Del parloteo a los hechos

Comenzaba nuestro Juan Candidato reclamándole al Estado el deber de invertir el superávit presupuestario en Canarias. Daba por hecho que tal superávit existe y no es una mera ficción contable. Se olvidaba también que, para esas reclamaciones, hay que ponerse en cola detrás de catalanes, vascos, gallegos, andaluces, extremeños y del pago de los cheques bebé, vivienda, emancipación y otros que ofrezcan antes del 9 de marzo. De momento lo que puede hacer es rellenar una papela y presentarla, por triplicado ejemplar, en Feraz y en Génova, por aquello de poner una vela al diablo y otra a Dios, en este orden, pues aquí y ahora y visto lo visto, no vale la propiedad conmutativa, versión laicista.

“Debe hacerlo para mejorar la situación de los asalariados y pensionistas más desfavorecidos”, añadió con solemne gravedad paternalista. Ante tal afirmación, propia del pensamiento Alicia en estado puro, debería de concretar en qué consiste realmente esa mejora que propone. Lo tiene algo más fácil en el caso de los pensionistas, aunque no sea asunto tan evidente como pudiera parecerle, dados los múltiples tipos y modalidades de pensiones que existen y que no es sólo la cuantía lo que define su equidad o justicia. Pero el caso de los asalariados es diferente y bien merece la pena que el candidato se explique. ¿Se refiere a subir el sueldo sólo a los funcionarios y empleados públicos o también a los de las empresas privadas?

Difícil es hacerlo en lo público sin crear otro problema adicional de homologación o de agravio comparativo con otros funcionarios, pero plantearlo para el sector privado, frecuentemente peor remunerado que el público, es agitar un avispero. Supongo que no estará pensando nuestro Juan Candidato en repartir una parte del superávit público en mejorar las nóminas de los empleados por cuenta ajena en empresas privadas o a los autónomos. Esa confusión es muy típica de aquellos políticos que sólo han vivido de fondos públicos y nunca han trabajando en la economía privada. Desgraciadamente, de estos, ya hay demasiados.

Proclama y repite los típicos “mantras” de apostar por el desarrollo sostenible “mediante la potenciación de las ciudades turísticas y las energías alternativas”. Por el momento habla sin levitar aunque a puntito está de hacerlo. ¿Piensa en la energía nuclear, en el gas, o sólo en los molinillos y paneles solares o fotovoltaicos tan onerosamente subvencionados para que el coste del Kwh no sea un lastre para las economías productivas y domésticas? La potenciación turística ¿se refiere a usar dinero público para reformar hoy hoteles y apartamentos privados y “obsoletos” para que mañana sigan tan desocupados como antes? ¿Sigue convencido que turismo es sinónimo de alojamiento y construcción en vez de ocio y servicios?

Por último, Juan Candidato, se preocupa por la recuperación del sector agrícola para autoabastecer los mercados isleños, dice. En una economía de mercado, cuando un producto o un sector entra en declive es porque ya no se demanda como antes o porque su precio ya no es competitivo. Desde siempre los productos agrícolas de Canarias estaban destinados a ser exportados a otras tierras donde podían venderse a un precio rentable. Su coste de producción, a pesar de los bajos sueldos de los campesinos, era y es muy elevado. La cesta de la compra para los habitantes de Canarias se puede mantener y contener, en realidad con poca eficacia viendo la desmesurada subida de precios en los alimentos básicos, gracias a la importación masiva de todo tipo de productos, dejando los del país como artículos de gran calidad a un precio elevado y sólo asequibles a las economías más potentes.

Caso distinto sería incrementar o mantener el sector agrícola por lo que supone de cuidado, conservación o mejora del paisaje rural y de aquellos valores ecologistas que sean dignos de respeto. Pero aquí vuelve a producirse la paradoja de que para mejorar el rendimiento de los cultivos con frecuencia se perjudica el paisaje. Y así, mientras las ayudas públicas sirven para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y para evitar el abandono del campo, sin acabar de contener la escalada de precios al consumidor, el paisaje se cubre de un antiestético mar de plástico que oculta bajo su superficie lo que se supone que debiera ser un jardín de bellezas sin par. Vestir un santo para desvestir otro, peor aún si este otro es el que fundamenta la economía de tal vez la mayoría de los canarios.

¿Palabras bonitas, pero hueras? ¿Brindis al sol de la fanfarria electoral? ¿Pura demagogia politiquera? ¿Buscar nuestra complicidad y justificación para disponer del usufructo de una Visa Platino, coche oficial, viajes por medio mundo, etc.? ¡Qué difícil nos lo pone, Don Juan!

José Fco. Fernández Belda

Comenzaba nuestro Juan Candidato reclamándole al Estado el deber de invertir el superávit presupuestario en Canarias. Daba por hecho que tal superávit existe y no es una mera ficción contable. Se olvidaba también que, para esas reclamaciones, hay que ponerse en cola detrás de catalanes, vascos, gallegos, andaluces, extremeños y del pago de los cheques bebé, vivienda, emancipación y otros que ofrezcan antes del 9 de marzo. De momento lo que puede hacer es rellenar una papela y presentarla, por triplicado ejemplar, en Feraz y en Génova, por aquello de poner una vela al diablo y otra a Dios, en este orden, pues aquí y ahora y visto lo visto, no vale la propiedad conmutativa, versión laicista.

“Debe hacerlo para mejorar la situación de los asalariados y pensionistas más desfavorecidos”, añadió con solemne gravedad paternalista. Ante tal afirmación, propia del pensamiento Alicia en estado puro, debería de concretar en qué consiste realmente esa mejora que propone. Lo tiene algo más fácil en el caso de los pensionistas, aunque no sea asunto tan evidente como pudiera parecerle, dados los múltiples tipos y modalidades de pensiones que existen y que no es sólo la cuantía lo que define su equidad o justicia. Pero el caso de los asalariados es diferente y bien merece la pena que el candidato se explique. ¿Se refiere a subir el sueldo sólo a los funcionarios y empleados públicos o también a los de las empresas privadas?