¿Para cuándo una Ley que impida la brecha salarial, señor Rajoy?

La brecha salarial, esa expresión de una de las muchísimas injusticias que sufrimos las mujeres, apenas ha variado en los últimos años. De ello -de que existe y de que es una injusticia- es muy consciente la OIT, que asegura en un informe de 2016 que, de no tomar medidas, llevará más de 70 años cerrarla por completo. Coinciden en ello también la OCDE y la Comisión Europea. Sólo lo ignora el máximo responsable del gobierno de la nación, que en reciente entrevista radiofónica planteó no meternos en eso ahora. Como si eso fuera algo banal, como si no fuera un problema urgente que solventar. Como si la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral no fuera un asunto que competa al Gobierno. Como si nos pudiera dar igual que en España las mujeres cobren un 85,1% del sueldo de sus colegas masculinos, según Eurostat.

En Europa, afortunadamente, son menos ciegos y soplan otros vientos. Ya en 2014, la Comisión emitió una recomendación a los Estados miembros para atajar la desigualdad salarial. Y a día de hoy Islandia, Alemania y Reino Unido han aprobado medidas legislativas para igualar los salarios y las oportunidades entre ambos géneros. De hecho, la norma islandesa, en vigor desde el pasado 1 de enero, afirma sin tapujos que la diferencia salarial por género es ilegal, tanto en empresas privadas como en públicas. Para garantizar igualdad salarial, se harán las oportunas auditorías, estableciendo sanciones para quien incumpla y exigiendo además a las empresas un certificado de igualdad salarial.

Es importante recordar esto en torno a finales de febrero, mes en que, aunque de forma variable en el calendario, se celebra el Día Europeo por la igualdad salarial. De hecho, hay que agradecer a los medios que lleven días haciéndose eco en las noticias de este asunto. Porque no es cuestión baladí, no es un tema menor (aunque para Rajoy y Báñez sí parezca serlo). Hace tan solo unos días la responsable de Empleo afirmaba sin empacho que la brecha salarial estaba “en mínimos históricos, como nunca en España”. Visión que contradicen no solo diputadas de la oposición sino, sobre todo y con más valor argumental y científico, los datos del estudio del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), elaborado con datos de la Agencia Tributaria de 2016, que recoge cómo la brecha, lejos de disminuir, cada vez se hace mayor: de media, las mujeres cobraron un 30% menos que sus colegas masculinos. Ambos deben haber olvidado que hace dos años el entonces ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, reconocía la injusticia de la situación. Sus derechos son nuestros derechos, decía.

La OCDE calcula en un 11,5% la brecha salarial en España. Y un estudio de CCOO, gráficamente titulado La brecha salarial y la quiebra democrática, la explica en función de los complementos salariales, no del salario base. En esta realidad tiene mucho que decir la penalización laboral que la maternidad -la paternidad, por supuesto no solo no castiga al hombre sino todo lo contrario- impone a las mujeres: la llamada ‘factura de la maternidad’, a la que se vendría a sumar, como manifestación gráfica de la discriminación laboral, el mobbing maternal. Que haberlo haylo aunque no se quiera reconocer. Que le pregunten si no a los responsables de la Fundación Madrina. Eso por no hablar de la alta tasa de temporalidad, que supera la media europea, y la precariedad de los contratos, con el consiguiente y negativo impacto en el cálculo de las pensiones que cobraremos.

Según la Guía Laboral de Hays, líder mundial en selección de personal el 86% de las mujeres opinan que los hombres tienen más oportunidades laborales que ellas. Lo admite el 51% de los hombres encuestados. De ahí que el 75% de las mujeres sean partidarias de los currículum ciegos. Además, el 64% del colectivo femenino considera que su salario no es acorde con el trabajo que realiza.

Es evidente que hay muchos estereotipos que derribar, que queda mucho trabajo por hacer. Pero si ante las evidencias científicas sobre una cuestión de derechos humanos, el responsable de un país no lo tiene claro, uf, qué desasosiego produce.

La brecha salarial, esa expresión de una de las muchísimas injusticias que sufrimos las mujeres, apenas ha variado en los últimos años. De ello -de que existe y de que es una injusticia- es muy consciente la OIT, que asegura en un informe de 2016 que, de no tomar medidas, llevará más de 70 años cerrarla por completo. Coinciden en ello también la OCDE y la Comisión Europea. Sólo lo ignora el máximo responsable del gobierno de la nación, que en reciente entrevista radiofónica planteó no meternos en eso ahora. Como si eso fuera algo banal, como si no fuera un problema urgente que solventar. Como si la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral no fuera un asunto que competa al Gobierno. Como si nos pudiera dar igual que en España las mujeres cobren un 85,1% del sueldo de sus colegas masculinos, según Eurostat.

En Europa, afortunadamente, son menos ciegos y soplan otros vientos. Ya en 2014, la Comisión emitió una recomendación a los Estados miembros para atajar la desigualdad salarial. Y a día de hoy Islandia, Alemania y Reino Unido han aprobado medidas legislativas para igualar los salarios y las oportunidades entre ambos géneros. De hecho, la norma islandesa, en vigor desde el pasado 1 de enero, afirma sin tapujos que la diferencia salarial por género es ilegal, tanto en empresas privadas como en públicas. Para garantizar igualdad salarial, se harán las oportunas auditorías, estableciendo sanciones para quien incumpla y exigiendo además a las empresas un certificado de igualdad salarial.