestantes contra las obras de la cárcel. Parece que Darias se ha dado cuenta del error y hoy mandará al director de Instituciones Penitenciarias Juan José Azcona a hablar con el ayuntamiento y los vecinos. Los vecinos deben demostrar que saben gritar pero también saben escuchar y si no aceptan una reunión civilizada con Azcona deben asumir sus responsabilidades. Los vecinos tienen derecho a preguntar al señor Azcona por las dimensiones reales de la cárcel porque se están dando cifras que no parecen adecuadas a un Estado que plantea que las prisiones son para rehabilitar a los presos. Dentro del colectivo vecinal hay gente con muchos datos, se trata de ver cuánto hay de real y cuánto de leyenda en lo que están contando. Por ejemplo: les están diciendo que la cárcel podrá ser usada por Estados Unidos en su proyecto militar del Africom, una política de terrorismo de Estado que incluye la construcción de un Guantánamo africano. Se puede pensar que esto sería un disparate en Canarias, pero también parecía un disparate el uso de aeropuertos españoles en el traslado de aviones con ciudadanos secuestrados por la CIA y eso ocurrió.

En este conflicto sería bueno de tener un gobierno canario que considere que los presos isleños y sus familiares también son nuestra gente. Sería bueno que el ejecutivo no vea la construcción de la cárcel como un negocio político (desgaste del gobierno del Estado) y un negocio económico (aumento de los ingresos de la comunidad autónoma con la venta de los terrenos de Juan Grande). Mientras Soria negocia con el Estado la venta de los terrenos para la prisión, el viceconsejero de Ordenación Territorial declara que las obras de la cárcel son ilegales y que los tribunales van a actuar. La capacidad de este gobierno de transformase en defensor de la ley por unas horas es una maravilla. Estamos hablando de la misma consejería cuyo titular, Domingo Berriel, se reúne hoy con los representantes de 22 hoteles ilegales de Lanzarote (la mitad no se acabó de construir). Berriel quiere apoyar a los promotores infractores de la ley en su lucha por mantener en pie las construcciones ilegales y no devolver más de 30 millones de euros que recibieron las instituciones europeas. Se trata de un doble rasero que tiene una causa muy clara: los familiares de los presos canarios hacinados o desperdigados por la Península son pobres y los que construyen hoteles y reciben subvenciones millonarias gracias a la intermediación del gobierno canario y el estatal (en la época del prestigioso Rodrigo Rato) suelen devolver los favores en forma de patrocinio de campañas electorales.