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El fracaso del protocolo de Clavijo: un varapalo judicial y político
El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el protocolo establecido por el Gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes no acompañados, argumentando que la comunidad autónoma no puede renunciar a sus competencias en esta materia. Esta decisión confirma las advertencias previas sobre la falta de respaldo legal y la improvisación en la gestión del Ejecutivo de Fernando Clavijo y, en particular, de la Consejería de Bienestar Social.
Desde su aprobación, este protocolo fue objeto de críticas por su dudoso encaje normativo. En un artículo publicado hace cinco meses, ya advertíamos de que su aplicación suponía una renuncia tácita de Canarias a sus competencias en materia de protección de menores, algo que finalmente ha confirmado el Constitucional. Se denunciaba que, en lugar de proporcionar soluciones efectivas a la crisis migratoria que afronta el archipiélago, el protocolo imponía trabas burocráticas que ralentizaban la entrada de los menores en el sistema de protección, en un contexto donde la urgencia humanitaria debía primar sobre cualquier otra consideración.
En este contexto, la Fiscalía Superior de Canarias también ha expresado su preocupación por la falta de garantías en la aplicación de este protocolo, advirtiendo sobre las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que podían derivarse de su implementación. La fiscalía ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de respetar los principios legales en la gestión de los menores migrantes, instando a las autoridades a actuar conforme a los marcos normativos vigentes y garantizando siempre el bienestar de los niños y adolescentes afectados.
Un varapalo político para el Gobierno de Clavijo
La sentencia del Tribunal Constitucional supone un duro golpe para la gestión del Gobierno de Clavijo, evidenciando su falta de previsión y su intento de implementar medidas al margen de la legalidad. Este revés judicial deja claro que no basta con lanzar propuestas apresuradas para responder a la presión social y política, sino que es imprescindible un conocimiento riguroso del marco normativo y una planificación acorde a la realidad migratoria de Canarias.
La anulación del protocolo no solo demuestra la incompetencia del Ejecutivo regional en materia de protección infantil, sino que también refuerza la necesidad de un replanteamiento en la estrategia gubernamental. La confianza en la gestión de Clavijo y su equipo queda seriamente cuestionada, ya que este episodio evidencia que han actuado con más improvisación que criterio, en un asunto que exige máxima responsabilidad y rigor jurídico.
Lo que queda claro es que el Gobierno de Canarias ha tratado de eludir sus responsabilidades ante una crisis que exige compromiso, coordinación y, sobre todo, un conocimiento profundo de las normativas y principios de protección infantil. En vez de abordar la situación con responsabilidad y con una estrategia a largo plazo, la Consejería de Bienestar Social ha optado por improvisar medidas que, lejos de solucionar el problema, han agravado aún más la situación.
El fallo del Tribunal Constitucional no solo tumba una medida ineficaz, sino que también refleja la negligencia de un Gobierno que ha pretendido saltarse el marco legal en un asunto tan delicado como la acogida de menores migrantes no acompañados. Es hora de exigir una gestión seria, basada en el respeto a los derechos fundamentales y en la obligación ineludible de proteger a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La improvisación y el oportunismo político no pueden ni deben seguir marcando la pauta en la gestión de la infancia migrante en Canarias.
La anulación del protocolo de acogida de menores migrantes no acompañados pone de manifiesto la necesidad de una gestión más responsable, legal y comprometida por parte del Gobierno de Canarias. Es imperativo que se adopten medidas efectivas y ajustadas al marco normativo vigente para garantizar la protección y el bienestar de los menores migrantes que llegan al archipiélago.
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