Más madera, que es la asistencia sanitaria

En una sanidad pública canaria de mala calidad, convertida en abrevadero de buitres para las corporaciones de la sanidad privada (más del 35%), es una auténtica provocación que se interprete a machamartillo una legislación que choca contra el principio de asistencia sanitaria universal y gratuita. Peor aún: contra quienes han venido cotizando.

También dice la ley de Administraciones Públicas que los ciudadanos no están obligados a suministrar documentación que ya consta en manos de estas. Y las administraciones públicas pueden cruzar fácilmente los datos de a que usuarios de la sanidad pública se les han agotado las prestaciones y automatizar el proceso, sin obligar a nuevas solicitudes y nuevos trámites.

En vez de dirigirse al gobierno metropolitano español para que se prolongue la agonía de esa exención de impuestos que es la RIC, o para que los capitalistas acogidos a ellas ganen un año o dos más sin tener que justificarla, el gobierno autonómico bien podría pelear con el español para que semejante disparate legal se subsane. O, directamente, interpretar que la atención a los ciudadanos con problemas de salud es un bien jurídico superior, y dejarse de jeringar a quienes estén en una situación ciertamente desesperada.

Claro que también podrían poner fin a la RIC y negociar que esos impuestos no pagados (90% del Impuesto de Sociedades) sí se paguen pero vengan a las arcas canarias. Para beneficio de todos (en atención sanitaria, por ejemplo), y no de unos pocos.

Porque la que se nos viene encima es que a decenas de miles de paradas y parados canarios se les agotan las prestaciones en los próximos meses. Lo que se unirá a un paro que supera ya el 22% de la población (en cifras oficiales), a más de 600.000 canarias y canarios bajo el umbral de la pobreza, a cien mil personas acudiendo a los comedores de beneficencia y a una situación de deterioro económico, social y político fuera de control.

La absoluta miopía del gobierno autonómico, sólo preocupados por arrimar más y más millones de euros a los que les financian las campañas electorales, contribuye objetivamente a desatar sus tan temidos “disturbios sociales”. Las trabajadoras y los trabajadores canarios tenemos derecho a exigir que, ya que son incapaces de aportar solución alguna al desastre, al menos que no se dediquen a toquetearnos las gónadas. Sanitariamente hablando.

* Militante del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC) Teodoro Santana*

En una sanidad pública canaria de mala calidad, convertida en abrevadero de buitres para las corporaciones de la sanidad privada (más del 35%), es una auténtica provocación que se interprete a machamartillo una legislación que choca contra el principio de asistencia sanitaria universal y gratuita. Peor aún: contra quienes han venido cotizando.

También dice la ley de Administraciones Públicas que los ciudadanos no están obligados a suministrar documentación que ya consta en manos de estas. Y las administraciones públicas pueden cruzar fácilmente los datos de a que usuarios de la sanidad pública se les han agotado las prestaciones y automatizar el proceso, sin obligar a nuevas solicitudes y nuevos trámites.