La COVID-19 y la pérdida de derechos en salud

La actual pandemia ha puesto a prueba al Servicio Nacional de Salud que, en función del esfuerzo de sus profesionales, ha realizado una asistencia al COVID-19 que se podría calificar con un notable alto; pero ha puesto de manifiesto carencias importantes en Salud Pública y Atención Primaria y, por ende, en la asistencia hospitalaria, que en momentos puntuales tuvo graves problemas para hacer frente a los ingresos originados por la pandemia. El foco se puso en la COVD-19, perdiéndose la visión gran angular de las otras patologías médicas de la población española; lo importante era la COVD-19, y desaparecieron, o quedaron en un segundo plano, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, el cáncer, etc. Las consecuencias de esta actitud ya se comienzan a manifestar; en estos dos años se ha publicado un exceso de muertes por patologías NO-COVID no atendidas correctamente y queda por ver las consecuencias de tal actuación en los años venideros. 

La necesidad de focalizar los medios sanitarios en la pandemia por su impacto en salud y, no nos olvidemos, el gran impacto mediático de la COVID-19, puede explicar, no justificar, la peor atención a la patología crónica de la población española; pero, además, no se han considerado necesidades básicas de las personas, produciéndose daños irreparables a los que no se les ha prestado la suficiente atención. Se observa como en los diferentes parlamentos autonómicos y nacional, en los diferentes medios audiovisuales, se discute sobre la movilidad de las personas, la apertura o cierre de espectáculos de masas, la apertura o cierre de locales de restauración y ocio, pero no se discute sobre la necesidad de mantener o no el cribado del cáncer que condicionará el tratamiento y el pronóstico de los afectados, no sé discute sobre los efectos deletéreos de no tratar adecuadamente la hipertensión y la diabetes en relación con la patología coronaria o la muerte, no se discute sobre la necesidad de acompañar a un ser querido en sus últimos momentos, no se discute sobre la necesidad de estar presente en el nacimiento de un hijo, no se discute sobre la separación arbitraria madre-hijo en los primeros días de una nueva vida, y sobre otros aspectos igual de importantes para cualquier persona. Las decisiones sobre estos aspectos se han tomado de forma arbitraria, dependiendo de la región, centro o profesionales que tocaran en suerte, sin que existieran unas normas claras de actuación, que fijadas a nivel de gobierno y/o parlamentos contemplara las necesidades del ciudadano. 

 Cuando se publican noticias asistenciales en la pandemia se habla de número de nuevos infectados, porcentaje de ingresos hospitalarios, porcentaje de ingresos en unidades de cuidados intensivos y número de muerte; pero no se habla de número de muertes sin acompañamiento de un familiar, número de separaciones madre-hijo sin justificación médica, número de nacimientos sin acompañamiento de la pareja, número de ingresos en urgencias sin información a los familiares del estado de su pariente, número de dependientes aislados de sus familiares, número de niños con afectaciones psicológicas y un largo etc. Nos hemos olvidado de que cada persona importa. Cuando no se atiende correctamente a un paciente, cuando no se consideran sus necesidades, se le está privando de un derecho, la mayoría de las veces, imposible de restituir. ¿Cómo se restituye la falta de acompañamiento en los momentos finales de la vida? ¿Cómo se restituye la falta de acompañamiento en el nacimiento? ¿Cómo se restituye la separación madre-hijo en el inicio de la vida? ¿Cómo se restituyen los años de vida perdidos por un diagnóstico tardío de un cáncer? No se puede dar marcha atrás al reloj de la vida y rehacer los que se ha hecho mal por anteponer otros intereses a los intereses de la persona con necesidad de cuidados. No supone un mayor gasto, ni una mayor utilización de medios, dar satisfacción a las personas en los aspectos comentados, y si se opina lo contrario, se debe discutir en el nivel adecuado (parlamentos, por ejemplo) la necesidad de restringir los derechos de las personas en el ámbito de la salud.

Quizá se entienda mejor con ejemplos concretos. Si yo, ciudadana española, decido salir a cenar, tengo que atenerme a la normativa que el gobierno autonómico o nacional ha emitido sobre el tema, y dicha normativa tiene una salvaguarda judicial. Pero si yo, ciudadano español, estoy en los últimos momentos de mi vida, dependo de la buena voluntad de los profesionales que me han tocado en suerte, y de la norma en el hospital donde estoy ingresado para poder estar acompañado o no por mis familiares. Si yo, ciudadana española, estoy de parto, depende del centro y del personal que me va a prestar ayuda el que mi pareja me acompañe o no; mi pareja, de forma arbitraria, podrá participar o no del feliz acontecimiento; mi hijo podrá estar o no conmigo en hospitalización conjunta, si por una razón médica necesitamos observación o cuidados durante un tiempo determinado. En los tres ejemplos, se secuestra al moribundo, a la parturienta o al hijo en función de la gestión de una pandemia que ha considerado adecuado fijar normas para cenar en un restaurante, pero no para velar por necesidades básicas de la persona como son estar acompañado en la muerte o en el nacimiento y no separar a la madre del hijo si no es totalmente imprescindible.

La Administración Pública debe reflexionar sobre la pérdida de derechos en salud, reflexión que se debe realizar desde el paradigma de que lo que importa es la persona y sus necesidades.  

La actual pandemia ha puesto a prueba al Servicio Nacional de Salud que, en función del esfuerzo de sus profesionales, ha realizado una asistencia al COVID-19 que se podría calificar con un notable alto; pero ha puesto de manifiesto carencias importantes en Salud Pública y Atención Primaria y, por ende, en la asistencia hospitalaria, que en momentos puntuales tuvo graves problemas para hacer frente a los ingresos originados por la pandemia. El foco se puso en la COVD-19, perdiéndose la visión gran angular de las otras patologías médicas de la población española; lo importante era la COVD-19, y desaparecieron, o quedaron en un segundo plano, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, el cáncer, etc. Las consecuencias de esta actitud ya se comienzan a manifestar; en estos dos años se ha publicado un exceso de muertes por patologías NO-COVID no atendidas correctamente y queda por ver las consecuencias de tal actuación en los años venideros. 

La necesidad de focalizar los medios sanitarios en la pandemia por su impacto en salud y, no nos olvidemos, el gran impacto mediático de la COVID-19, puede explicar, no justificar, la peor atención a la patología crónica de la población española; pero, además, no se han considerado necesidades básicas de las personas, produciéndose daños irreparables a los que no se les ha prestado la suficiente atención. Se observa como en los diferentes parlamentos autonómicos y nacional, en los diferentes medios audiovisuales, se discute sobre la movilidad de las personas, la apertura o cierre de espectáculos de masas, la apertura o cierre de locales de restauración y ocio, pero no se discute sobre la necesidad de mantener o no el cribado del cáncer que condicionará el tratamiento y el pronóstico de los afectados, no sé discute sobre los efectos deletéreos de no tratar adecuadamente la hipertensión y la diabetes en relación con la patología coronaria o la muerte, no se discute sobre la necesidad de acompañar a un ser querido en sus últimos momentos, no se discute sobre la necesidad de estar presente en el nacimiento de un hijo, no se discute sobre la separación arbitraria madre-hijo en los primeros días de una nueva vida, y sobre otros aspectos igual de importantes para cualquier persona. Las decisiones sobre estos aspectos se han tomado de forma arbitraria, dependiendo de la región, centro o profesionales que tocaran en suerte, sin que existieran unas normas claras de actuación, que fijadas a nivel de gobierno y/o parlamentos contemplara las necesidades del ciudadano.