La declaración de emergencia energética: los diputados canarios, en la encrucijada

Artículo de José Juan Sansó Fernández, economista, y Javier Santacruz, economista.

El 30 de julio pasado tuvo lugar un incendio en la central de Endesa en El Palmar, en La Gomera, que dejó a la isla tres días sin luz. Tal como el consejero Zapata ha reconocido, en prensa y en sede parlamentaria, este accidente tuvo lugar en la sala de Servicios Auxiliares de la central, y no en sus Grupos Térmicos, y es responsabilidad exclusiva de la empresa titular que estos servicios se encuentren en buen estado y funcionen correctamente al igual que los grupos térmicos. En caso contrario, la empresa titular debe comunicarlo al Operador y, en su caso, llevar a cabo “las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad”, tal como aparece reflejado en el artículo 1 de la ley 17/2013. Por ello, a la vista de la incertidumbre que ha podido levantar este accidente sobre la gestión de las centrales por el titular, correspondería en primer lugar llevar a cabo una auditoría independiente sobre todas las centrales.   

Pero la reacción del Gobierno canario no ha sido esa. Con el cero de la Gomera ha encontrado un motivo para convencernos de que todos debemos cerrar filas por la renovación generalizada de los grupos térmicos de las centrales térmicas de las islas, cuando aún no sabemos exactamente el estado de equipos y otras instalaciones dentro de las centrales.

¿Y cuál es el inconveniente de esta renovación? Pues que no podemos olvidar que estamos en un proceso de descarbonización. Y, si queremos que la transición a las renovables no sea una simple mascarada, se debe reducir de forma gradual la potencia de las centrales térmicas y aumentar progresivamente la potencia de renovables, como aparece reflejado en las estrategias del ITC para la descarbonización de Canarias. Y es este principio elemental el que se vulnera al pretender renovar la potencia de las centrales térmicas. 

Y, ¿por qué hablamos de vulneración? Porque instalar grupos térmicos tiene sus inconvenientes, sus servidumbres. Desde el momento en que se instalen grupos nuevos habrá que respetarle a los titulares de los mismos, sea Endesa o cualquier otra empresa, la vida útil regulatoria de los mismos, que puede alcanzar hasta los 30 años. Y esto conlleva la ralentización de la implantación de las renovables, cuestión que no ocurriría si la generación gestionable que requiere el sistema lo llevan a cabo las centrales de bombeo en lugar de las centrales térmicas. 

El Gobierno canario pide al Ejecutivo central que, para garantizar la seguridad del suministro, debe saltarse todas las barreras legales y administrativas existentes para que este proceso de renovación de las centrales sea rápido en Canarias. Pero la pregunta que surge es ¿por qué no se exige a Madrid la misma celeridad para la implantación de centrales de bombeo reversible y la interconexion entre islas? Estas infraestructuras son básicas para avanzar rápidamente en la penetración de renovables. No se entiende que no se simplifiquen los procedimientos para avanzar rápidamente en la transición y, sin embargo, se proponga esta agilización para unos nuevos grupos térmicos que van a retrasar de forma muy seria la descarbonización.  

En mayo de 2021 el Parlamento canario, por unanimidad, aprobó una PNL donde se instaba al Gobierno canario a tomar medidas para el desmantelamiento urgente de las centrales térmicas por la crisis climática. Dos años y medio después, cuando asistimos a una palpable agudización del calentamiento global que ya afecta directamente a los ciudadanos de las islas, el ejecutivo canario pretende contar con el apoyo de los diputados canarios para que respalden esta iniciativa por la renovación urgente de las centrales térmicas, que de llevarse a cabo retrasaría por décadas la transición a las renovables en las islas.

Señores diputados, hay otro camino para garantizar la seguridad del suministro sin poner en peligro  el proceso de descarbonización en Canarias.