El profesor Neira

El caso del profesor Neira es fiel reflejo del doble lenguaje que aún maneja gran parte de esta sociedad. Lo encarna en esta ocasión la Comunidad de Madrid, que pretende personarse en la causa penal abierta como acusación popular para, según sus portavoces políticos, ejercerla contra el agresor de la mujer y del profesor moribundo.

Lo malo es que la Comunidad de Madrid ya es parte en el procedimiento como posible responsable civil subsidiario por la cadena de presuntos errores negligentes producidos en los hospitales de Móstoles y de Puerta de Hierro donde fue mal atendido el profesor. Quiere ser acusada y acusadora, juez y parte, para en el momento procesal oportuno decidir si actúa como paladín contra la violencia machista, o si se atrinchera en la defensa de los tres médicos imputados y del sistema sanitario público (es un decir) de Madrid. O ambas cosas a la vez, lo que no sería actuación inédita en España

Algo similar hizo en Canarias la Comunidad Autónoma con el llamado caso Turismo: unos funcionarios y sus cómplices cobraban comisiones ilegales a agencias de viajes por las correspondientes y regladas autorizaciones. Siendo en última instancia responsable civil subdisiario, el Gobierno se empeñó en personarse para terminar pidiendo ejemplarizantes condenas para los procesados, y sacudirse de ese modo las posibles responsabilidades por la falta de control y vigilancia que en este caso (como en otros muchos, seguro) se produjo en la Consejería de Turismo.

En Madrid está en el alero algo mucho más grave, la vida de una persona que trató de evitar una agresión machista que pudo acabar de modo fatal. El Gobierno de la región , cuyo sistema sanitario está en entredicho por la inclinación privatizadora de la lideresa Aguirre, ha decidido otorgar al profesor Neira la medalla al Mérito Ciudadano. Un verdadero consuelo.

El caso del profesor Neira es fiel reflejo del doble lenguaje que aún maneja gran parte de esta sociedad. Lo encarna en esta ocasión la Comunidad de Madrid, que pretende personarse en la causa penal abierta como acusación popular para, según sus portavoces políticos, ejercerla contra el agresor de la mujer y del profesor moribundo.

Lo malo es que la Comunidad de Madrid ya es parte en el procedimiento como posible responsable civil subsidiario por la cadena de presuntos errores negligentes producidos en los hospitales de Móstoles y de Puerta de Hierro donde fue mal atendido el profesor. Quiere ser acusada y acusadora, juez y parte, para en el momento procesal oportuno decidir si actúa como paladín contra la violencia machista, o si se atrinchera en la defensa de los tres médicos imputados y del sistema sanitario público (es un decir) de Madrid. O ambas cosas a la vez, lo que no sería actuación inédita en España