El ruido mediático

Todos los políticos y magistrados a los que he tenido ocasión de leer y oír en estos últimos meses condenan sin reservas la corrupción, pero a su vez critican, a mi juicio con toda la razón, la forma en que se filtran las noticias a los medios de comunicación y los titulares con que éstas se publican. Lo que se denuncia alto y claro es que resulta intolerable que haya jueces, fiscales o policías que proporcionen información privilegiada y confidencial sobre aquello que se va a producir de forma y manera que puedan captarlo en directo los fotógrafos de prensa y las cámaras de televisión, a la búsqueda lógica de la noticia de impacto social. Ellos también critican el que esas filtraciones se estén produciendo sistemáticamente de forma políticamente selectiva y no sólo en Canarias sino también en toda España, como publicó el Partido Comunista de Madrid en su página Web. A ningún político o magistrado le he oído decir que no desea que se investiguen a fondo los presuntos casos de corrupción, ¡sólo nos faltaría eso!, justo han dicho y dicen enfáticamente lo contrario. No obstante, produce un cierto rubor notar cómo las autoridades no localizan nunca a los responsables de que en los juzgados o en las comisarías se produzcan esas deplorables y sectarias filtraciones. No basta con defender la inocencia y la no injerencia del ministro, hay que encontrar a los responsables de que se produzcan. No basta con llamadas a la presunta honradez, hay que predicar con hechos, y es un hecho que las filtraciones que originan las sospechas nunca son aclaradas. Y no nos confundamos, la prensa hace su trabajo con diligencia, pero la policía y la judicatura deben hacer también el suyo y no pretender poner en marcha el manido efecto ventilador. Sorprende, a quien es simple espectador de este circo, ver cómo algunos medios de comunicación se vanaglorian de tener sus fuentes entre personajes siniestros que claramente carecen del menor sentido de la ética y la moral, de la mínima honradez profesional y que probablemente están infringiendo la ley al filtrar determinadas informaciones que pueden abrir con facilidad un irracional, aunque políticamente influyente, juicio paralelo. Goebbels era un maestro en eso y tal vez por aquello de la memoria histórica, está siendo releído por algunos.Se está acusando a Adán Martín, el último ejemplo por ahora, de haber hablado y no sé si también haber recibido en audiencia al señor Santana Cazorla. Como muy bien indicaron los ex presidentes Lorenzo Olarte y Jerónimo Saavedra al ser preguntados por este asunto, ¿por qué los políticos no se van a entrevistar con quien estimen oportuno si les piden audiencia? Una cosa es oír todas las opiniones y argumentos, y por qué no de empresarios que quieren defender ante las más altas instancias sus legítimas aspiraciones y proyectos, y otra cosa es admitir presiones o sobornos –para sí o para su partido- por parte de nadie, sea empresario, político o vecino. Intentar formarse una opinión solvente de un asunto conociendo el mayor número posible de argumentos es sano y propio de personas inteligentes, es democrático e indica una auténtica tolerancia. Es evidente que en estos asuntos de corrupciones varias, al menos en los primeros momentos, es fácil dirigir a la opinión publica en un sentido o en otro y vulnerar, por la vía de los prejuicios, la presunción de inocencia de los aludidos, de la que en muchos casos ya no volverá a gozar el que se ha visto en las páginas de los periódicos citado como imputado o mandado detener por un juez. Al margen de tecnicismos, que sólo entienden los profesionales del derecho, la Justicia es otra cosa, ¿cómo justificar ante la sociedad y reparar el daño moral frente a la familia cuando una persona es detenida por policías con pasamontañas y al cabo de unos cuantos días es exculpado por falta de pruebas? Porque no se debería olvidar que, para el común de los ciudadanos, no tener pruebas de un delito es distinto a ser inocente, máxime en un país donde parece que los ladrones, los pillos y los listillos al socaire del poder gozan de una cierta admiración pública. ¿O tal vez sea un síntoma de codicia incontenible o de pura envidia por no tener a su alcance aquello que, por ser de todos, parece ser del primero que lo trinque? José Fco. Fernández Belda

