La iglesia francesa se reconoce culpable, ¿y la española cuándo?

Desde hace varios años, especialmente desde que Estados Unidos se conmovió ante escándalos de abusos sexuales, la Iglesia Católica ha iniciado un lento y doloroso proceso de un “mea culpa” institucional que había siempre ignorado o desmentido, usando de todas sus influencias a los más altos niveles.

Ahora la Conferencia Episcopal Francesa admite su “responsabilidad pasada, presente y futura” anunciando medidas preventivas y quizás punitivas, por ejemplo la creación de un tribunal penal canónico. El cálculo de afectados por los abusos se sitúa sobre más de 10.000.

La noticia no por esperada ha dejado de ser una bomba para los que se niegan a creer lo que nos enseñaban en el catecismo escolar, aquello de que “todos somos pecadores.” Y que nadie está libre de pecado, aunque lleve sotana.

En materia de prevención y respuesta a los abusos, la Iglesia Francesa se compromete a mejorar la formación interna, tanto para detectar y escuchar a posibles víctimas como para evitar nuevos abusos, así como para actuar contra los religiosos pederastas.

Los obispos se disponen, en el próximo futuro, a enviar una Carta a los Católicos de Francia reconociendo las faltas y errores cometidos y llamando “a la vigilancia, a la ayuda financiera a las víctimas y a la oración”. La oración seguramente ayudará a los creyentes, pero el reconocimiento de los abusos y su castigo ayudará mejor a las víctimas, teniendo en cuenta que muchas de esas personas son ahora mayores de edad y han aguardado años al reconocimiento que ahora llega.

En el año 2018, la Conferencia Episcopal Francesa se vio acusada y acosada por los casos de religiosos a punto de ser juzgados por pederastia y por no haber denunciado abusos de los que tenían conocimiento como hizo Philippe Barbarin siendo entonces el influyente arzobispo de Lyon. La Conferencia acordó crear un organismo independiente que investigara posibles casos de pederastia desde 1950 y “las razones que favorecieron la manera en que fueron tratados esos asuntos”, para que no se vuelvan a repetir. Un resultado que puede ser positivo para el crédito de la Iglesia ha sido la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE), que es un organismo compuesto por dos decenas de expertos , entre los que figuran teólogos, juristas, sociólogos y psicólogos, que durante algo más de un año recogieron testimonios de víctimas. El presidente, Jean-Marc Sauvé, a comienzos de mes, confirmó el número de 3.000 víctimas, pero reconociendo que “es muy posible que lleguen a ser cerca de 10.000”.

El reconocimiento público de lo que desde hacía años ya había dejado de ser un secreto a voces, puesto que aparecía en las páginas de periódicos independientes (no católicos), ese reconocimiento es un paso para prevenir y sancionar tales delitos.

¿Y la Iglesia española?

Mientras que en Estados Unidos, Francia y otros Estados europeos tal reconocimiento de la responsabilidad de la institución eclesiástica se va abriendo al público, en la Iglesia española, al menos en sus niveles jerárquicos, se va a paso de tortuga e incluso en algunos casos con frenazo y marcha atrás.

No quiere esto decir que en las otras iglesias todo sea satisfactorio para la opinión pública, especialmente ante las controvertidas declaraciones del episcopado afirmando que el secreto de confesión está por encima de la Ley, incluso en caso de abuso a menores. Pero parece que el manto del secreto en la Iglesia española se extiende más allá del sacramento de la confesión

Las actividades eclesiásticas y pastorales contra el abuso sexual dentro de la Iglesia no son nuevas. Una de las mismas fue el encuentro La protección de menores en la Iglesia, que se realizó en Roma del 21 al 24 de febrero del pasado año 2019. La Santa Sede vaticana informó en su día que el Papa Francisco había nombrado a los miembros del Comité Organizador del encuentro cuyo fin era fijar un marco guía para acciones concretas en contra de sacerdotes pederastas.

En aquella ocasión entre los hombres designados por el Papa para la organización del encuentro, al que asistieron 130 obispos líderes de Conferencias Episcopales, se encontraban dos hombres de la más amplia trayectoria en materia de delitos sexuales, y con reconocida firmeza contra el delito de pederastia. Eran considerados fuertes y de confianza del Papa para la erradicación de dicho crimen del interior de la Iglesia: Monseñor Charles Scicluna, Secretario Adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el Padre Hans Zollner, SJ., Presidente del Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana.

