¿Qué pasa con el agua en Canarias?

El gobierno autónomo de Canarias, en su página dedicada al agua en Canarias nos dice: La particular idiosincrasia en la propiedad y gestión del agua en Canarias tiene su origen en las condiciones climáticas y sociales del entorno. Pocos factores influyen tanto en el desarrollo de un pueblo como es la escasez de recursos hídricos. Con una media anual de precipitaciones de unos 324 mm, el agua ha sido un factor limitante en el desarrollo de la economía agraria de las Islas. Concluida la conquista a finales del siglo XV, se procede al reparto tanto de tierras como de sus aguas, condicionado a obligaciones que favorecían el poblamiento, autorizándose así la privatización de la tierra con su correspondiente agua de riego. Los beneficiados con tierras de riego se convirtieron en grandes propietarios, que pasaron a conformar el grupo dominante en la sociedad canaria. Desde entonces, las heredades de agua o heredamientos aglutinarán a los propietarios del agua, denominados como agua tenientes, germen de la futura oligarquía isleña.

El propio gobierno reconoce que el problema principal del agua en Canarias es su propiedad. Es decir, la propiedad privada del agua. Más adelante intentará corregir esta proclamación izquierdista diciendo: La nueva realidad, consecuencia directa de la sobreexplotación de los acuíferos, contempla la obtención de agua con novedosas tecnologías como la desalación, lo que ha relativizado la importancia de la propiedad privada sobre los recursos hídricos. Como si las desaladoras de Canarias fueran todas públicas y ninguna privada. Detrás de esta fanfarria de palabras lo que se quiere camuflar es la dura realidad. El agua es propiedad privada y ninguna de las leyes canarias ha modificado esa situación, eso sí, se proclama en el preámbulo de la ley de aguas de 1990, modificada puntualmente en el 2021:

“Se configura como principio legal básico la subordinación de todas las aguas al interés general, sobre la base de que se trata de un recurso que debe estar disponible en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio ambiente de las islas”.

 Que la propiedad del agua siga siendo privada lo hemos vivido recientemente en Gran Canaria, cuando el aguateniente de turno cortó el suministro al municipio de Guía con el pretexto de que el ayuntamiento no le pagaba en tiempo y forma. Al final intervino el Cabildo de la isla, abonando la factura para que se restableciera el suministro. Y, en Tenerife, hemos visto el paripé del Cabildo encabezado por doña Rosa Dávila al declarar la emergencia hídrica en la isla y presentar 75 medidas para combatirla que se resumen en una: la petición a los señores propietarios del agua para que suban los precios y así la gente, agricultores incluidos, tomen medidas de ahorro y consuman menos. Eso sí, el negocio privado con las necesidades de la gente debe continuar.

La guinda la ha puesto el anuncio de la autorización de un campo de golf en Adeje, en el sur de la isla, que consumiría al año lo mismo que una población de dieciséis mil personas. ¡En plena emergencia hídrica contribuir al despilfarro de un valioso recurso para el negocio de unos pocos!

De los campos de golf sabemos algo en Gran Canaria, tenemos once, con un consumo anual de 4.996.500 metros cúbicos al año. Y no existen cifras del uso de dichos campos por los turistas, ni de su rentabilidad, etc. Y, como dato no menos importante, un turista en nuestro archipiélago consume aproximadamente al día unos 400 litros de agua dulce, mientras una persona residente consume alrededor de 120 litros. Sin embargo, todas sabemos en donde se hacen los cortes cuando hay escasez de suministro.

Del respeto al medio ambiente mencionado en el preámbulo, mejor ni hablar. Se queda en eso, en el preámbulo. Y el interés general no es la agricultura de consumo insular sino el campo de golf para los turistas. Después se llenarán la boca acusando de turismo fobia a los que criticamos esas decisiones.

La misma ley habla de la obligación de tener planes hídricos en cada isla, redactados por los Cabildos a través de los Consejos Insulares de Aguas. Haberlos haylos, pero no todos son iguales ni tienen la misma eficacia. Ya hemos visto como el de Tenerife se limita pedir que se suban los precios, y el de Gran Canarias se preocupa más por el mantenimiento de las infraestructuras públicas por las que circulan aguas privadas (disparate de Chira Soria incluido) que, por el control público, la coordinación de la depuración y la desalación, etc. Es decir, controlar, desarrollar e implantar el ciclo integral del agua.

