Propuestas para un Sistema de Pensiones que garantice la equidad

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta inmediata del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

¿Dónde están las causas de este desajuste? En primer lugar, la caída de la actividad económica a partir de 2009 llevó a una importante reducción de las rentas del trabajo, la fuente en exclusiva de la recaudación para el pago de las pensiones. En 2008 el número de asalariados en nuestro país alcanzó la cifra de 19,3 millones de trabajadores y su salario medio en 2010 llegó a ser 19.113 euros anuales. En 2012 el número de trabajadores había caído a 17,1 millones y su salario medio se quedó en 18.601 euros anuales (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España). La consecuencia es que cayó la recaudación por cotización a las seguridad social y fue la primera vez que el gobierno tuvo que disponer del Fondo de Reserva para el pago de pensiones.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España generó que en 2012 el 20,47% de los asalariados recibieron una renta anual inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional. La retribución anual media de este importante grupo de trabajadores fue 1.834 euros brutos en un año. La precariedad de los ingresos de los trabajadores ese año se puso de manifiesto en que el 20% de los asalariados sólo sumaron el 2% de los ingresos totales por cuenta ajena. En ese mismo período el 44% de la población trabajadora recibió un salario inferior a 11.277 euros brutos anuales, el 13,78% del total de la renta generada por el trabajo en España (www.ine.es). Esas son las personas que pagan una parte importante de la pensiones de nuestro país, algunas de más de 2500 euros anuales.

La reducción de los salarios se explica en parte también por el progresivo aumento de la contratación a tiempo parcial, el 12,3% de los contratos en 2006 se convirtió en el 17,7% en 2013. Lo que se tradujo también en un una reducción en el número de horas contratadas de 40,2 horas en 2011 a 39,9 horas en 2013 para los varones (www.ine.es).

Por otro lado, el número de pensionistas, pensiones y su cuantía no ha dejado de crecer en ningún momento. En 2014 el número de pensiones abonadas superó los nueve millones, mientras que el número de pensionistas es ligeramente inferior, estuvo cerca de los ocho millones y medio. Aunque ambas cifras tienen una tasa anual de crecimiento similar, en el entorno del 1,5%, la tasa de crecimiento del gasto ha alcanzado cifras superiores al 4% durante algunos años. En 2014 el gobierno la redujo considerablemente, pero aún así estuvo por encima del 2,5%.

El gasto total anual en pensiones llega a alcanzar el 10% del producto interior bruto de nuestro país. La partida más importante corresponde al pago de las pensiones por jubilación, que suponen aproximadamente un 69% del gasto total. En 2013 el importe medio de la pensión por jubilación estaba en el orden de 980 euros mensual. La siguiente partida en importancia de gasto corresponde a las pensiones por viudedad que representan más de un 18% del gasto total. En Diciembre de 2014 el 44% de los pensionistas recibieron una pensión inferior a 700 euros al mes (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España).

No hay que olvidar que las pensiones en España es un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Los trabajadores aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para financiar el pago a las pensionistas actuales. En contra de lo que muchos piensan el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión. Si fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían al final de su vida laboral una pensión sustancialmente inferior a la que está prevista. Veamos un ejemplo:alguien que contribuye durante 35 años de su vida laboral con 1.000 euros mensual, que corresponde aproximadamente a la contribución máxima, habría realizado una aportación de 381.000 euros en unidades corrientes (asumiendo una tasa de inflación del 2% y tasa de descuento del 1,5%). Si como le reconoce la ley recibiera una renta de 2.560 euros mensual durante 20 años, recibiría 623.000 euros en unidades corrientes, casi el doble de su aportación.

