La LOMCE, una Ley a derogar

Lamentablemente en los últimos meses está girando la crítica y denuncia de la LOMCE en exclusiva en torno al rechazo de las reválidas. Sin lugar a dudas, estas no tienen en cuenta el entorno del aprendizaje del alumnado, invaden competencias transferidas a los distintos territorios del Estado español, son evaluaciones externas que elabora el MEC, constituyen una carrera de obstáculos para la titulación del alumnado y ningunean la labor docente al despreciar e ignorar la evaluación continua y el seguimiento diario que hace el profesorado de su alumnado en y fuera del aula. Aún así, se debería desplegar el abanico y retomar la necesidad de derogar la LOMCE, porque no garantiza ni el derecho universal a una educación pública de calidad, democrática y laica ni el principio de igualdad de oportunidades.

La LOMCE conlleva la privatización de la Educación. El Estado español se compromete a programar las enseñanzas, pero no a su financiación. Las ofertas de plazas –públicas o privadas- es responsabilidad o a iniciativa de la Administración autonómica o de centros e instituciones privadas. Se consagra el principio de libertad de elección de enseñanza y de centro para las familias. La Consejería de Educación está obligada a financiar a un centro privado, tanto si este acredita tener suficiente alumnado como si un ayuntamiento aprueba en su municipio la licencia para la construcción en suelo público de un centro educativo privado; la LOMCE amplia la duración de los conciertos y los extiende a nuevas etapas como al Bachillerato o la FP; se contemplan como etapas obligatorias solo desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO.

¿Dónde queda el carácter público de la Educación?

La LOMCE obliga al alumnado a los trece o catorce años a la elección de un itinerario que sellará su futuro profesional y laboral a una edad temprana. Estas distintas vías provocan una segregación del alumnado. Se regulan trayectorias distintas a una edad donde aún no se tiene capacidad de decidir, cuando además en la actualidad no son itinerarios con el mismo reconocimiento y la misma valoración social. Igualmente sucede con las materias que enaltece la LOMCE y con las otras que menosprecia y orilla, como es la Filosofía y todo lo que está relacionado con la Educación Artística. Y he aquí una constatación que demuestra que esos trayectos diferentes segregan al alumnado: la sociedad actual no es igualitaria y existen diferentes capas sociales con desigualdades económicas, sociales, y culturales. El punto de partida de los destinatarios de la Educación pública no es igual y reclama que la Educación tenga un carácter compensador de dichas desigualdades. La LOMCE no contempla ningún mecanismo corrector, arrastrando el alumnado desventajado sus desajustes en el aprendizaje y su biografía hasta la ESO -el momento de elección de su futuro a través de los itinerarios- y sin atención a la diversidad ni medidas para afrontar los desajustes y las carencias en el aprendizaje.

La Formación Profesional ha de ser dignificada y valorarse su titulación igual que un estudio universitario. No es de recibo que la LOMCE contemple la FP Básica con una duración de dos cursos académicos y el alumnado no obtenga ni tan siquiera la titulación de la Secundaria.

La LOMCE elimina la democracia participativa en los centros educativos. Vacía de toda capacidad decisoria a los consejos escolares y a los claustros, convirtiendo al director o directora de un centro como el máximo y único responsable de todos los recursos humanos, materiales y financieros. El director/a es considerado como el representante de la Administración en su centro educativo. No representa a la comunidad educativa y no es elegido por el consejo escolar.

Este curso académico 2016/17 ha comenzado con la completa aplicación de la LOMCE, salvo en lo relativo a las reválidas. Rechacemos la implantación de las mismas, pero sin olvidar que la LOMCE ha de ser derogada. Por el bien de nuestros hijos e hijas, por el bien del conjunto de la ciudadanía.

Lamentablemente en los últimos meses está girando la crítica y denuncia de la LOMCE en exclusiva en torno al rechazo de las reválidas. Sin lugar a dudas, estas no tienen en cuenta el entorno del aprendizaje del alumnado, invaden competencias transferidas a los distintos territorios del Estado español, son evaluaciones externas que elabora el MEC, constituyen una carrera de obstáculos para la titulación del alumnado y ningunean la labor docente al despreciar e ignorar la evaluación continua y el seguimiento diario que hace el profesorado de su alumnado en y fuera del aula. Aún así, se debería desplegar el abanico y retomar la necesidad de derogar la LOMCE, porque no garantiza ni el derecho universal a una educación pública de calidad, democrática y laica ni el principio de igualdad de oportunidades.

La LOMCE conlleva la privatización de la Educación. El Estado español se compromete a programar las enseñanzas, pero no a su financiación. Las ofertas de plazas –públicas o privadas- es responsabilidad o a iniciativa de la Administración autonómica o de centros e instituciones privadas. Se consagra el principio de libertad de elección de enseñanza y de centro para las familias. La Consejería de Educación está obligada a financiar a un centro privado, tanto si este acredita tener suficiente alumnado como si un ayuntamiento aprueba en su municipio la licencia para la construcción en suelo público de un centro educativo privado; la LOMCE amplia la duración de los conciertos y los extiende a nuevas etapas como al Bachillerato o la FP; se contemplan como etapas obligatorias solo desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO.