El problema de Clavijo es la cuota de Netflix

Dice el Gobierno de Canarias que la previsión de gasto para atender durante 2024 a los 6.000 menores extranjeros no acompañados que han llegado a las islas asciende a 156 millones de euros. 

Parece, y sin duda lo es, una cantidad importante y así lo ha reconocido el Gobierno de España, que ha comprometido una aportación finalista por 72 millones de euros para cofinanciar una competencia que, en última instancia y por mandato constitucional recogido en el Estatuto, es exclusivamente autonómica.

Fruto de esa aportación estatal, que probablemente no sea la última en este ejercicio, Canarias tendrá que destinar 84 millones de euros de sus recursos a la atención de los menores migrantes.

Sigue siendo una cifra importante, por más que se haya reducido casi a la mitad, pero al estar expresada en millones de euros resulta casi imposible valorarla en su justa medida desde la perspectiva de quien ha de conformarse con un salario medio de 29.000 o 24.000 euros anuales, dependiendo de si es hombre o mujer en esta tierra de igualdad y oportunidades.

Toca entonces tratar de reducir esta cifra a magnitudes que puedan compararse y para ello se debe tener en cuenta el presupuesto anual de Canarias, que asciende a algo más de 10.000 millones de euros.

Un sencillo cálculo permite comprobar que los 84 millones que tienen en vilo a Clavijo representan, frente a los 10.000 millones de que dispone su gobierno, tan solo un 0,84% del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Netflix ofrece en España tres tarifas: la estándar con anuncios por 6,99€ al mes; la estándar que cuesta 13,99€ mensuales, y la premium, que se eleva a los 19,99€ para dicho período. Multiplicando por doce meses, esas tres suscripciones ascienden a 83,88€, 167,88€ y 239,88€, respectivamente.

Comparando ese costo anual de las diferentes tarifas de Netflix con el sueldo medio en Canarias, puede comprobarse que la suscripción a la plataforma de streaming representa el 0,31%, el 0,63% o el 0,90% del salario, según la modalidad elegida y utilizando como salario medio 26.500 euros (la media entre el cobrado por las mujeres y los hombres).

Es decir, la atención a los menores extranjeros representa en el presupuesto de Canarias menos que la suscripción premium de Netflix para un sueldo medio en Canarias.

Se podrá sostener, y con razón, que no puede compararse la atención a menores extranjeros con la suscripción a Netflix y que son muchos los hogares que no disponen de acceso a la plataforma, por más que sí accedan a servicios equivalentes de otras compañías.

Cierto. La suscripción queda a medias entre un lujo y una de las nuevas necesidades surgidas al calor de la sociedad de la información. La atención a los menores, por su parte, constituye una obligación constitucional derivada del derecho internacional y, sobre todo, la respuesta mínima exigible para conservar la humanidad frente al drama que se desarrolla en nuestras costas.

Puede considerarse este cálculo y la comparación derivada como un ejercicio intrascendente y, posiblemente, hasta ridículo. Pero lo que sí alcanza el límite del ridículo más espantoso y el populismo más descarnado es el intento de Clavijo y sus socios de pretender convertir la atención a los menores en el problema de Canarias, cuando supone un porcentaje mínimo con respecto a los recursos de que dispone su gobierno.

Dice el Gobierno de Canarias que la previsión de gasto para atender durante 2024 a los 6.000 menores extranjeros no acompañados que han llegado a las islas asciende a 156 millones de euros. 

Parece, y sin duda lo es, una cantidad importante y así lo ha reconocido el Gobierno de España, que ha comprometido una aportación finalista por 72 millones de euros para cofinanciar una competencia que, en última instancia y por mandato constitucional recogido en el Estatuto, es exclusivamente autonómica.