Por Antonio González Viéitez
Roque Calero Pérez
Antonio Cabrera Expósito
Eugenio Reyes Naranjo
José Juan Sansó Fernández
A la opinión pública canaria y en especial a los diputados canarios en el Congreso de los Diputados:
El decreto 6/2022 que establece medidas para paliar los efectos derivados de la guerra de Ucrania incluye, sorpresivamente, una disposición, la final cuarta, que facilita la implantación en Canarias de regasificadoras para el suministro de gas para las centrales térmicas, buques y puertos, a través de medidas tales como suprimir la Autorización administrativa para estas regasificadoras y que las mismas sean declaradas de utilidad pública, con estas medidas se saltan todos los controles medioambientales y de planificación territorial que requiere cualquier proyecto.
Junto a ello se toma una medida que nos deja perplejos por no conocer su intencionalidad que consiste en situar a todas estas infraestructuras gasistas isleñas fuera del marco del sistema gasista nacional.
Consideramos una imposición inexplicable del Estado esta pretendida liberalización de las regasificadoras en Canarias, pues en ningún lugar de la normativa desarrollada en nuestras instituciones insulares para la transición energética a las renovables se incluye este largo paso por el gas.
Estas instalaciones gasistas tendrían una vida útil que en algunos elementos se elevan a los 50 años, con lo cual se entiende que está inversión tiene carácter permanente y no transitoria, con el agravante de la gran volatilidad de precios y suministros de este combustible fósil en el futuro.
Consideramos que Canarias dispone de los recursos naturales necesarios para poder llevar a cabo una transición energética a las renovables que hace innecesario e improcedente esta larga transición por el gas.
Nos preguntamos por qué, si se aplica la no necesidad de autorización administrativa y la declaración de utilidad pública para el gas, no se utiliza el mismo procedimiento de urgencia para la implantación masiva de las energías renovables.
Ante las protestas tanto desde el Gobierno canario y otras instituciones políticas como desde organizaciones ecológicas, sociales y empresariales relacionadas con las renovables, el Gobierno de España publicó el pasado sábado un RDL que incluye una disposición, la adicional cuarta, que nos vuelve a decepcionar, pues no retira ni modifica la anterior Disposición final cuarta a la que nos referimos, sino que plantea que su aplicación debe contar con el visto bueno de la Administración autonómica y del propio Estado, ¡¡el mismo Gobierno que plantea introducir estas regasificadoras en Canarias!!
Consideramos que esta nueva disposición publicada este sábado no resuelve ni responde a nuestras demandas sino que marca un compás de espera y deja todo preparado hasta que los intereses gasistas logren mayoría en el Gobierno de Canarias para llevar a cabo estos proyectos gasistas.
Por todo lo anterior le transmitimos a los diputados canarios que este RDL de ayer en modo alguno resuelve nuestra demanda de evitar este intento de condicionar nuestra transición energética con el gas y les pedimos que presenten en estos días enmiendas a todas las medidas que pretenden liberalizar estar regasificadoras en Canarias, esto es, a los apartados 1, 2 y 4 de la Disposición final cuarta del Decreto 6/2022 así como la supresión del párrafo referido al gas en Canarias en la justificación de este Decreto 6/2022.
Pedimos a los partidos políticos canarios que se considere a Canarias un territorio donde el gas no tiene cabida por nuestra determinación de transitar lo rápido que haga falta a las energías renovables