Todos los políticos y magistrados a los que he tenido ocasión de leer y oír en estos últimos meses condenan sin reservas la corrupción, pero a su vez critican, a mi juicio con toda la razón, la forma en que se filtran las noticias a los medios de comunicación y los titulares con que éstas se publican. Lo que se denuncia alto y claro es que resulta intolerable que haya jueces, fiscales o policías que proporcionen información privilegiada y confidencial sobre aquello que se va a producir de forma y manera que puedan captarlo en directo los fotógrafos de prensa y las cámaras de televisión, a la búsqueda lógica de la noticia de impacto social. Ellos también critican el que esas filtraciones se estén produciendo sistemáticamente de forma políticamente selectiva y no sólo en Canarias sino también en toda España, como publicó el Partido Comunista de Madrid en su página Web. A ningún político o magistrado le he oído decir que no desea que se investiguen a fondo los presuntos casos de corrupción, ¡sólo nos faltaría eso!, justo han dicho y dicen enfáticamente lo contrario. No obstante, produce un cierto rubor notar cómo las autoridades no localizan nunca a los responsables de que en los juzgados o en las comisarías se produzcan esas deplorables y sectarias filtraciones. No basta con defender la inocencia y la no injerencia del ministro, hay que encontrar a los responsables de que se produzcan. No basta con llamadas a la presunta honradez, hay que predicar con hechos, y es un hecho que las filtraciones que originan las sospechas nunca son aclaradas. Y no nos confundamos, la prensa hace su trabajo con diligencia, pero la policía y la judicatura deben hacer también el suyo y no pretender poner en marcha el manido efecto ventilador. Sorprende, a quien es simple espectador de este circo, ver cómo algunos medios de comunicación se vanaglorian de tener sus fuentes entre personajes siniestros que claramente carecen del menor sentido de la ética y la moral, de la mínima honradez profesional y que probablemente están infringiendo la ley al filtrar determinadas informaciones que pueden abrir con facilidad un irracional, aunque políticamente influyente, juicio paralelo. Goebbels era un maestro en eso y tal vez por aquello de la memoria histórica, está siendo releído por algunos.Se está acusando a Adán Martín, el último ejemplo por ahora, de haber hablado y no sé si también haber recibido en audiencia al señor Santana Cazorla. Como muy bien indicaron los ex presidentes Lorenzo Olarte y Jerónimo Saavedra al ser preguntados por este asunto, ¿por qué los políticos no se van a entrevistar con quien estimen oportuno si les piden audiencia? Una cosa es oír todas las opiniones y argumentos, y por qué no de empresarios que quieren defender ante las más altas instancias sus legítimas aspiraciones y proyectos, y otra cosa es admitir presiones o sobornos –para sí o para su partido- por parte de nadie, sea empresario, político o vecino. Intentar formarse una opinión solvente de un asunto conociendo el mayor número posible de argumentos es sano y propio de personas inteligentes, es democrático e indica una auténtica tolerancia. Es evidente que en estos asuntos de corrupciones varias, al menos en los primeros momentos, es fácil dirigir a la opinión publica en un sentido o en otro y vulnerar, por la vía de los prejuicios, la presunción de inocencia de los aludidos, de la que en muchos casos ya no volverá a gozar el que se ha visto en las páginas de los periódicos citado como imputado o mandado detener por un juez. Al margen de tecnicismos, que sólo entienden los profesionales del derecho, la Justicia es otra cosa, ¿cómo justificar ante la sociedad y reparar el daño moral frente a la familia cuando una persona es detenida por policías con pasamontañas y al cabo de unos cuantos días es exculpado por falta de pruebas? Porque no se debería olvidar que, para el común de los ciudadanos, no tener pruebas de un delito es distinto a ser inocente, máxime en un país donde parece que los ladrones, los pillos y los listillos al socaire del poder gozan de una cierta admiración pública. ¿O tal vez sea un síntoma de codicia incontenible o de pura envidia por no tener a su alcance aquello que, por ser de todos, parece ser del primero que lo trinque? José Fco. Fernández Belda