Renta de Ciudadanía: un reto para Canarias

Establece nuestro Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) en el artículo 24: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. 

Pocos meses después de entrar en vigor aquella reforma estatutaria, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias especificó en su disposición adicional sexta que, “en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno presentará en el Parlamento de Canarias, dentro del plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley por el que se regule una prestación económica que tenga por objeto garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo”. 

Hasta el momento en Canarias está vigente como medida para atenuar y amparar a la población más vulnerable la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esta prestación no está concebida como un derecho y su desarrollo apenas tiene una cobertura de un 4% de la población afectada en comparación a la media estatal que se sitúa en el 8% de las personas vulnerables. Es obvio que la PCI no satisface a la mayoría de la población de Canarias que está en umbrales de pobreza, por encima del 36 %. Desgraciadamente seguimos siendo una de las comunidades más pobres del Estado seguida tan solo de Extremadura, Ceuta y Melilla. 

Algunos dirigentes políticos avanzaron a principios de este 2021 que tendríamos el compromiso de una Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que entraría en vigor en este último cuatrimestre, y que los plazos para su otorgación estarían sobre los tres meses. Sin embargo, hoy en día el anteproyecto aún no ha entrado en la Cámara y el tiempo desde que se inicia el proceso hasta su terminación es de al menos seis meses en el mejor de los casos, si nos atenemos a los plazos ordinarios del parlamento. En estos momentos el anteproyecto está a expensas de los trámites para su aprobación en el Parlamento de Canarias, tendrá que ir antes al Consejo de Gobierno para su aprobación, al Consejo Consultivo y finalmente vuelta al Parlamento para que desde allí se presenten las diferentes enmiendas y pueda ser aprobado definitivamente sobre el año 2022, aproximadamente si todo fuese bien, marzo de 2022 (primer trimestre de 2022). Sus señorías no pueden dilatar más los tiempos.

La Renta de Ciudadanía de Canarias también viene a complementar al Ingreso Mínimo Vital, este último puesta en marcha hace ya año y medio por el Gobierno estatal; pero que, sin embargo, ha dejado fuera en la Comunidad de Canarias al 80% de los solicitantes. Hechos que contradicen los índices de pobreza existentes en nuestra comunidad, con más de 257.000 personas desempleadas, sin parque de viviendas y, lo que nos avanzó en esta pandemia Cáritas, con más de 380.000 personas que fueron a los bancos de alimentos a raíz del parón económico de nuestras islas. 

Nuestra Comunidad Autónoma tendrá que valorar en los presupuestos de 2022 el aporte económico que significa este nuevo derecho de ciudadanía y es fundamental que las diferentes consejerías se pongan de acuerdo en los planes y programas que se desarrollarán paralelos a la nueva renta, como los planes de inserción laboral y los planes de inclusión social, las ayudas al alquiler de viviendas, etc. La Renta de Ciudadanía deberá venir acompañada de programas que ayuden en la salida de la situación de vulnerabilidad y programas para la inclusión social y la inserción laboral; en este sentido, podemos decir que la Ley otorga un doble derecho subjetivo. 

Por un lado, el derecho a las prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de estas y, por otro, el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social y no perpetuar la ayuda sine die.

Esta renta viene también a complementar las existentes, tanto para el colectivo de jóvenes que no tienen ninguna prestación (jóvenes tutelados), como para aquellas rentas que no llegan a unos mínimos de aportaciones económicas, llámese rentas del trabajo u otras prestaciones, que no cubren los mínimos imprescindibles (pensiones no contributivas, pensiones de viudedad, etc.). 

Además, debemos ser conscientes que existe en la actualidad un batiburrillo de prestaciones que debemos coordinar y ser eficaces y eficientes para que el dinero público sea efectivo. En la actualidad convivimos con la Prestación Canarias de Inserción, con las pensiones no contributivas, con el Ingreso Mínimo Vital y con las ayudas de emergencia social a través de ayuntamientos y cabildos, y con una ayuda en diciembre de 2020, que incrementaba la PCI puntualmente en 250 euros, del área de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Por tanto, con todo esto, sería conveniente aunar esos esfuerzos para llegar a más población, además de llegar mejor. Sin tantos compartimentos estancos. Los propios servicios municipales así lo advierten. 

Además, dados los plazos de ejecución de las diferentes áreas de los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, que van incluso en la dependencia más allá de los dos años y medio para la valoración de los usuarios/as, de más de dos años para las pensiones no contributivas y de más de 6 meses para la PCI, ya estamos tardando y deberíamos articular los mecanismos necesarios para que la Renta de Ciudadanía de Canarias cumpla unos plazos realistas con los problemas de la ciudadanía y no se eternicen como otros servicios, generando frustración e incredulidad en las administraciones públicas por parte de la población. 

Establece nuestro Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) en el artículo 24: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. 

Pocos meses después de entrar en vigor aquella reforma estatutaria, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias especificó en su disposición adicional sexta que, “en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno presentará en el Parlamento de Canarias, dentro del plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley por el que se regule una prestación económica que tenga por objeto garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo”.