Cho Vito es otra de las víctimas de la memoria histórica

Lo que nunca debió permitirse, es que los respectivos ayuntamientos de Tenerife, incluyendo el Cabildo Insular de Tenerife, permitieran conceder licencias de obras en lugares que pertenecen a la Ley de Costas, pues no sólo generaron ilusiones a cientos de familias, sino que, también cobraron impuestos sobre las mismas es decir; luz, agua, basura, red de alcantarillado y contribución. Así, transcurrieron muchos años y las familias afectadas fueron sucediéndose en generaciones familiares. De pronto, y cuando ya todos creíamos que el caudillo estaba bien enterrado en el Valle de los Caídos, su espíritu resurge de la pesada loza se aplica una ley dictatoria por los llamados demócratas de la sociedad española. Y digo dictatorial, porque la Ley de Costas no aplica la Ley por igual a todos. Muchas son las viviendas que actualmente están en la misma orilla del mar en todo el Archipiélago canario. Incluso, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aseguró que el derribo de las casas del poblado de Cho vito se podría haber evitado si la interpretación de la Ley de Costas “fuera la misma que en el resto de España”. ¿Qué pasa?. ¿Seguimos siendo la atracción seductora de avasallamiento y conquista por parte del Gobierno central?. ¿Seguimos siendo víctimas del poder institucional del pueblo castellano?.

Lo que está claro, es que nuestros gobernantes, los de la comunidad autónoma de Canarias, no han tenido la habilidad, capacidad, potestad y credibilidad institucional ante el poderoso gobierno central de Madrid, para haber encontrado una alternativa que pudiera haber evitado tal humillación y vejación al poblado de Cho Vito, Candelaria. Para intimidar aún más a los afectados e imponer el respeto del miedo, envían a la Guardia Civil, equipados a lo Rambo. Sí, aquel cuerpo militar que en la época del franquismo se hizo famosa por sus “brillantes” intervenciones contra los ciudadanos de la izquierda española y canaria. Menos mal, que en esta ocasión los jóvenes agentes de la benemérita antidisturbios de la nueva democracia española, estuvieron la altura de las circunstancias, aguantando con serenidad y profesionalidad, la impotencia y rabia de los vecinos afectados. Espero y confío, que a partir de ahora, lo ocurrido en Cho Vito, sirva como precedente para el resto de las comunidades españolas y canarias. Es decir, que la Ley de Costas o la Justicia española, aplique e imparta de la misma manera que lo ha hecho con el poblado de Cho Vito. Todo hace pensar que es una estrategia política empresarial, pero habrá que darle tiempo para ver que se hará dentro de unos años en el lugar que ahora ha sido demolido.

Por último, comentar que, nuestros representantes, los que el pueblo votó democráticamente en su día, dejan mucho que desear, pues no solo nos recortan desde Madrid las partidas presupuestarias económicas; tampoco son respetados ni admirado por los responsables del Gobierno de Zapatero. Triste, pero cierto.

Rafael Lutzardo

Lo que nunca debió permitirse, es que los respectivos ayuntamientos de Tenerife, incluyendo el Cabildo Insular de Tenerife, permitieran conceder licencias de obras en lugares que pertenecen a la Ley de Costas, pues no sólo generaron ilusiones a cientos de familias, sino que, también cobraron impuestos sobre las mismas es decir; luz, agua, basura, red de alcantarillado y contribución. Así, transcurrieron muchos años y las familias afectadas fueron sucediéndose en generaciones familiares. De pronto, y cuando ya todos creíamos que el caudillo estaba bien enterrado en el Valle de los Caídos, su espíritu resurge de la pesada loza se aplica una ley dictatoria por los llamados demócratas de la sociedad española. Y digo dictatorial, porque la Ley de Costas no aplica la Ley por igual a todos. Muchas son las viviendas que actualmente están en la misma orilla del mar en todo el Archipiélago canario. Incluso, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aseguró que el derribo de las casas del poblado de Cho vito se podría haber evitado si la interpretación de la Ley de Costas “fuera la misma que en el resto de España”. ¿Qué pasa?. ¿Seguimos siendo la atracción seductora de avasallamiento y conquista por parte del Gobierno central?. ¿Seguimos siendo víctimas del poder institucional del pueblo castellano?.

Lo que está claro, es que nuestros gobernantes, los de la comunidad autónoma de Canarias, no han tenido la habilidad, capacidad, potestad y credibilidad institucional ante el poderoso gobierno central de Madrid, para haber encontrado una alternativa que pudiera haber evitado tal humillación y vejación al poblado de Cho Vito, Candelaria. Para intimidar aún más a los afectados e imponer el respeto del miedo, envían a la Guardia Civil, equipados a lo Rambo. Sí, aquel cuerpo militar que en la época del franquismo se hizo famosa por sus “brillantes” intervenciones contra los ciudadanos de la izquierda española y canaria. Menos mal, que en esta ocasión los jóvenes agentes de la benemérita antidisturbios de la nueva democracia española, estuvieron la altura de las circunstancias, aguantando con serenidad y profesionalidad, la impotencia y rabia de los vecinos afectados. Espero y confío, que a partir de ahora, lo ocurrido en Cho Vito, sirva como precedente para el resto de las comunidades españolas y canarias. Es decir, que la Ley de Costas o la Justicia española, aplique e imparta de la misma manera que lo ha hecho con el poblado de Cho Vito. Todo hace pensar que es una estrategia política empresarial, pero habrá que darle tiempo para ver que se hará dentro de unos años en el lugar que ahora ha sido demolido.