Fui muy crítico con la LOMCE. En un artículo publicado hace siete años señalaba respecto a la conocida como Ley Wert que se había producido una reforma muy ideologizada y segregadora, elaborada sin participación de las formaciones políticas, las comunidades autónomas y los sectores educativos, y que no abordaba de forma adecuada los auténticos problemas. Añadiendo que esos factores, junto a la reducción de los presupuestos por las políticas de austeridad y recortes, contribuirán “a un retroceso de la Educación, además de hacerla menos justa socialmente y más centralista”.
La LOMCE fue aprobada solo con los votos del PP. No concitó el apoyo de ninguna otra fuerza política ni siquiera de las regionalistas más cercanas a los conservadores españoles. Destacaba entonces que las leyes educativas deben contar con fuertes apoyos, con estabilidad y aplicación durante un largo período. Reconociendo, asimismo, el sincero intento del ministro Gabilondo en 2010 “por establecer cambios en el modelo educativo a través de un gran acuerdo social y político; el PP lo impidió, pese a la rebaja sustancial y el acercamiento a algunas posiciones conservadoras, lo que le alejó de distintos sectores educativos”. Acuerdo y apoyo mayoritario que sigo reivindicando hoy.
La reforma de la LOMCE, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) o Ley Celaá, acaba de ser aprobada en primera instancia por el Congreso por 177 votos favorables procedentes de siete fuerzas políticas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias) y abordará ahora su tramitación en el Senado. Votaron en contra PP, Vox, Ciudadanos, UPN, PRC, CUP y CC, absteniéndose otros grupos.
La LOMLOE pasó su primer examen con mucho ruido en la Cámara, algo muy habitual, y en la calle, con movilizaciones pidiendo su paralización. En uno y otro caso, planteando críticas, a mi juicio desmesuradas, sacadas de contexto o ajenas a lo que señala su articulado. Ocurre con la posible desaparición de la concertada. No es así. Cierto es que se impide la cesión de suelo público para este tipo de centros. Y, además, se establecen normas para facilitar el acceso a los mismos de estudiantes inmigrantes o de familias con escasos recursos económicos, grupos hoy de forma muy mayoritaria (el 90%) escolarizados en la pública, pese a representar esta solo el 67% del total. Eso evita guetos y va, con toda seguridad, en beneficio de todos y todas, de una sociedad más inclusiva y cohesionada.
Otro tema polémico ha sido la presunta supresión del español. Que desaparezca su mención como idioma vehicular es volver a la redacción anterior a la LOMCE, única ley de las aplicadas en los últimos cuarenta años que incluía esa mención. Y el español no desapareció con la LOE, con la LOGSE o con la LOPEG. Ni lo va a hacer con esta legislación. En su articulado se incluye lo siguiente: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. Resulta curioso, cuanto menos, que Ciudadanos haga de esto un tema de conflicto. Más aún cuando su ex líder, Albert Rivera, propuso en su momento, en 2016, que el inglés fuera la lengua vehicular en el sistema educativo español.
Especialmente dolorosa, por la innecesaria alarma generada, resulta la denuncia sobre un cierre de los centros de educación especial. Lo que recoge la LOMLOE es que los centros ordinarios deben contar con recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con necesidades educativas especiales, añadiendo que los centros de educación especial deben desempeñar “la función de referencia y apoyo”. El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reconoce el carácter más inclusivo de la ley, aunque ve insuficiencias y demanda una mayor financiación.
La ley aborda reformas necesarias, según distintos expertos, para afrontar algunos de los grandes problemas de la educación en el Estado español, que presenta altas tasas de abandono escolar temprano y un porcentaje de repetidores único en el contexto europeo. Al respecto, la OCDE reitera que la repetición de curso es muy negativa, por erosionar la confianza de los alumnos en sus capacidades de aprendizaje y reducir el rendimiento del afectado y del grupo. Y asegura que, además de ser una de las causas principales de abandono, eleva el coste del sistema educativo y aborda el bajo rendimiento demasiado tarde. Recomendando que la tasa de repetición se “aproxime a cero” para un mejor funcionamiento del sistema. Para reducirlas se apuesta por la atención personalizada y por prevenir las dificultades de aprendizaje.
La LOMLOE apuesta por la escuela pública como vertebradora del sistema educativo. Muchos de sus compromisos sintonizan con la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014 por PSOE, CC y NC en el Parlamento canario. Ambas leyes coinciden, por ejemplo, en alcanzar el 5% del PIB en los presupuestos educativos. Pero en las Cortes CC ha votado en contra de la Ley Celaá; utilizando un lenguaje similar en sus críticas a la nueva ley que el del PP, Vox o Cs. Si hay comunidad que precise un avance en equidad y superar sus altas cifras de abandono temprano es Canarias. Estoy convencido de que hay una parte de CC que no comparte ese visceral rechazo a la LOMLOE.
La nueva Ley recupera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades respecto a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas: el Estado establecerá el 55% de los contenidos para las que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no la tengan; parece razonable que los que creemos en la descentralización y en la adecuación del sistema educativo a su entorno, apoyemos este modelo frente al centralizador de la LOMCE. Se apuesta por la educación infantil 0-3 años y por una FP más flexible que resulta esencial en la empleabilidad. Por el aprendizaje de idiomas y el incremento de las competencias digitales del alumnado. Por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por la educación por la salud, incluyendo a la afectivo-sexual. Por el compromiso con el medio ambiente y la lucha contra la Crisis Climática. Por la participación y democratización de la escuela, recuperando el papel decisivo de los consejos escolares que la LOMCE cercenó. Por la mejora de los resultados educativos y el incremento en la calidad y en la equidad del sistema. Supone, en definitiva, un sustancial avance. Pero reconocerlo no impide que siga reivindicando el establecimiento de amplios acuerdos sociales y parlamentarios en este y otros asuntos, lo que hasta ahora ha resultado tan inviable como frustrante. En el Estado español se viene imponiendo un frentismo donde los acuerdos son excepcionales, incluso en tiempos de pandemia y dura crisis económica. En Canarias hemos logrado, en distintos momentos, amplios consensos. Sucedió en la Ley de Educación de 2014 o, más recientemente, respecto al Plan Reactiva. Ese debe ser el camino.
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