Mala fe: cómo impone Evo Morales megaproyecto a indígenas del TIPNIS

A partir de testimonios y vivencias del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), este artículo demuestra que el gobierno de Bolivia volvió a imponer la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con actos de mala fe y desinformación, prometiendo proyectos a muchas comunidades e incumpliendo estos compromisos: ofrecieron semillas, techar sedes, atención médica, equipos como antenas, tanques de agua, paneles solares, y un siníin de “espejitos” a cambio de obtener firmas. Estas firmas se consiguieron a través de engaños y fraude. Posteriormente se usaron para legitimar la anulación de la Ley 180 que protege al parque.

En este lapso el gobierno central también movilizó al aparato estatal de la gobernación del Beni (departamento donde se ubica el TIPNIS), de ministerios como Desarrollo Rural, Trabajo e incluso la petrolera estatal YPFB y -lo que es más preocupante- aplicó toda una estrategia de militarización de los ríos de la Amazonía, a lo largo del Mamoré, Isiboro y Sécure. Los hechos más dramáticos fueron la detención de dos comunarios y las reyertas con la organización indígena.

Estas mujeres y hombres indígenas de la Amazonía boliviana han sufrido represión, golpes, persecución, división y engaños pero continúan resistiendo hace más de seis años. Las imágenes, videos y audios que les compartiremos se han relevado en dos viajes consecutivos al TIPNIS durante agosto de 2017, momento en el que el proyecto carretero se ha reactivado.

Resistencia en la Amazonía

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos es un proyecto vial que une los departamentos de Cochabamba y Beni con 400 kilómetros de carretera a través del corazón del TIPNIS. Este territorio, también llamado Loma Santa o Casa Grande por los indígenas, es un área titulada en beneficio de los pueblos Chimán, Moxeño y Yuracaré. Desde 2010 los pobladores denuncian la megaobra autorizada por Evo Morales y financiada en principio por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), que proyectó un costo de 1,3 millones de dólares por kilómetro. Fue adjudicada a la empresa brasileña OAS, ligada al partido de Lula Da Silva, y tras las protestas sociales el gobierno rescindió el contrato con ésta. Actualmente la obra sería ejecutada por una empresa municipal de Villa Tunari. De cualquier forma, fue impuesta sin consulta previa, libre e informada a los pobladores.

En 2011 se realiza la VIII Marcha Indígena de Tierras Bajas de Bolivia, fue reprimida con brutalidad por la policía en Chaparina el 25 de septiembre y descalificada por el gobierno; pese a ello, la marcha logró ingresar a la ciudad de La Paz, haciendo aprobar la Ley 180 de protección del TIPNIS que prohíbe la construcción de la vía. Por ello, esta Ley es el resultado palpable de un gran esfuerzo de los pueblos indígenas amazónicos. Nadie creía que el gobierno la invalidaría.

Evo y la política de “divide e impera”

Días antes de la abrogación de la Ley 180, las comunidades del territorio estaban en alerta. Llegaban confusas informaciones por la frecuencia de radioaficionado del territorio y por las emisoras como Santa Cruz, San Ignacio o Panamericana. El gobierno había logrado dividir a un pequeño grupo de comunarios a la cabeza de Domingo Nogales, expresidente de la Subcentral TIPNIS (organización representante del territorio), Carlos Fabricano (expresidente de la Subcentral Sécure), Ramona Moye (Diputada Indígena Nacional), Griseldo Semo (exsecretario de Tierra y Territorio), Mauricio Guaje (presidente de la CPITCO, organización indígena ajena al TIPNIS). De esta forma lograron presentar un proyecto de Ley que eliminaba la intangibilidad del parque para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Ingresamos al TIPNIS los primeros días de agosto, casi por una semana, a bordo de la canoa de don Hernán Maleca, comunario de Puerto San Lorenzo. Él tenía la misión de informar -a lo largo de los ríos Isiboro y Sécure- la intención del gobierno de Evo Morales de derogar esta Ley. Junto a él recorrimos las comunidades de Gundonovia, Paraíso, Santa María, Santa Lucía, San Vicente y Galilea.

Un mal gobierno con muy mala fe

Con mucha rabia, las comunidades nos contaron la forma en la que el gobierno había logrado promover esta anulación con engaños, mentiras y prebendas. Estas estrategias de mala fe y desinformación fueron usadas por funcionarios de la gobernación del Beni, manejada por el partido de Evo Morales, y por otras instancias del Estado central. Jenny Ramos de Santa Lucía, comunidad sobre el río Isiboro, nos relató que incluso brigadas médicas fueron usadas para llegar a las comunidades y chantajearles con atención en salud a cambio de hacerles firmar planillas: “Hemos rechazado a los médicos del gobierno porque venían, recogían firmas, llevaban y con eso falsificaban ‘sí carretera’. Así ha sido, por eso nosotros hemos rechazado”.