Las administraciones canarias hablan mucho del asunto, pero no han tomado desde la ley de 1990 ni una sola medida en ese sentido. De hecho, las principales depuradoras de las islas están sobrecargadas y trabajan por encima de sus capacidades, con el riesgo de vertidos incontrolados y la mala calidad de la depuración que eso trae consigo. Más que desaladoras, lo que se necesita son depuradoras. Sirva como ejemplo de este disparate la isla de Gran Canaria: en sus distintos EDAR, trata cerca de cuarenta y cuatro millones de metros cúbicos de agua al año. Pero solo regenera para su reutilización en riegos doce millones de metros cúbicos. No se entiende el empeño en extender la desalación, que no negamos que sea necesaria en algunos casos, cuando el metro cúbico de agua desalada está en un euro de coste, según declaraciones de doña Carmen García, vicepresidenta de la Asociación de Desalación y Reutilización de Aguas en España, el lobby de la patronal para controlar el asunto; y el metro cúbico de agua depurada lo cobra EMALSA a los usuarios a poco más de 27 céntimos de euro. Noten que no sabemos cuánto cuesta depurar el agua, solo sabemos lo que la empresa nos cobra por ello. Y no creemos que cobre por debajo del coste.

Así las cosas se impone tomar algunas medidas como serían: reclamar la titularidad pública de agua, llegando a la expropiación sin indemnización, pues llevan los aguatenientes cinco siglos viviendo del asunto, fijar un precio por metro cúbico de agua dependiendo de su origen, un precio justo y asumible por la ciudadanía; completar el ciclo integral del agua, de forma que toda el agua consumida en las islas sea reutilizada, evitando así el exceso de vertidos y el abuso de la desalación, todo desde lo público; y apoyar desde nuestras universidades e institutos tecnológicos la investigación sobre desalación y tratamiento de aguas, buscando reducir costes y generar conocimiento y talento insular sobre el tema. Alguna de estas medidas puede ser tachada de radical, estamos dispuestos a discutirlas, pero lo que no deja ninguna duda es que la situación del agua en las islas se deteriora año tras año por dos causas principales: la codicia de los propietarios del agua y la dejadez de las administraciones canarias. El agua para todas las personas de Canarias es una reivindicación justa, pues el agua es un elemento necesario para la vida. Especular con el agua es especular con la vida, con nuestra vida.  

El gobierno autónomo de Canarias, en su página dedicada al agua en Canarias nos dice: La particular idiosincrasia en la propiedad y gestión del agua en Canarias tiene su origen en las condiciones climáticas y sociales del entorno. Pocos factores influyen tanto en el desarrollo de un pueblo como es la escasez de recursos hídricos. Con una media anual de precipitaciones de unos 324 mm, el agua ha sido un factor limitante en el desarrollo de la economía agraria de las Islas. Concluida la conquista a finales del siglo XV, se procede al reparto tanto de tierras como de sus aguas, condicionado a obligaciones que favorecían el poblamiento, autorizándose así la privatización de la tierra con su correspondiente agua de riego. Los beneficiados con tierras de riego se convirtieron en grandes propietarios, que pasaron a conformar el grupo dominante en la sociedad canaria. Desde entonces, las heredades de agua o heredamientos aglutinarán a los propietarios del agua, denominados como agua tenientes, germen de la futura oligarquía isleña.

El propio gobierno reconoce que el problema principal del agua en Canarias es su propiedad. Es decir, la propiedad privada del agua. Más adelante intentará corregir esta proclamación izquierdista diciendo: La nueva realidad, consecuencia directa de la sobreexplotación de los acuíferos, contempla la obtención de agua con novedosas tecnologías como la desalación, lo que ha relativizado la importancia de la propiedad privada sobre los recursos hídricos. Como si las desaladoras de Canarias fueran todas públicas y ninguna privada. Detrás de esta fanfarria de palabras lo que se quiere camuflar es la dura realidad. El agua es propiedad privada y ninguna de las leyes canarias ha modificado esa situación, eso sí, se proclama en el preámbulo de la ley de aguas de 1990, modificada puntualmente en el 2021: