Los hoyos de Güímar, las machacadoras y la Ley Plasencia

Estos días, con la resaca a cuestas por el triunfo de Trump, se discute en el Parlamento de Canarias la propuesta de ley del cabildo de Tenerife conocida como la ley “Plasencia” por el apellido del condenado por explotar ilegalmente áridos del barranco de Güímar. Este delincuente ambiental es una de las grandes fortunas de Canarias y el principal constructor de Tenerife. Está presente este empresario en los principales casos de corrupción, como el de Las Teresitas, en el caso de la Ciudad Juvenil, (un suculento pelotazo en connivencia con el ayuntamiento de Santa Cruz) en la gestión que llevó a la desaparición de la Caja de Ahorros, en el pelotazo que dio el exconsejero de Obra Pública del gobierno, Adolfo Núñez, con la compra de Binter, etc. etc. No somos excepción, como en otras muchas regiones españolas, la confluencias de intereses entre este tipo de empresarios con algunos partidos ha derivado en una corrupción generalizada, en el saqueo de lo público para beneficiar a esta alianza de empresarios y políticos. Ahora el cabildo de Tenerife , según la oposición y diversos informes técnicos, quiere que el dinero público utilice para la regeneración del enorme daño generado por estos delincuentes, algo incomprensible cuando están condenados a pagarla con su patrimonio.

El cinismo de los partidos en estos temas lo dejó manifiesto el socialista Héctor Gómez cuando dijo en su intervención parlamentaria que el saqueo del los barrancos de Güímar es un fracaso colectivo. ¿Cómo que fracaso colectivo? Los responsables han sido las administraciones públicas que han mirado hacia otro lado para no ver lo que veíamos los ciudadanos cuando pasábamos por el valle: unos hoyos cada vez más profundos fruto de una actividad en la que todos, incluidas las administraciones afectadas sabían que era ilegal; el delito solo fue posible por la complicidad, puesto que no pueden alegar ignorancia, los responsables durante esos años del ayuntamiento de Güímar, del cabildo y del gobierno de Canarias. Fuimos muchos, entre ellos ATAN, los que denunciamos que se estaba cometiendo un delito sin que ello provocara la intervención de la administración durante más de tres décadas, no es un fracaso colectivo, es una manera de gobernar orientada al beneficio de unos pocos.

Lo curioso del caso y demuestra, que tanto el ayuntamiento como el cabildo siguen actuando sin respetar los intereses generales y eludiendo el cumplimiento de la normativa, es que se ha instalado un planta para machacar áridos en medio de una zona agrícola y de turismo rural que ya sufrió duran muchos años el paso de los camiones cargados de áridos. Un empresa adquirió a Antonio Plasencia una planta de machaqueo, y sin licencia municipal (la alcaldesa ha dicho verbalmente a los afectados que no la tiene y, todavía, no ha contestado al escrito donde los vecinos de la machacadora le pedían información al amparo de la ley) y que tampoco consultaron, como exige la ley, al los posibles afectados por esta actividad insalubre y peligrosa. El presidente del cabildo, Carlos Alonso dice que quiere restaurar paisajísticamente el valle, pero los hechos es que el cabildo ha contestado a los escritos de protestas diciendo que tienen que conformarse, que a otros les toca una discoteca debajo de sus casas.

Ante la ausencia de información y de respuestas por parte de los organismos implicados, como en el caso de los “hoyos”, los vecinos y las asociaciones conservacionistas han tenido que recurrir a fiscalía para que la justicia haga lo que los políticos no quieren hacer porque perjudicaría a sus amigos empresarios. Mientras tanto, un hotel rural ve como la tranquilidad y el buen trato que ofrecen se ve perjudicado gravemente (no resulta agradable disfrutar de las vacaciones, sobre todo cuando lo que se busca es tranquilidad, con el ruido de una planta de machaqueo al lado de tu habitación). Los que ofertan casa rurales tienen el mismo problema y los agricultores vuelven a soportar que el polvo cubra sus cultivos. Mientras, unos pocos se hacen de oro a costa de lo público y los justifican diciendo que todos somos responsables. Es como la crisis: la culpa la tenemos los currantes por vivir por encimas de nuestras posibilidades, no los bancos y la corrupción.

El círculo se cierra, el derribo del mamotreto de Las Teresitas será un buen negocio para las plantas machacadoras. Mientras tanto la isla carece de un plan que ordene el sector, lo que ha propiciado que las plantas de machaqueo y las canteras ilegales prosperen con el beneplácito de la administración pues, no en vano, es el principal cliente. Esperemos que la excepción a esta pasividad cómplice la ponga La Justicia.

Estos días, con la resaca a cuestas por el triunfo de Trump, se discute en el Parlamento de Canarias la propuesta de ley del cabildo de Tenerife conocida como la ley “Plasencia” por el apellido del condenado por explotar ilegalmente áridos del barranco de Güímar. Este delincuente ambiental es una de las grandes fortunas de Canarias y el principal constructor de Tenerife. Está presente este empresario en los principales casos de corrupción, como el de Las Teresitas, en el caso de la Ciudad Juvenil, (un suculento pelotazo en connivencia con el ayuntamiento de Santa Cruz) en la gestión que llevó a la desaparición de la Caja de Ahorros, en el pelotazo que dio el exconsejero de Obra Pública del gobierno, Adolfo Núñez, con la compra de Binter, etc. etc. No somos excepción, como en otras muchas regiones españolas, la confluencias de intereses entre este tipo de empresarios con algunos partidos ha derivado en una corrupción generalizada, en el saqueo de lo público para beneficiar a esta alianza de empresarios y políticos. Ahora el cabildo de Tenerife , según la oposición y diversos informes técnicos, quiere que el dinero público utilice para la regeneración del enorme daño generado por estos delincuentes, algo incomprensible cuando están condenados a pagarla con su patrimonio.

El cinismo de los partidos en estos temas lo dejó manifiesto el socialista Héctor Gómez cuando dijo en su intervención parlamentaria que el saqueo del los barrancos de Güímar es un fracaso colectivo. ¿Cómo que fracaso colectivo? Los responsables han sido las administraciones públicas que han mirado hacia otro lado para no ver lo que veíamos los ciudadanos cuando pasábamos por el valle: unos hoyos cada vez más profundos fruto de una actividad en la que todos, incluidas las administraciones afectadas sabían que era ilegal; el delito solo fue posible por la complicidad, puesto que no pueden alegar ignorancia, los responsables durante esos años del ayuntamiento de Güímar, del cabildo y del gobierno de Canarias. Fuimos muchos, entre ellos ATAN, los que denunciamos que se estaba cometiendo un delito sin que ello provocara la intervención de la administración durante más de tres décadas, no es un fracaso colectivo, es una manera de gobernar orientada al beneficio de unos pocos.