El actual sistema de pensiones en España da lugar a situaciones que son contradictorias y opuestas a lo que debería ser una política de redistribución de la renta. La razón es que el subsidio es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista, de manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. Al contrario de lo que debería ser una política pública que debe ir destinada a cubrir la incapacidad de una persona para obtener renta que garantizarle una subsistencia digna por su edad u otro motivo, ocurre que con el actual sistema individuos con un mayor nivel de renta reciben mensualmente del Estado un subsidio mayor que otros más necesitadas con un nivel de renta inferior. Esto es así debido a que la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más impuestos pagaron porque tenían una renta del trabajo mayor, serán también las que más subsidio recibirán del Estado, independientemente de su capacidad de renta actual. Las pensiones es una política fundamental a la que el Estado no debe ni quiere renunciar. Si se consulta a los ciudadanos estos la situarán con toda certeza como una prioridad en sus preferencias. Con la actual legislación la actualización de las pensiones y la viabilidad financiera del sistema depende de la recaudación del impuesto de cotización a la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad, la pérdida de poder adquisitivo, el envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida son los factores que definitivamente dejan obsoleto el sistema en España. El sistema debe ser modificado para garantizar su viabilidad financiera y el carácter equitativo que debería tener esta política pública. La respuesta de muchos economistas y del gobierno ha sido frenar el número de pensionistas retrasando la edad de jubilación. Esa solución perjudica a todos los ciudadanos en general, pero sobre todo a los que tienen empleos repetitivos y físicos que sufren un mayor deterioro. Sólo es un parche que no resuelve las dificultades de financiación del sistema ni su equidad.

Otros factores también ponen de manifiesto que el sistema necesita una reforma: en primer lugar, el grupo de expertos al que el gobierno ha encargado el informe para la reforma del sistema fiscal en España ha puesto de manifiesto que la cotización a la seguridad social es un impuesto poco equitativo en su recaudación y que debe evolucionar para integrar progresividad en el tipo de gravamen. Con el sistema actual un trabajador del régimen general que gana el salario mínimo paga en concepto del impuesto de la cotización a la seguridad social un tipo impositivo real del 33%. En cambio para un trabajador con un ingreso 10 veces superior proporcionalmente su tipo de gravamen real supone sólo el 15,6%. El motivo es que ambos pagan un 28,3%, pero el primero sobre una base que superior a su salario (753 euros en 2014) y el segundo sobre una base que sustancialmente inferior a su salario (3.606 euros anuales en 2014)

A pesar de que el sistema de pensiones contributivas en España es una política de Estado solidaria, recae enteramente en el mercado de trabajo, y no siempre en sentido estricto los beneficiarios de la pensiones serán personas que hayan sido asalariados, como puede ser el caso de las pensiones por viudedad o favor familiar. Por lo que no se justifica que un impuesto finalista como este se recaude exclusivamente sobre ese mercado.

El impuesto de cotización a la seguridad social además, grava un mercado muy sensible en nuestro país como es el mercado laboral. Hay que recordar que la tasa de paro ha alcanzado límites inverosímiles e insostenible, el 26%, y en algunas comunidades autónomas ha superado el 30%, muy superior a la media de la Unión Europea. España con un 28,3% es de los países de la OCDE con los tipo más altos del impuesto que tiene la media en el 19,6%. Muy superior a Francia con un tipo del 16,7% o EEUU con el 10,4%. Sin duda se trata de un impuesto que esta introduciendo ineficiencias importantes en el mercado laboral y es un factor que también contribuye a explicar los diferenciales de tasa de desempleo que siempre ha existido en España. En países como Islandia, Noruega, Irlanda, Portugal, o el Reino Unido no existe un impuesto a las rentas del trabajo por este motivo aunque sí aportaciones del Estado al pago de pensiones. En Australia, Dinamarca o México, por ejemplo, sólo existe un sistema privado de pensiones (datos de la OCDE).

Lo óptimo sería que la política se financiara de los ingresos del Estado como se hacen con las carreteras, la sanidad, o la educación. Se trata de una política pública que es prioritaria para los ciudadanos por lo que su financiación debe ser prioritaria también. La eliminación total o parcial de manera selectiva de la cotización a la seguridad social para las rentas más bajas supone una pérdida de ingresos para el Estado que puede ser recuperada por diferentes vías.