Así como el servicio de salud público fue utilizado para presionar a las comunidades, también se valieron de todo tipo de promesas irreales para conseguir firmas en cada comunidad. El gobierno garantizó proyectos en salud y educación, motores para las canoas, tanques de agua, paneles solares, antenas de teléfono, viviendas nuevas, e incluso dotación de insumos agropecuarios ¿Dónde se encuentran todas esas dotaciones?

Don Ovidio Teco, comunario de Gundonovia, nos transmitió la preocupación de un compañero a quien funcionarios del Estado le hicieron firmar un acta con la promesa de dotarle de semillas. Luego se enteró que su firma formaba parte de la petición de anulación de la Ley a favor de la carretera. Todo fue un engaño y nuevamente el gobierno actuó de mala fe, jugando con las necesidades de las familias indígenas.

En la comunidad San Vicente conversamos con la corregidora del lugar, Sara Nosa. Ella afirmó que las comisiones de la gobernación nunca les advirtieron que estaban consultando sobre la abrogación de la Ley 180, sino que simplemente vinieron a ofrecer y prometer proyectos. La comunidad pidió calaminas para techar su Cabildo (sede social). Hasta la fecha la gobernación no cumplió con esto, pero incluyó a la comunidad como favorable a la carretera: “son puros mentirosos”, concluía la líder.

El 24 de agosto, los grupos indígenas afines al gobierno convocaron a un acto en la comunidad San Pablo del Isiboro, que cuenta con una pista de aterrizaje de avionetas. Esta pista fue utilizada para trasladar a productores de hoja de coca que desean las áreas protegidas para cultivos ilícitos, también fueron traídos altos funcionarios públicos y medios de comunicación del país con el fin de presenciar el espectáculo en el que Evo Morales inauguraba una escuela en dicha comunidad. Una hora después, Evo abandonaba el TIPNIS. El acto fue financiado completamente por la gobernación del Beni y celebrado paralelamente al encuentro orgánico de las comunidades en resistencia del Centro de Gestión del territorio. La finalidad de este show fue legitimar la anulación de la Ley de protección del TIPNIS y afirmar el pedido de carretera.

Paralelamente, delegaciones de indígenas en resistencia y activistas solidarios/as nos organizábamos para instalar el XXXII Encuentro de Corregidores del TIPNIS. Luego de dos días de carretera, pontones y canoas, nuestras delegaciones arribaban al lugar de la cita en el Centro de Gestión, ahora completamente militarizando.

El trayecto por carretera desde Canatunse, sede de la Subcentral Sécure en Trinidad, con destino a Puerto Tarumá fue extenso. Casi una treintena de autos del gobierno nos rebasaron, transportes de la petrolera estatal YPFB, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Trabajo y del canal de televisión estatal Bolivia TV. Antes de llegar a nuestro destino, estas mismas movilidades y muchos funcionarios públicos nos hicieron un bloqueo en el camino, grabaron nuestros rostros con celulares y vimos que hasta algunos portaban armas de fuego. El Estado quería boicotear el encuentro orgánico de pueblos indígenas del TIPNIS.

Una vez llegados al Centro de Gestión para comenzar el encuentro orgánico, los comunarios y comunarias, corregidores y corregidoras instalaron un alambre de púas sobre el río Isiboro a la altura del Centro. El alambre cruzaba el río de una orilla a otra y estaba señalizado por garrafones vacíos que flotaban a modo de advertencia, para que ningún navegante sufriera estragos en su embarcación al chocar con él. Sin embargo, el río se podía cruzar con normalidad, el alambre no era ningún obstáculo para los navegantes, pero sí era una señal simbólica de soberanía y control sobre el territorio por parte de la organización indígena.

Durante esa jornada, eran constantes las visitas de militares de la Fuerza Naval que iban armados. Se acercaban al área del Centro de Gestión varias veces al día en sus lanchas. Los uniformados escoltaban a personas ajenas que pretendían entrar al territorio con destino al evento de San Pablo. Además, pidieron a algunos indígenas y compañeros observadores identificarse, como al exdefensor del pueblo, Rolando Villena, a la delegación indígena del pueblo Chiquitano, a activistas y a originarios del TIPNIS. Uno de ellos exclamaba: “cómo va a ser que tengamos que identificarnos en nuestro propio territorio”.

