De mal en peor

En el último año se han destruido 900.000 empleos, cifra que seguirá aumentando en el próximo período, con especial incidencia en los autónomos, a los que se les ha subido significativamente los impuestos y las retenciones; y en el sector público, con incidencia determinante en el personal laboral y en los interinos. Datos que se podrán apreciar claramente en la EPA del tercer trimestre, que conoceremos a finales de octubre.

La ayuda de 400 euros, que percibe solo un 10% de los parados sin prestación y de manera temporal, se ha prorrogado por el Ejecutivo del PP, aunque con restricciones especialmente para los jóvenes, por la presión ciudadana, no por convencimiento y voluntad propia; y cada mes crece el número de personas que está en situación de desempleo y no recibe ningún tipo de prestación (en el caso canario, más de 125.000 parados registrados no son beneficiarios de ninguna ayuda: ni prestación contributiva, ni subsidio, ni renta activa de inserción), paralelamente al aumento de las que son atendidas por instituciones benéficas.

Inflación

La inflación está en alza, influida por la elevación de los precios de los carburantes, mientras el Gobierno cercena el crecimiento de las energías renovables, que nos harían menos dependientes. Y, además, este 1 de septiembre han entrado en vigor nuevas subidas que afectarán al transporte, la electricidad, la telefonía y la cesta de la compra, con una elevación de impuestos absolutamente injusta y que castiga a los más débiles.

En Canarias, la subida de impuestos (junto a relevantes recortes en el sector publico) ya se produjo el 1 de julio, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, rechazada por Nueva Canarias, que presentó enmienda a la totalidad a la misma. Una ley que, entre otras decisiones, incluye el 50% de incremento del IGIC reducido, que afecta a los alimentos básicos, mientras que el que grava los artículos de lujo lo hace solo en un 10%.

Es decir, mientras se congelan o reducen salarios, se incrementan los costos de los servicios y de la alimentación. Somos mucho más pobres.

En el primer semestre del año la salida neta de capitales del Estado español alcanzó los 219.817 millones, de los que más de 56.000 millones corresponden al mes de junio, La banca española ha sufrido en julio la mayor retirada de depósitos de la era euro: unos 75.000 millones de euros. Una banca cuyo multimillonario rescate supondrá la implementación de nuevas medidas de recorte y ajuste que repercutirán en el conjunto de la ciudadanía. A lo que se sumarán las consecuencias del rescate global de España, que se está negociando actualmente de espaldas a la ciudadanía.

Hace unos meses el FMI hablaba de recesión en los años 2012 y 2013, sin incorporar a su análisis el efecto de las nuevas medidas de recorte que paralizarán aún más la economía e incrementarán el paro y la pobreza de amplias capas de la población, y el propio Gobierno ya reconoce la recesión en 2013. Hasta el FMI ha llegado a solicitar poner freno a los recortes y que el BCE intervenga comprando deuda.

Los datos económicos recientemente dados a conocer por el INE confirman la recesión. Ya en el cuarto trimestre de 2011, en el que se esperaba un ligero crecimiento, se produjo un descenso del 0,03% en la economía española. Y la situación no ha hecho sino empeorar en el primer semestre del presente año, por la enorme debilidad de la demanda de los hogares, con -0,3% en el primer trimestre y -0,4% en el segundo. Los nuevos recortes y las subidas de impuestos que entraron en vigor el 1 de septiembre agravarán, sin duda, la situación.

Educación y Sanidad

Los servicios públicos fundamentales también sufren las consecuencias de las políticas en vigor. En la Educación (al margen de la deriva ideológica ultraconservadora que supone la desaparición de Educación para la Ciudadanía o el apoyo del Gobierno de Rajoy a la segregación entre niños y niñas), con el incremento de los precios del material escolar, el aumento de las ratios en las aulas (que perjudicará al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje) y la exponencial subida de las tasas académicas universitarias, mientras se congelan o disminuyen las ayudas al estudio, expulsando de la educación superior a los más pobres.

Otro tanto sucede en la Sanidad, con la implantación del copago, que tendrá graves consecuencias en la salud de muchas personas mayores, que están renunciando a su medicación por razones económicas. Y con la restricción de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles que, junto al dilema ético, supone un riesgo para la salud de los afectados y del conjunto de la población.

Junto a ello se puede observar un preocupante retroceso en el ámbito institucional, a través de la demonización de las comunidades autónomas y de las entidades locales, con actuaciones que tratan de disminuir el tamaño del Estado y de hacerlo más centralista. Buscando, igualmente, la eliminación de prestaciones que hoy ofrecen los ayuntamientos (caso de las escuelas infantiles), privatizando algunas de ellas y, asimismo, limitando la democracia.

Estoy convencido de que es posible aplicar otras políticas. Con un imprescindible combate contra el fraude fiscal y la aplicación de una fiscalidad justa y progresiva. Con una defensa a ultranza de los servicios públicos que suponen una contribución esencial a la equidad social. Con el desarrollo de activas políticas sociales que ayuden a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Con el retraso del ajuste del déficit hasta 2018 para no estrangular aún más la economía y para evitar que los duros recortes recaigan sobre las personas más vulnerables de la sociedad, las clases trabajadoras y medias. Con un trato justo a la deuda soberana, evitando la persistente especulación. Con políticas de estímulo a la economía y a la creación de empleo.

Y para avanzar en esa senda considero que es imprescindible la unidad de los que rechazamos las actuales políticas y la movilización de la ciudadanía. Sin atajos y sin ofrecer soluciones tan mágicas y salvadoras como falsas, que solo desorientan y generan más desilusión.

Román Rodríguez

En el último año se han destruido 900.000 empleos, cifra que seguirá aumentando en el próximo período, con especial incidencia en los autónomos, a los que se les ha subido significativamente los impuestos y las retenciones; y en el sector público, con incidencia determinante en el personal laboral y en los interinos. Datos que se podrán apreciar claramente en la EPA del tercer trimestre, que conoceremos a finales de octubre.

La ayuda de 400 euros, que percibe solo un 10% de los parados sin prestación y de manera temporal, se ha prorrogado por el Ejecutivo del PP, aunque con restricciones especialmente para los jóvenes, por la presión ciudadana, no por convencimiento y voluntad propia; y cada mes crece el número de personas que está en situación de desempleo y no recibe ningún tipo de prestación (en el caso canario, más de 125.000 parados registrados no son beneficiarios de ninguna ayuda: ni prestación contributiva, ni subsidio, ni renta activa de inserción), paralelamente al aumento de las que son atendidas por instituciones benéficas.