No al mercadeo de derechos

Julio de 2017 fue un mes donde la lucha por la erradicación de la violencia machista realizó un avance significativo. Tras una década en la que sólo los partidos progresistas del Estado español se habían comprometida con ella, por fin, parecía, que se habían unido los partidos conservadores.

Un pacto de estado, un proyecto común por parte de todos los partidos. Doscientas medidas financiadas con 1.000 millones de euros para los siguientes cinco años que venían a reconocer una realidad que, durante mucho tiempo, los movimientos más conservadores habían ninguneado, rechazado e incluso desacreditado. En la sociedad que ha sido construida durante siglos, la posición de la mujer ha estado subordinada a la del hombre y ha sido necesario poner medidas para contrarrestar la máxima expresión de esa desigualdad, la violencia de género que, en el peor de los casos, acaba en asesinato.

La necesidad de pactar con la ultraderecha para alcanzar un gobierno ha puesto en solfa todos los avances conseguidos. Decía Simone de Beauvoir que “el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” y eso, en estos días y desafortunadamente en los próximos meses, lo hemos visto y lo estamos viendo en el debate público.

Un grupo de personas han sacudido a quienes, apenas hace año y medio, se habían “comprometido” con la igualdad real y efectiva. Un grupo con ansia de supremacía respecto a todo lo que quieran considerar diferente, anhelando aquel pasado en el que la sumisión no sólo no se combatía, sino que se toleraba, se divulgaba y se justificaba. Normalizándola a un modelo de sociedad, a un sistema de “valores”, en el que se discrimina al 50% de su población. Igual que han pretendido ahora reducir el envergadura del problema de la violencia de género, aquella que se produce contra la mujer por el hecho de ser mujer, al sustituir este término por violencia doméstica.

No se construye sociedad discriminando, acosando y asesinando al 50% de las personas con las que se convive. Tampoco se construye sociedad con quienes se inventan estadísticas y realidades para justificar posiciones con las que esconder el verdadero deseo, que no es más que la “reconquista”, la restauración de aquellos valores en los que la superioridad del hombre no se ponía en duda. Por la recuperación del heteropatriarcado, ese viejo modelo que da sus últimos coletazos por Europa y por todo el mundo anglosajón y que sale con más virulencia y viralidad a medida que se van avanzando en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Por eso, que Partido Popular y Ciudadanos hayan obtenido un compromiso de apoyo, ya sea en directo o en diferido, con quienes representan esas posiciones no es sólo peligroso, sino que dañino. Porque el compromiso con la igualdad real y efectiva que se precisa en estos partidos debe ser tan indiscutible como el compromiso que tienen con valores como la unidad territorial.

Porque el diálogo se puede y debe prestar con quienes teniendo posiciones comunes y distantes, las distantes no agreden directamente a otros derechos. Porque los complejos de quienes les definen como “derechita cobarde” no les debe dejar ser arrastrados a posiciones de odio y de terror contra las mujeres.

Por eso, y para que quede claro que ante la embestida tóxica de la “derechita valiente”, no queda otra que posicionarse. Unirnos todos y todas las que pensamos en que la igualdad real y efectiva no es sólo un derecho, sino una necesidad. Que los constantes insultos y humillaciones que hacen en forma de declaración y negociación no tienen cabida en la sociedad igualitaria que estamos construyendo.

Que no vamos a dar #NiUnPasoAtrásEnIgualdad. Que con terroristas machistas #NoNegociamos. Por eso, Nueva Canarias se une y anima a participar en las movilizaciones feministas que convoca la red feminista el próximo 15 de enero a las 19 horas.

María del Carmen Reyes es secretaria de Igualdad de Nueva Canarias.

Julio de 2017 fue un mes donde la lucha por la erradicación de la violencia machista realizó un avance significativo. Tras una década en la que sólo los partidos progresistas del Estado español se habían comprometida con ella, por fin, parecía, que se habían unido los partidos conservadores.

Un pacto de estado, un proyecto común por parte de todos los partidos. Doscientas medidas financiadas con 1.000 millones de euros para los siguientes cinco años que venían a reconocer una realidad que, durante mucho tiempo, los movimientos más conservadores habían ninguneado, rechazado e incluso desacreditado. En la sociedad que ha sido construida durante siglos, la posición de la mujer ha estado subordinada a la del hombre y ha sido necesario poner medidas para contrarrestar la máxima expresión de esa desigualdad, la violencia de género que, en el peor de los casos, acaba en asesinato.