No Garzón, sino el Poder Judicial

Merece la pena subrayar que el juez Baltasar Garzón ha marcado prudentes distancias con algunos de sus más vocingleros simpatizantes y expresado, como no podía ser de otra manera, su pleno respeto y acatamiento a la investigación del Tribunal Supremo. En el acto físico de su salida de la Audiencia Nacional estuvo acompañado por los abrazos y aplausos de varios centenares de simpatizantes, entre los que no faltaban algunos profesionales del mundo del Derecho. Por lo que se va conociendo, hay quienes pretenden convocar, en los próximos días, manifestaciones, que probablemente serán también de nutrida concurrencia, en contra del polémico magistrado. Con toda evidencia sobran todas, las manifestaciones a favor y las manifestaciones en contra, porque la Justicia es un bien demasiado importante como para debatirse a gritos en las calles. Lo primero que conviene a todos, es decir, a los acusadores, al Consejo General del Poder Judicial y al propio Baltasar Garzón, es evitar la absurda politización del conflicto.

Lo que el Tribunal Supremo estudia es la pulcritud o no, en términos jurídicos y procedimentales, y sólo en ellos, de las denunciadas actuaciones del juez Garzón, y hay razonable certeza de que los magistrados del Alto Tribunal decidirán en esos términos y sin dejarse influir por extemporáneas interferencias políticas. De los procedimientos que tiene abiertos, en ambientes jurídicos se opina que ni siquiera es el más importante el relativo a las presuntas desapariciones durante la guerra civil y el franquismo, sino el de las escuchas ordenadas sobre las comunicaciones entre el preso Francisco Correa, cabeza visible del llamado “caso Gurtel”, y sus abogados, ya que podrían afectar sustancialmente al derecho de defensa. Flaco servicio prestan al juez Garzón quienes alzan falsas acusaciones de sectarismo político contra los probadamente independientes y respetables magistrados del Tribunal Supremo. No se juzga el fondo, sino la forma, porque parece en efecto que Garzón no era competente para las actuaciones que puso en marcha, y en todo caso es algo que corresponde dilucidar a los magistrados del Tribunal Supremo y de ninguna manera a los políticos ni a nosotros, los periodistas. Nuestra obligación se reduce y limita a respetar y publicitar lo que el Tribunal Supremo decida en el momento procesal que considere oportuno y lo que el Consejo General del Poder Judicial acuerda, evitando inaceptables presiones sobre los órganos jurisdiccionales y sobre los de autogobierno de la Magistratura.

Un poder judicial recto, sereno, garantista e independiente es uno de los grandes lujos de una auténtica democracia, y se da la afortunada circunstancia de que ese modelo de poder judicial lo tenemos efectivamente en España. He tenido muchas ocasiones de comprobarlo. Nuestros jueces y magistrados serán, como los demás ciudadanos, unos más de derechas y otros más de izquierdas, pero prácticamente todos ellos son ejemplares en la rectitud e independencia con que ejercen su trascendental función. Lo correcto, y lo que a todos los ciudadanos nos conviene, lo mismo a los de derechas que a los de izquierdas, es dejar actuar a los Tribunales y respetar y acatar sus decisiones, y dejar asimismo al Consejo General del Poder Judicial que ejerza, con saludable independencia respecto a los políticos, su labor de gobierno de la Magistratura. Cuando tantas cosas fallan en este país, tenemos un Poder Judicial que merece credibilidad y respeto. No estaría de más que todos, derechas e izquierdas, aprovecháramos y respetásemos esta afortunada circunstancia.

Carlos E. Rodríguez