Una empresa, por encima del poder político

En la legislatura pasada tuvimos la posibilidad de ver el enfrentamiento de dos consejerías del Gobierno de Canarias por la tramitación de un proyecto controvertido en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria y que no es otro sino el de la empresa TOTISA Holding S.A. que incluirá una instalación de Gas Natural Licuado (GNL) para el abastecimiento de los barcos, que lo usen, y una central eléctrica, compuesta por cuatro motores que queman gas natural, con una potencia de 70 MW.

De un lado teníamos a la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que, con la información aportada por la empresa, concluye que es una actividad carente de efectos adversos significativos y por lo tanto se puede acoger a un procedimiento de estudio de impacto ambiental SIMPLIFICADO y no a uno ordinario como es preceptivo en estos casos.

De otro tenemos a la Dirección General de Salud Pública que, ante un requerimiento el 20 de julio de 2022 en el que se le pide la emisión de un informe sanitario del proyecto, responde el 16 de agosto de 2022 con un informe desfavorable, estimándose la necesidad de una evaluación ambiental ORDINARIA. El informe es de una contundencia tal que se pueden leer enunciados como el siguiente: “La calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas, son los de mayor peso para la salud pública por la proximidad de la población”.

No contenta con la respuesta de Sanidad, la Viceconsejería mencionada vuelve a la carga con formas que denigran la lealtad institucional, recibiendo una respuesta más contundente si cabe en los siguientes términos: “En consecuencia, ante la ausencia de alegaciones fundamentadas técnicamente por el promotor sobre el contenido del informe sanitario emitido el pasado 16/08/2022, la Dirección General de Salud Pública en el plazo de (5) días requerido, se ratifica en el contenido del mismo, e informa motivadamente, que el referido proyecto en la ubicación propuesta, supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Evidentemente antes estos razonamientos y otras cuestiones posteriores, todo parecía indicar que el proyecto referido pasaría a dormir el sueño de los justos, porque a todas luces una instalación de tal calibre no se sostiene en un enclave tan cercano a un núcleo tan poblado como es el de la capital de Gran Canaria.

Pero he aquí que el “sentido común” no suele ser el más “común de los sentidos” cuando hay intereses empresariales y económicos de por medio, porque según parece, el proyecto de TOTISA vuelve a estar en el candelero, auspiciado por la misma administración, a pesar de haber cambiado el signo político y los titulares protagonistas, volviéndose la tramitación a solicitar los oportunos informes de las administraciones afectadas.

No cabe duda de que hay que reconocerle a la empresa protagonista grandes dosis de perseverancia, de influencia política, independientemente del signo de la misma y una gran visión estratégica, al comenzar a tramitar su proyecto AÑOS antes de que salieran la Emergencia Energética y el Proyecto de Concurrencia Competitiva para dotar de grupos térmicos las centrales de Canarias.

Naturalmente el problema no es de esta empresa, el problema está en una clase política que cuando está en el poder transforma drásticamente sus objetivos y, en vez de pensar en la salud y el bienestar de sus conciudadanos, apuestan por proyectos perniciosos, contaminantes, altamente peligrosos y sobradamente contrarios a los intereses de aquellos que les han votado.

En la legislatura pasada tuvimos la posibilidad de ver el enfrentamiento de dos consejerías del Gobierno de Canarias por la tramitación de un proyecto controvertido en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria y que no es otro sino el de la empresa TOTISA Holding S.A. que incluirá una instalación de Gas Natural Licuado (GNL) para el abastecimiento de los barcos, que lo usen, y una central eléctrica, compuesta por cuatro motores que queman gas natural, con una potencia de 70 MW.

De un lado teníamos a la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que, con la información aportada por la empresa, concluye que es una actividad carente de efectos adversos significativos y por lo tanto se puede acoger a un procedimiento de estudio de impacto ambiental SIMPLIFICADO y no a uno ordinario como es preceptivo en estos casos.