El consejero que no sabía nada

El consejero del área de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena accedió a esta responsabilidad en las últimas elecciones tras la alianza del CC con el PSOE. Este profesor de universidad consideró que esta consejería no requería mucha dedicación y decidió incrementar el sustancioso sueldo que recibe del cabildo con los procedentes del ejercicio de su profesión de arquitecto técnico. Tan elevada consideración de sus capacidades, su convencimiento de que necesitaba dedicar solo parcialmente su tiempo a gestionar su área, le ha llevado a un “fatal error” que propició que ignorara las responsabilidades de su consejería. Él mismo ha reconocido que en el área de Medio Ambiente no sabían que la piscifactoría que gestionaba carecía del permiso. “Pensábamos que se estaba actuando de una forma correcta”. (Por no saber, no sabía que el cabildo no tiene competencias para controlar las piscifactorías, ya estén en tierra o en el mar, la administración responsable es la Consejería de Pesca). Pensaba que actuaba de manera correcta, pero su obligación, para eso le pagamos su sustancioso sueldo los ciudadanos, era y es comprobar como responsable de la consejería que su gestión se hace conforme a la legalidad, es su responsabilidad.

Ignoraba el señor consejero que esta instalación de cría de truchas incumplía las más elementales normas sanitarias, que el cabildo era un vendedor de pescado sin control veterinario, las aguas utilizadas en la crianza de los peces era vertida en los canales de consumo sin que previamente fueran tratadas, no sabía que se utilizaban antibióticos para la prevención de enfermedades en los peces sin ningún tipo de control por parte de su consejería y, por supuesto, ignoraba que estos productos junto con los excrementos y restos de los piensos utilizados para su alimentación terminaban siendo distribuidos para su consumo por el canal del Norte, todo esto ha sido una sorpresa para el pluriempleado consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife.

Fue la consejería de Sanidad, ante la gravedad de la situación ordenó el cierre de la factoría, el informe del técnico fue demoledor y no cabía otra opción que el cierre inmediato. La consejería del cabildo se lo tomó al pié de la letra y, con una celeridad que no tuvo en años, acató la orden a su modo y manera: ignorando la normativa. Cerró el grifo que suministraba el agua corriente para la cría de las trucha, dejó que los peces murieran lentamente de asfixia en las aguas estancadas. Ciudadanos que observaron esta situación los denunciaron al Seprona. Como resultado de esta denuncia el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha citado a declarar en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares y citados como testigos los agentes del Seprona, al inspector de Sanidad que ordenó el cierra, a un responsable de Emmasa y al jefe del servicio de Fauna del Cabildo. Lo que significa que los responsables del cabildo, su presidente, los consejero de Medio Ambiente y el Aguas tendrán que asumir sus responsabilidades y no escudarse en los técnicos

Esta situación no es nueva, el año pasado en consejero Valbuena estuvo ausente en el conflicto que generó el anuncio de una carrera de coches en el parque rural de Anaga, su inhibición ante una propuesta que chocaba frontalmente con la normativa de este espacio protegido, este señor propició que la consejería tardara meses en pronunciarse y en aplicar la normativa hasta pocos días antes del anunciado evento automovilístico y se prohibiera la carrera. Las consecuencia de su desaparición de facto (en este caso no puede alegar ignorancia puesto que, entre otros, Atan denunció que era una actividad incompatible con los fines de un espacio protegido, también pidió información a la consejería y realizó múltiples actividades denunciando el tema) fue que los organizadores perdieron el dinero invertido, algo que no hubiera sucedido si el consejero hubiera actuado como le exige el cargo. El ayuntamiento de La Laguna tuvo que retirar de su página en Internet el anuncio de la carrera y se produjo una innecesariamente un conflicto que no habría existido si al todavía consejero de Medio Ambiente hubiese tenido tiempo -pero esos meses él estaba de vacaciones- para escuchar a sus técnicos y resolver, ante que se convirtiera en un problema y en motivo de enfrentamientos y de agrios debates.

El cabildo de Tenerife, gestor de los espacios protegidos de la isla, tiene unos objetivos claros: lo prioritario es convertirlos en parques temáticos turísticos rentables, para ello no han dudado en ofertarlos como los lugares adecuados para la práctica de deportes de riesgo, previo pago de una entrada, por supuesto. Para el cabildo lo importante es cobrar por los aparcamientos y no controlar la capacidad de carga que tienen estos espacios, incluso pretenden cobrar por entrar en los centros de visitantes, como ya propone para el Parque Nacional del Teide, cuando debían hacer todo los contrario que nos es otra cosa que fomentar la visita a los centros que sirven para interpretar sus paisajes, su historia y la riqueza de la gea, fauna y flora de estos lugares. Por eso el cabildo de Tenerife invierte mucho más en pistas y senderos turístico que en la conservación de sus valores naturales y en hacer frente a las necesidades de las poblaciones que viven en estos espacios. Por ejemplo ¿cómo es posible que los pagos de Anaga no tengan resuelto el problemas de sus aguas residuales? Qué esta comarca siga perdiendo población es indicativo de la mala gestión que se ha hecho.

El cabildo está investigado por su responsabilidad en el caso concreto de la piscifactoría, pero esto es solo la muestra de la pésima gestión medioambiental que hacen Coalición Canaria y el Partido Socialista. Un gestión que por lo visto no requiere que su responsable le dedique todo su tiempo, aunque ello suponga ignorar lo que, como consejero debía conocer.