En primer lugar el gobierno puede recuperar parte de la pérdida de recaudación a través del IRPF. Si el trabajador reclama a la empresa su salario bruto tras la desaparición de la cuota de la seguridad social en el momento de su declaración del IRPF su base imponible será mayor y como consecuencia la cuota resultante en su liquidación del impuesto será también mayor. En este momento los trabajadores estarán tributando y en consecuencia aportando al pago de las pensiones bajo el paraguas de un impuesto progresivo y con un carácter más redistributivo que la cotización a la seguridad social. De manera que las rentas más altas tendrán una aportación mayor. Si las empresas deciden retener el ahorro de costes y no invertir en aumentos de la producción ese ahorro permanecerá en su cuenta de resultados y el Estado podrá recuperar una parte vía impuesto de sociedades. No parece que una empresa decida aumentar la contratación del número de directivos porque se reduzca el pago de su coste de la seguridad, pero sí cabe esperar que el efecto sobre la contratación sea mayor en las rentas del trabajo más bajas donde el impuesto puede superar el 30% del coste laboral. Ya sea con nuevos contratos o aumentando las horas contratadas a los trabajadores ya existentes.

Es también en este segmento del mercado donde más economía sumergida existe, que junto con los autónomos de ingresos bajos serían también grandes beneficiados. Esta política también es un incentivo a la iniciativa empresarial al eliminarse el coste fijo que se les impone independientemente de los ingresos en el inicio de la actividad.

El efecto dependerá de las condiciones específicas de cada empresa, si ésta emplea su ahorro de coste para rebajar los precios de sus productos y ganar en competitividad cabe esperar que aumente su demanda, por lo que necesitará contratar más horas de trabajo para atenderla. En ese caso el efecto también se hará notar en sus clientes. No cabe esperar tampoco una respuesta homogénea de las empresas en esta línea, dependerá en primer lugar de la importancia del gasto en mano de obra en sus estructuras productivas, y de la estructura de los mercados en los que venden sus productos. Si las empresas operan en mercados altamente competitivos ya sean nacionales o extranjeros sí cabe esperar que bajen sus precios para aumentar sus ventas. Si los mercados son poco competitivos ese efecto se irá diluyendo.

La pérdida de ingresos por cotización a la seguridad social puede ser compensada con políticas fiscales finalistas en políticas y servicios que aunque son importantes para la sociedad ocupan una posición inferior en las preferencias de los ciudadanos. Sin duda los ingresos del Estado son limitados, y en consecuencia, si lo que los ciudadanos desean es que se financie esta política deberá ser a costa de que se paguen otras. En este sentido existen muchas oportunidades que pueden ayudar también a introducir eficiencia en la economía. En muchos países por ejemplo, es habitual que se pague por el uso de las carreteras u otras infraestructuras. Esto tiene varias ventajas: ajusta el gasto público a las verdaderas necesidades de la demanda. Nadie duda de que haya que pagar una tasa por el uso de un aeropuerto, o por el uso del metro o incluso de un autobús público, por qué no debería pagarse también por una carretera. De Rus y Romero (2004) en su trabajo demuestran como incluso en carreteras donde hay congestión el pago de un canon en función del tráfico puede ser suficiente.

En nuestro país queda mucho por hacer aún en inspección fiscal. Según un informe de Funcas la pérdida de recaudación anual por economía sumergida asciende a 31.000 millones de euros. Por otro lado el aumento de la esperanza de vida hace inviable financieramente el actual sistema de jubilación ya que supone más años para las arcas del Estado. Según el trabajo de Wang et al (2012) la esperanza de vida ha aumentado de 56,4 a 67,5 años para los hombres y de 61,2 a 73,3 años para la mujeres en los últimos 40 años. Para los niños recién nacidos la esperanza de vida aumenta una media de 3 a 4 años en cada decenio. Conforme aumenta la esperanza de vida también aumenta la calidad y las condiciones físicas. Una opción es hacer flexible el mantenerse en el mercado de trabajo de manera voluntaria y permitir la recepción de una pensión por jubilación del Estado de manera parcial en función de la renta.

Por otro lado, la política del pago de pensiones debe cambiar e introducir racionalidad en su gestión. La política debe garantizar un subsidio social que debe tener como fin compensar la falta de poder adquisitivo de las personas que por motivos de edad y físicos no pueden realizar un trabajo para garantizar su subsistencia. En consecuencia debería integrarse con la política de dependencia y el someter su pago a la disponibilidad de renta de los beneficiarios. El subsidio más alto debería ser destinado a la persona con más necesidades por su dependencia y por su nivel de renta.

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta inmediata del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.