El dilema ferroviario

Si me preguntaran como politólogo cual es la principal tarea de un gobierno, tendría muy clara la respuesta: resolver dilemas y paradojas. Los gobiernos, como órganos ejecutivos del poder-hacer, resuelven problemáticas casi a diario, en innumerables ocasiones, incluso, en contra del deseo social. 

En Canarias estamos enfrascados en el debate sobre la construcción o no de dos trenes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Es un tema recurrente que entra en agenda cada cierto tiempo en consonancia a las posibles vías de financiación. La problemática de este hecho radica en el contexto actual de pandemia y crisis económica. Para los detractores, los trenes no son prioritarios en este momento; la cuantía, unos 3.800 millones, es desorbitada en comparación al impacto social; y el reparto no es equitativo, ya que la inversión se concentra al cien por cien en dos islas de ocho que componen el Archipiélago. En cambio, para los defensores, los trenes suponen una oportunidad para obtener fondos de la UE destinados específicamente a proyectos de transporte sostenible; mitiga el problema de movilidad en las islas capitalinas donde se concentra el 80% de la población de la Comunidad Autónoma; genera un estímulo en la economía; y abriría una ventana de oportunidad para un cambio en los hábitos de la ciudadanía.  

El Gobierno de Canarias tiene sobre la mesa un dilema que tiene que resolver. Por un lado, cobra sentido que en un contexto de salud pública la prioridad de la sociedad no sea la construcción de trenes o infraestructuras similares, sino la gestión de la sanidad y la inversión en servicios esenciales. Pero, por otro, la obtención de esos fondos finalistas pasa por proponer un proyecto potente que se enmarque dentro de las exigencias de Europa, y que sirva para, dentro de lo posible, resolver problemáticas internas y abrir paso a la transición ecológica. 

Mi formación académica y profesional no me permite valorar si los trenes son o no la panacea. En cierta medida, lo que sí puedo valorar son algunas variables que el ejecutivo canario puede tener sobre la mesa. Primero, obtener los fondos; segundo, que éstos se destinen a políticas públicas de largo recorrido; tercero, que resuelvan problemas y exigencias internas; y cuarto, que no entren en contradicción con intereses sociales, económicos y políticos establecidos. 

El cambio de modelo energético, de movilidad y de comportamiento es irreversible. El paradigma del Green New Deal viene para quedarse, y en algún momento la sociedad en su conjunto estará obligada a transformar su comportamiento. Los gobiernos de todo signo ideológico son conscientes de que la UE está siendo muy exigente con la transformación energética y la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Según los datos, más del 75% de los Fondos que emanarán de Europa en los próximos años estarán dirigidos directa o indirectamente con el cambio de paradigma y la Agenda 2030. Esto obliga a los decisores públicos a calibrar con cierto tacto los proyectos que empujan a la sociedad a salir del statu quo, puesto que un cambio brusco posiblemente generaría una reacción adversa. 

Por poner un ejemplo, desde hace varios meses dirijo una investigación sobre percepción y actitud ante el Cambio Climático en la población de la isla de Gran Canaria, de próxima publicación. Sin querer avanzar titulares, se puede extraer que en general la población reconoce que el Cambio Climático y sus consecuencias son una realidad, pero, paradójicamente, no son propensos a involucrarse en sus hábitos y conductas, además de mantener una cierta animadversión a políticas fiscales que se dirijan a este fin. Entonces, pues, ¿qué hacer? Los gobiernos suelen utilizar un gap entre lo generalmente aceptado por la sociedad, y el bien común, o lo que es lo mismo, áreas de penumbra entre el espacio de la calle (público-político) y el espacio público-institucional. En ese espacio entran decisiones, que si bien no están en las preferencias o problemáticas de la sociedad, no entran en contradicción con las mismas. 

¿Cuál sería el dilema que se le presenta al Gobierno canario si no busca políticas puente? Pues que estaría obligado a abrir un debate sustancial que chocaría directamente con la cuarta variable expuesta anteriormente: los intereses sociales, económicos y políticos establecidos. Reducir los trenes a una mera infraestructura faraónica y despilfarradora de dinero público es seguir obviando la mayor: el cambio gradual hacia un modelo más sostenible. Porque, si no, piensen, ¿qué gobierno legislaría a favor de la restricción al uso del coche? ¿qué gobierno presentaría un proyecto de cuatro o seis carriles más para agilizar la movilidad? ¿qué gobierno entraría a cuestionar el negocio de los rent a car que cada año aumenta el parque automovilístico de las islas en compra de coches nuevos y de compra-venta entre particulares? ¿qué gobierno, en las circunstancias actuales, propulsaría una fiscalidad verde? 

Insisto, no seré yo quien presente una conclusión sobre la idoneidad de los ferrocarriles. Vivo en una isla no capitalina y seguramente utilizaré esos trenes en contadas ocasiones. Al igual que cojo la guagua en mi isla de residencia. Es cuestión de cambio de mentalidad y emprendeduria gubernamental. No obstante, el dilema seguirá vivo y, muy probablemente, se resuelva de la forma menos mala. 

Si me preguntaran como politólogo cual es la principal tarea de un gobierno, tendría muy clara la respuesta: resolver dilemas y paradojas. Los gobiernos, como órganos ejecutivos del poder-hacer, resuelven problemáticas casi a diario, en innumerables ocasiones, incluso, en contra del deseo social. 

En Canarias estamos enfrascados en el debate sobre la construcción o no de dos trenes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Es un tema recurrente que entra en agenda cada cierto tiempo en consonancia a las posibles vías de financiación. La problemática de este hecho radica en el contexto actual de pandemia y crisis económica. Para los detractores, los trenes no son prioritarios en este momento; la cuantía, unos 3.800 millones, es desorbitada en comparación al impacto social; y el reparto no es equitativo, ya que la inversión se concentra al cien por cien en dos islas de ocho que componen el Archipiélago. En cambio, para los defensores, los trenes suponen una oportunidad para obtener fondos de la UE destinados específicamente a proyectos de transporte sostenible; mitiga el problema de movilidad en las islas capitalinas donde se concentra el 80% de la población de la Comunidad Autónoma; genera un estímulo en la economía; y abriría una ventana de oportunidad para un cambio en los hábitos de la ciudadanía.