Los pecados no redimidos de Santa Cruz

Hay pecados más graves que los señalados por el obispo de Tenerife en sus esperpénticas declaraciones recientes en el BTC de Televisión Canaria. Algunos de ellos tienen que ver con el modo en el que una sociedad aborda cuestiones trascendentes para entender la diferencia entre democracia y dictadura, entre libertad y represión, entre reconocimiento de los hechos históricos o negación de los mismos. La controversia sobre la presencia de símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la Comunidad Autónoma de Canarias, 46 años después de la muerte del dictador, ha regresado para enseñarnos que en los asuntos públicos lo mejor es siempre afrontar esas asignaturas pendientes que al final regresan para dejarnos en mal lugar, a los ciudadanos y sobre todo a quienes tienen la potestad de tomar decisiones en defensa no sólo de la ley, sino también del consenso mínimo entre demócratas. Sobre los hitos citados en el borrador de catálogo de símbolos franquistas hecho público esta semana por el Gobierno canario se ha hablado mucho, pero no se ha hecho apenas nada. ¿Reparación necesaria o estigmatización oportunista? Algunas consideraciones.

La ley canaria de memoria histórica. Nuestra comunidad autónoma tiene, desde diciembre de 2019, una ley específica para regular los principios y procedimientos relacionados con la memoria histórica en las Islas, que incluye, claro está, el método para proceder con los símbolos procedentes de la dictadura franquista. Es importante recordar que no estamos ante una ley promovida por el actual Gobierno, ni tampoco por el anterior (el trámite parlamentario comenzó en 2017, es decir, en la legislatura precedente): fue una proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara autonómica en pie de igualdad. Por tanto, se puede afirmar que todo el arco político representado en las instituciones de la autonomía canaria fue suscriptor de una norma que además fue aprobada por unanimidad del Parlamento. Y si se está de acuerdo con la ley, se supone que se está de acuerdo con su cumplimiento. No solo porque las leyes existen para ser ejecutadas, sino por el mandato solemne que recoge esta norma en sus primeras palabras: “La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y su reconocimiento y reparación representan un deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”. O tenemos claro que estamos ante la reparación de una injusticia o es que no entendemos nada.

El catálogo que promueve el Gobierno. Los artículos 11, 12 y 13 de la ley canaria de memoria histórica son fundamentales. El primero de ellos recoge la creación, composición y método de trabajo de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica; el segundo, ojo con él, regula el procedimiento para la elaboración del “catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias”, con el añadido muy citado en estos días de que dicho documento deberá referirse al “ámbito territorial canario”. El artículo 13 regula la retirada de la simbología franquista tomando como base el citado catálogo de elementos que de un modo u otro recuerdan en sentido elogioso los hechos y tiempos de la dictadura franquista. La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias ha optado por iniciar la redacción de dicho catálogo con Santa Cruz de Tenerife, bajo al argumento, cierto pero muy discutible respecto a la pulcritud del procedimiento, de que estamos ante la localidad canaria con mayor número de símbolos franquistas en su territorio. La verdad es que para acometer dicha tarea el Gobierno se ha encontrado con un trabajo previamente hecho, el prolijo documento que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña contrató a la Universidad de La Laguna bajo la coordinación de María Isabel Navarro, catedrática de Historia del Arte. Esa y no otra es la razón que ha hecho posible la aprobación de una propuesta que ya puede ser trasladada a la Comisión de la Memoria Histórica. Las interpretaciones sobre todo este modo de proceder son subjetivas y libres, desde el “intento de estigmatización” que plantea el alcalde chicharrero a la constatación, recordada por el viceconsejero Juan Márquez, de que es lógico empezar por donde el rastro franquista es más visible en las calles y plazas. Y en este aspecto Santa Cruz gana por goleada, porque la retirada de la simbología franquista es una asignatura pendiente. Pero este hecho no oculta la percepción de que el Gobierno ha iniciado la aplicación de la ley canaria con un ejercicio notable de torpeza e improvisación.

La posición del alcalde. José Manuel Bermúdez está en una posición política incómoda. El alcalde nacionalista no es en absoluto un nostálgico del franquismo, pero es un gobernante alérgico a ciertos riesgos, entre ellos el de tomar decisiones que puedan tener una respuesta adversa para él entre la parte más conservadora de su electorado. Esta dualidad la vive intensamente CC en la isla de Tenerife desde hace décadas, con Santa Cruz como epicentro. Y ahora las cosas pueden ponerse peor, desde la aparición de Vox y su presumible presencia en las instituciones canarias tras las elecciones autonómicas y locales de 2023. Sea como fuere, Bermúdez queda mal ubicado en este conflicto, porque una cosa es tener razones y otra tener razón. El alcalde se queja por el señalamiento de la ciudad como parque temático de la nostalgia franquista en Canarias, y argumenta acto seguido que sin la aprobación del catálogo regional no es posible retirar iconos de la dictadura hoy presentes en el espacio público. Para ello alude al artículo 13.2 de la ley canaria, que dice lo siguiente: “La retirada a que se refiere el apartado anterior se hará efectiva una vez sea certificado por el órgano competente que el correspondiente objeto o mención de simbología franquista se encuentra incorporado al catálogo a que se refiere el artículo 12 de la presente ley”. ¿Impide la ley de memoria histórica de Canarias retirar el monumento a Franco sin su previa inclusión en el catálogo de símbolos franquistas? Que hablen los juristas, pero parece una afirmación muy cogida por los pelos. Es cierto que la ley no puede obligar a Bermúdez a mover ficha en este asunto sin el procedimiento reglado, pero en modo alguno le impide tomar decisiones en el ámbito de sus competencias como alcalde; retirar una estatua, por ejemplo.