Monseñor Charles Scicluna dijo entonces: “El Papa Francisco no será blando con los sacerdotes pederastas, porque la verdad y la justicia son más importantes que la protección de la Iglesia… Su Evangelio de la misericordia es muy importante, pero no se trata de la misericordia barata. Hay que respetar la verdad y las exigencias de la justicia”.

Entre 2010 y 2011 Hans Zollner, SJ. fue miembro del Grupo de Trabajo Científico de la “Mesa Redonda sobre Abuso contra Menores” comisionado por el gobierno alemán. Es coautor del libro Iglesia y pedofilia, una herida abierta, una aproximación psicológica-pastoral. Entre sus textos de denuncia sobre el delito de pederastia, en 2010 escribió un artículo en defensa de la decisión del Papa Benedicto XVI de remover a sacerdotes acusados de abusos sexuales.

P. Hans Zollner, SJ. en visperas de la reunión del 2019 dijo: “Una buena organización de la reunión ayudará a mantener unidos el análisis, la conciencia, la vergüenza, el arrepentimiento, la oración y el discernimiento sobre las acciones que deben realizarse y las decisiones que deben tomarse en la justicia y la verdad”,

Sin duda aquel encuentro y otros posteriores bajo el pontificado del Papa Francisco han dado frutos, frutos que no son siempre del agrado de determinados sectores ultraconservadores, pero que pretenden “asumir responsabilidad, lo que implica un deber de Justicia y de reparación”, según las palabras ahora públicas del Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia.

A pesar de que el Papa Francisco anunció en 2019 una “batalla total” en la Conferencia sobre abusos sexuales del Vaticano, la Iglesia española, es decir, su jerarquía, se resiste a investigar los casos de pederastia ocurridos en su seno. La conferencia Episcopal Española aseguró entonces no poder ordenar a las diócesis hacer informes sobre el asunto por “no tener autoridad” para ello.

El ejemplo del país vecino, que acaba de constatar la colosal magnitud de los crímenes, deja en evidencia a la Iglesia de España, que sigue optando por la ocultación o ignorancia de los delitos. La Conferencia Episcopal Española (CEE) es, junto con la italiana, la única que prefiere no reconocer ni investigar los casos de abusos sexuales a menores.

En España, oficialmente, solo constan 220 casos, algo que resulta “increíble” ante la masiva presencia de la Iglesia Católica en la educación de los españoles durante décadas. La (CEE) desconoce el número de sacerdotes implicados en casos de abusos a menores, que se investigan cuando las víctimas presentan denuncia en las oficinas que se han abierto en las distintas diócesis este último año.

Y es que en España la Iglesia no ha realizado ninguna investigación global y el último dato que se conoce es de abril de este año, cuando el secretario general de la CEE, Luis Argüello, informó de que un total de 220 clérigos habían sido denunciados entre 2001 y 2021, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.

Además, el secretario general de la CEE, Argüello, afirmó que si alguna víctima se dirige a los obispos la atenderán, pero que no harán nada por saber la verdad: ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado. “No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general”, añadió.

Más claro, el agua. Y más oscuro que la sotana sacerdotal es el silencio de la jerarquías de una Iglesia complice activa del franquismo en la Guerra Civil y en los encarcelamientos, juicios y condenas de los republicanos derrotados. La Memoria histórica, que es Ley en España, no parece afectar a las jerarquías eclesiásticas heredadas del franquismo y sus familias.

VIOLENCIA FÍSICA Y ROBO DE BEBÉS

Pero si la pederastia es escandalosa en sí, no menos escandaloso es el silencio sobre la violencia física ejercida por los sacerdotes de diversas ordenes eclesiásticas como pueden ser los jesuitas, salesianos y del Corazón de María o claretianos, etc. En los colegios “religiosos” durante el franquismo el “amor al prójimo” se practicaba “a hostias”, es decir, a bofetadas y castigos corporales. El prójimo era los mayores con fuerza física y no los niños escolares. El “amor” consistía en repartir hostias a los “malos” de las clases, casi siempre identificados como los “no muy ricos”.