También provocaron a los participantes del encuentro orgánico filmándonos con celulares, imponiendo su presencia en los ríos y evidentemente violando prerrogativas internacionales sobre derechos indígenas. Incluso uno de los días se oyeron dos disparos que provenían de la zona donde estaban las lanchas militares, a unos 400 metros del Centro de Gestión, a la vuelta del río Isiboro. Muchos en el encuentro nos asustamos por los estruendos. Se trataba de generar un ambiente de tensión y miedo, mediante las provocaciones constantes de militares a indígenas en su propio territorio. Algunos indígenas recordaron el ambiente previo a la brutal represión policial ocurrida durante la VIII Marcha de 2011 en la localidad de Chaparina, cuando la policía gasificó, golpeó, apresó, torturó y confinó a cientos de mujeres, hombres, abuelos, niños y niñas indígenas.

En este contexto, el enfrentamiento entre ambas partes fue la culminación de toda esta tensión reunida durante esos días de angustia, desconcierto e impotencia. Cuando a las nueve de la mañana del domingo 27 de agosto, un grupo de militares que escoltaban una embarcación con asistentes al evento de San Pablo, intentaron cruzar el alambre de púas, -instalado por la dirigencia orgánica- las llamadas de atención por parte de las y los indígenas del Centro de Gestión se elevaron. A pesar de haber comunicado desde la orilla del río que los militares no tenían permiso para entrar al territorio, éstos hicieron caso omiso. Posteriormente, los indígenas se lanzaron a sus canoas para reforzar el bloqueo del río y se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó a dos líderes heridos, Marquesa Teco e Hilario Noto, además de una barcaza militar hundida y las mechas de todos los testigos prendidas.

Modesto Yujo y Antonio Huayacuna, familiares de la Corregidora de la comunidad de Gundonovia, fueron detenidos irregularmente por la Fuerza Naval, y llevados hasta la ciudad de Trinidad. Los liberaron porque no había ninguna orden para su aprehensión. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, logró entrevistarse con el Comandante de la Fuerza Naval y comprometerlo verbalmente a cesar el hostigamiento a las delegaciones de indígenas y activistas que se disponían a salir del territorio luego de culminado el encuentro.

Las mujeres del territorio estuvieron durante todo momento en la primera línea de resistencia. El 28 de agosto, un día después de los enfrentamientos, tres de ellas, Cecilia Moyoviri, Maria Luisa Maldonado y Marquesa Teco, nos contaban con enojo lo ocurrido.

Como una medida de autoprotección decidimos salir en un solo grupo de canoas. Regresábamos en una delegación de 12 cascos rumbo a puerto Tarumá. En todo este trayecto nosotros, como otras redes informativas y activistas independientes, reportamos que toda la zona de acceso al TIPNIS estaba militarizada, pues incluso se había instalado un campamento con al menos 50 militares con carpas y deslizadores en la playa de Gundonovia -primera comunidad de ingreso al territorio- desde la que controlaban el acceso y la salida al TIPNIS.

Coraje

“¡A nosotros el gobierno no nos va a comprar!”, exclamaba Jenny Ramos cuando la visitamos en Santa Lucía y conversamos con varias familias en la escuela de aquella comunidad. Esa simple frase demuestra la fuerza, convicción y humildad de la resistencia, pese a todo el poder desplegado por el gobierno de Bolivia y a las presiones capitalistas sobre el territorio: ampliar la colonización en favor de los productores de hoja de coca, reactivar la exploración petrolera, deforestar el área sensible del parque.

Ahora mismo la lucha en defensa del TIPNIS continúa y su llama se ha extendido nuevamente por varias ciudades dentro y fuera de Bolivia. La Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) convocó a una acción global el 22 de septiembre en defensa de los pueblos amazónicos, entre ellos el TIPNIS. Activistas ambientalistas y de derechos humanos de Bolivia, así como organizaciones sociales de maestros, sindicatos, universidades y otras luchas indígenas han hermanado esfuerzos para resistir el nuevo embate del paradójico gobierno boliviano “pachamamista”.

A partir de testimonios y vivencias del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), este artículo demuestra que el gobierno de Bolivia volvió a imponer la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con actos de mala fe y desinformación, prometiendo proyectos a muchas comunidades e incumpliendo estos compromisos: ofrecieron semillas, techar sedes, atención médica, equipos como antenas, tanques de agua, paneles solares, y un siníin de “espejitos” a cambio de obtener firmas. Estas firmas se consiguieron a través de engaños y fraude. Posteriormente se usaron para legitimar la anulación de la Ley 180 que protege al parque.

En este lapso el gobierno central también movilizó al aparato estatal de la gobernación del Beni (departamento donde se ubica el TIPNIS), de ministerios como Desarrollo Rural, Trabajo e incluso la petrolera estatal YPFB y -lo que es más preocupante- aplicó toda una estrategia de militarización de los ríos de la Amazonía, a lo largo del Mamoré, Isiboro y Sécure. Los hechos más dramáticos fueron la detención de dos comunarios y las reyertas con la organización indígena.