Una verdad incómoda. La propuesta de catálogo que impulsa el Gobierno, basado a su vez en el informe de los expertos de la ULL, da respuesta a una pregunta que seguramente nunca se han formulado miles de ciudadanos de Santa Cruz: ¿es la capital tinerfeña un lugar en el que el franquismo se empeñó con particular denuedo en dejar señales físicas de su triunfo, glorificar a sus líderes y humillar a los vencidos? La respuesta es sí, y no es un hecho inocuo. Los chicharreros hemos interiorizado con asombrosa normalidad que calles, plazas, puentes e incluso barrios enteros llevaran el nombre de militares golpistas y colaboradores directos del dictador. Ha faltado, esto no es de ahora, coraje para afrontar la oscuridad de un pasado muy asociado con el hecho de que la isla de Tenerife fuera la primera estación de la sublevación de 1936. El franquismo actuó con determinación para dejarlo claro, y los políticos de la democracia no han actuado con la misma diligencia para reparar la injusticia.

El monumento a Franco. Es el gran icono del momento, sin duda alguna, porque es una estatua en honor al dictador Francisco Franco, como recogieron sobradamente las crónicas de la época desde su inauguración en 1960, No-Do incluido. Y parece claro que sólo la aplicación de la norma hasta sus últimas consecuencias forzará su desaparición, en la medida que estamos ante un elemento simplemente imposible de resignificar. ¿Qué hacemos, convertirlo en un homenaje al Carnaval o a Franco Battiato? La obra de Juan de Ávalos Taborda, el escultor del Valle de los Caídos, no es una estatua de Franco, es una estatua de homenaje a Franco, y esto debería ser razón suficiente para su retirada en el menor plazo posible. Algunas propuestas exóticas, como la de su catalogación como bien de interés artístico, no han sido formuladas en negro sobre blanco jamás. Ni lo serán, porque cualquier iniciativa en este sentido parecería un ardid para salvar el monumento por el tortuoso camino de incluirlo en la excepción recogida por las leyes estatal y canaria de memoria histórica. Lo parecería porque lo sería, tampoco vamos a engañarnos. El monumento languidece para enfado de no pocos nostálgicos y como prueba fehaciente de que la determinación no es el punto fuerte de los gobiernos chicharreros a la hora de mitigar la exuberante presencia del imaginario franquista en la ciudad.

La torre de los caídos. Este espacio tiene algunos episodios curiosos en el historial. Divertidos incluso. Pero lo primero es aclarar que la propuesta del catálogo promovido por el Gobierno, y del informe que lo sustenta, plantea objetivos ciertamente modestos. Modestos y sensatos. Alude expresamente a la resignificación del complejo en una línea similar a la aplicada en el Valle de los Caídos, porque la torre de la Plaza de España no puede seguir siendo un memorial propagandístico de la victoria franquista. Por tanto, no contempla su demolición, supuesto que ha planteado el alcalde Bermúdez en declaraciones de estos días. Podríamos recordar que un predecesor suyo, el hoy encarcelado Miguel Zerolo, sí planteó seriamente la retirada de la torre bajo un argumento tan original… como falso. Zerolo sorprendió un domingo de hace casi dos décadas con una entrevista en el diario La Opinión para afirmar que la cruz de los caídos tenía aluminosis y era necesaria su retirada por razones de seguridad pública. Hay que entender aquello en el contexto de un proceso de remodelación de la Plaza de España en el que los arquitectos suizos Herzog y De Meuron mostraban un nulo entusiasmo por la conservación de este ejemplo de arquitectura fascista en medio de su costoso y finalmente inconcluso (y también fallido) proyecto. Los nostálgicos del régimen, gente muy conservadora pero también instruida, detectaron de inmediato el truco zeroliano y recordaron al alcalde la imposibilidad de su argumento, pues el cemento aluminoso, protagonista de no pocos quebraderos de cabeza en edificios públicos y privados de Tenerife, no llegó a las Islas hasta bastantes años más tarde. Nadie dijo una palabra más sobre la presunta patología estructural de la torre, que espera nuevas decisiones ya derivadas de la normativa de memoria histórica.

Una pregunta final. ¿Consideramos aceptable tener símbolos de una dictadura en nuestras calles, sí o no? Es una pregunta muy poco retórica que tienen que responder los 27 concejales de la corporación chicharrera, y no tiene nada que ver con las opiniones diversas de los vecinos de la capital, ni tampoco con quién puede salir beneficiado o perjudicado por la respuesta. Quizá una tarea propia de héroes, diría Max Weber, pero se supone que eso es la política.