Yo mismo tengo todavía dificultades en los oídos que pueden venir del golpe traicionero que con las palmas abiertas me aplicó brutalmente estando yo desprevenido en el aula del Corazón de María por el “padre” Antón, golpe inesperado e injusto que produjo en mí, niño de unos 12 años el primer acto de rebeldía contra la autoridad sacerdotal.

Otro caso, todavía peor, fue el que presencié de un niño de unos 13 o 14 años cuyo nombre recuerdo perfectamente por ser hijo del farmacéutico de la calle Buenos Aires en que yo vivía. Le vi salir precipitadamente del aula de estudios en que se esperaba estudiando entre clase y clase. Casualmente, un sacerdote que llegaba le frenó, era el padre Alonso, capellán de la Marina, y entonces salió el padre Hernández que empezó a dar puñetazos al chico que cayó al suelo. El padre Hernández le siguió golpeando, esta vez con patadas. No sé qué terrible delito pudo haber cometido aquel chico en el Aula, pero no parece que aquella brutalidad sacerdotal fuese la mejor muestra del amor al prójimo que predicaban en el colegio del Corazón de María.

Eran los tiempos de la dictadura clericalfascista de Franco, pero eso no justifica la brutalidad de estos sacerdotes católicos amparados en la sotana y el respeto que se les debía.

Es quizás el cúmulo de actos como los que cuento o de los robos de niños a madres solteras que luego se vendían a “familias de bien” que no podían tener hijos y que siguen sin conocer a sus verdaderos padrees, ese cúmulo de actos delictivos lo que hace que la jerarquía eclesiásticas no se atreva a tocar lo que parece un saco roto o sin fondo.

Pero yo soy de la opinión que hay que dar a conocer y, en su caso, castigar por ser de justicia a los culpables, según se ha podido ver en la televisión española la Justicia ha corroborado que en España se robaron bebés. Y las asociaciones de afectados calculan en 300.000 los bebés que fueron robados en España entre 1940 y 1990  después de que la Justicia lo haya certificado por primera vez.

Casi siempre había religiosos implicados. Uno de los nombres más sonados ha sido el de Sor María quien murió a los tres días de ser citada a declarar. Esta monja en alguna ocasión dijo que eran niños “que habían nacido en pecado” por lo que se los entregaba a los matrimonios que ella consideraba “oportunos”. Esa calidad de “oportunos” suponía ser pudientes económicamente y buenos católicos.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, ha apuntado directamente a varias clínicas donde se llevaba a cabo esta práctica. En Madrid, la maternidad de O´Donnell, la clínica San Ramón o la clínica Santa Cristina; en Cádiz hablan del Hospital Zacamola y del Miguel Servet; y en Valencia de la clínica Santa Isabel, Santa Cristina o el ya desaparecido hospital San Ramón de la capital. 

El paso del tiempo se ha convertido en un verdadero problema para las víctimas porque los delitos han prescrito, lo que significa que será difícil reparar el daño causado,  sólo podrían castigarse los delitos cometidos en la época de los años 90, nunca los anteriores.

“Ya se están moviendo iniciativas parlamentarias para que este tipo de delitos no prescriban, porque ese argumento afectaría a todos los hijos que estén buscando a sus padres y hayan conocido la situación de irregularidad siendo mayores de edad,” ha explicado Guillermo Peña, abogado del caso de Inés Madrigal, en una entrevista concedida al canal 24h de TVE. 

En 2018 la Audiencia Provincial de Madrid consideró al doctor Eduardo Vela, de 85 años, culpable de “tráfico de niños”, sin embargo no fue condenado por que todos los delitos prescribieron hacía 31 años.

Hay cosas que han prescrito para su persecución penal, pero lo que no ha prescrito es la responsabilidad moral y política de las instituciones, especialmente de las jerarquías y obispos españoles que deberían imitar a la Iglesia de Francia.

Desde hace varios años, especialmente desde que Estados Unidos se conmovió ante escándalos de abusos sexuales, la Iglesia Católica ha iniciado un lento y doloroso proceso de un “mea culpa” institucional que había siempre ignorado o desmentido, usando de todas sus influencias a los más altos niveles.

Ahora la Conferencia Episcopal Francesa admite su “responsabilidad pasada, presente y futura” anunciando medidas preventivas y quizás punitivas, por ejemplo la creación de un tribunal penal canónico. El cálculo de afectados por los abusos se sitúa sobre más de 10.000.