Espacio de opinión de Canarias Ahora
Una iniciativa muy acertada
Ciertos grupos ecologistas, con una visión retardista de la implantación de renovables para luchar contra el cambio climático antropogénico, basan su discurso en el planteamiento de que esta instalación está en mano de las grandes corporaciones y, salvo el autoconsumo, todo lo demás es simplemente un negocio en manos de los de siempre. Abogan por una cierta democratización de la transición energética y es por eso por lo que, atentando contra cualquier lógica mínimamente racional, hacen descansar todo el peso de esta transición energética en la simple colocación de placas fotovoltaicas en nuestros tejados. De un plumazo, eliminan de la realidad cotidiana el difícil equilibrio dinámico entre la generación y la demanda del sistema eléctrico, los esfuerzos continuos que hay que hacer entre la gestionabilidad de la generación y la arbitrariedad de la eólica y la fotovoltaica, la necesidad de los excedentes para la generación del hidrógeno verde como vector energético fundamental en la movilidad y tantos elementos que son vitales en la elaboración de un sistema energético troncal para una economía moderna y desarrollada, que no por ser lo cotidiano deja de ser un ejercicio complejo y exquisitamente elaborado, que para bien o para mal, permite la existencia de nuestra sociedad, tal y como la conocemos.
De una manera o de otra, lo cierto es que desde las instituciones tanto europeas como nacionales, se insta a las diferentes administraciones para que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para acercar la penetración de renovables a toda la sociedad y, para ello, entienden que la mejor manera de llevarlo a cabo es hacer partícipe a esta sociedad de la tarea en cuestión. En este sentido, desde el Gobierno de Canarias han creído que la mejor manera de conseguirlo es mediante la participación económica de la ciudadanía en aquellos proyectos que se instalen en la vecindad del lugar de residencia.
Para obtener lo comentado, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se está desarrollando un Decreto, que en estos momentos está en consulta pública en la web de la consejería y que aporta una serie de cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista del fin que se quiere conseguir.
En primer lugar, cualquier proyecto eólico o fotovoltaico, excluido el autoconsumo, cuya potencia instalada sea igual o superior a 2 MW deberá reservar al menos el 20% a la participación, bien en el capital, bien en la financiación o mixta, a aquellas persona físicas y jurídicas, radicadas en el ámbito insular en el que se pretende situar la instalación. Independientemente de la modalidad ofertada, se establecerá, en el caso de las personas físicas, una inversión mínima de 500 euros y una inversión máxima proporcional al 1% del proyecto.
El texto del decreto desarrolla todos los aspectos relacionados con esta participación, tanto en el orden de prevalencia territorial, como de los procesos reglados a llevar a cabo para facilitar que el propósito al que está destinado se cumpla de una manera efectiva.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
No cabe duda de que el hecho de que al menos el 20% del control económico de los proyectos de renovables de cierta entidad, este en manos de los vecinos del lugar donde se instalen y además se busque una participación lo más extensa posible, entre esos vecinos, dotan a estos nuevos proyectos de toda la legitimidad democratizadora que desde algunas instancias se denunciaban que carecían las instalaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.
Desde Salto a La Transición Ecológica queremos aplaudir el acierto que la consejería ha tenido con esta iniciativa normativa y le animamos a continuar por esta senda, dado que la solución a nuestros problemas energéticos compatibles con la inexcusable lucha contra el cambio climático antropogénico, no se encuentra en centrales térmicas en nuestros puertos o en procesos de concurrencia competitiva que nos lleven a renovar la flota de grupos de combustibles fósiles, la solución a nuestros problemas se encuentra en iniciativas como estas que empaquen adecuadamente una penetración acelerada de renovables en nuestros territorio, que nos lleve a descarbonizar nuestra economía lo más rápido que la tecnología nos permita.
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