Gestionar nuestros aeropuertos

Resulta imposible justificar, desde la óptica de los intereses generales, lo que se ha hecho con los aeropuertos españoles. Unas infraestructuras capitalizadas, con más de 200 millones de pasajeros anuales, seguras, competitivas, que dan beneficios y que, además, son estratégicas teniendo en cuenta el modelo productivo español y el peso en el mismo del sector turístico. Más aún, si cabe, en el caso canario, donde son tan relevantes en el movimiento de personas y mercancías, tanto interno como con el resto del mundo.

El origen de esta decisión se remonta al año 2010 cuando la Troika expuso al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero un listado de obligaciones, entre las que se encontraban determinadas subidas de impuestos, la reforma laboral, la venta de los aeropuertos y, asimismo, la privatización de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae).

El Gobierno de Mariano Rajoy, obediente a la ruta marcada por la Troika, procedió, en febrero de 2015, a privatizar el 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). A un precio ridículo, como confirma el hecho de que un año después se haya duplicado el valor de las acciones. Un negocio redondo para quienes, de forma preseleccionada, se pudieron quedar con AENA. Un pésimo negocio para el interés de la mayoría.

Especuladores

Un valioso patrimonio público ha sido entregado, a precio de saldo, a manos privadas –con un 28% de las acciones adquiridas por fondos de inversión, por especuladores- por los que siempre están dando lecciones de patriotismo.

En el pensamiento neoliberal encaja perfectamente esta filosofía, que en modo alguno comparto. Esa máxima de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Es decir, que el Estado se haga cargo de empresas y servicios ruinosos (como ejemplo, las autopistas de peaje) y, por el contrario, que el mundo privado haga suyas estructuras públicas exitosas y rentables. Este es el caso de AENA. No es el primero, acordémonos de lo que sucedió con Telefónica, Endesa, Repsol y Tabacalera.

Se trata de una inmoralidad. Esta privatización de los rentables aeropuertos españoles y canarios, este traspaso al sector privado de una de las mejores redes aeroportuarias del mundo, no tiene la menor justificación. Salvo la de debilitar, una vez más, lo público, el interés general y beneficiar a una minoría.

El daño causado es enorme. A los trabajadores y trabajadoras aeroportuarios, a la ciudadanía y a los intereses de la economía española. Canarias lo sufre de manera especial por el papel que tienen los aeródromos en una comunidad archipielágica. Como elementos esenciales de la comunicación interior y con el resto del mundo. Y porque tenemos un modelo económico en el que el turismo supone el mayor porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo, y por vía aérea llegan a las Islas la inmensa mayoría de las personas que nos visitan.

Los puertos (que ya cogestionamos) y aeropuertos se han hecho con dinero público. Y su venta, como ha ocurrido con AENA, nos quita capacidad de autogobierno, nos hace más dependientes, más sometidos a intereses foráneos y privados.

Nuestra red aeroportuaria, junto a un adecuado dimensionamiento, tiene algunos de los aeropuertos más rentables del Estado español, transfiriendo hoy rentas al conjunto de la red. Si gestionamos desde Canarias los ocho aeropuertos tendríamos suficiencia financiera y cubriríamos sin problemas los normales déficit de los aeropuertos de las islas menos pobladas, como corresponde a un modelo de solidaridad interterritorial.

Artículo 33.13

Ya en la pasada legislatura, desde Nueva Canarias, expresamos nuestro rechazo a la privatización de AENA. Planteamos la necesidad de que, si esta se consumaba, se hiciera operativo lo recogido en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias que señala que, cuando el Estado no gestione de manera directa estas infraestructuras, a la comunidad canaria “le corresponden las competencias de ejecución”.

Pese al movimiento de rechazo, en el conjunto del Estado y en Canarias, no se logró frenar el proceso de privatización de los aeropuertos. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) rechaza la suspensión cautelar que había solicitado el Ejecutivo canario. Aunque el Supremo niega la paralización del proceso de privatización, abre las puertas a que Canarias solicite la gestión de sus aeropuertos una vez concluido el mismo.

Para alcanzar ese objetivo cabe recurrir, en primer lugar, a la vía de la política. Solicitando al Gobierno central que cumpla con el artículo 33.13 del Estatuto para que Canarias pueda ejercer la dirección de esas infraestructuras esenciales. Algo que considero imposible mientras el PP se mantenga al frente del Ejecutivo estatal. Sólo un Gobierno de cambio, de distinto signo y talante, posibilitaría afrontarlo con garantías de éxito.

Queda, asimismo, la vía judicial. Si en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias no se accede a la justificada petición de nuestra comunidad, Canarias puede y debe reclamar ante el Tribunal Constitucional que se cumplan las previsiones estatutarias y, dado que el Estado ha dejado de gestionar directamente los aeropuertos al vender el 49% de AENA, estos puedan ser gestionados desde el Archipiélago.

La gestión de los aeropuertos debe estar orientada hacia el interés general y no puesta al servicio del negocio privado y la búsqueda del mayor margen de beneficios. Desde NC, como hicimos en la pasada legislatura, apoyaremos al Gobierno de Canarias en las medidas a adoptar para que los aeropuertos canarios puedan ser dirigidos desde nuestra tierra, contribuyendo a que desarrollen en las mejores condiciones su importante papel a favor de la cohesión territorial, económica y social de las Islas.

Resulta imposible justificar, desde la óptica de los intereses generales, lo que se ha hecho con los aeropuertos españoles. Unas infraestructuras capitalizadas, con más de 200 millones de pasajeros anuales, seguras, competitivas, que dan beneficios y que, además, son estratégicas teniendo en cuenta el modelo productivo español y el peso en el mismo del sector turístico. Más aún, si cabe, en el caso canario, donde son tan relevantes en el movimiento de personas y mercancías, tanto interno como con el resto del mundo.

El origen de esta decisión se remonta al año 2010 cuando la Troika expuso al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero un listado de obligaciones, entre las que se encontraban determinadas subidas de impuestos, la reforma laboral, la venta de los aeropuertos y, asimismo, la privatización de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae).