Sicarios periodísticos

Que las decisiones que tomó Fernando Clavijo y dieron lugar al caso Grúas eran ilegales e incluso constitutivas de delito no me lo inventé yo. La ilegalidad la puso de manifiesto el Interventor de la Corporación en sus informes; y que tenían entidad indiciariamente delictiva lo decretó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo en un auto dictado tras un recurso de apelación, después de que la jueza de instrucción número 2 de La Laguna se negara a investigar una denuncia acompañada por 35 documentos oficiales obtenidos en la comisión de investigación municipal, que terminó en un fiasco, como suelen terminar estas comisiones cuando Coalición Canaria tiene mayoría: una mentira impuesta por mayoría de votos.

El caso Grúas no lo promoví yo. Me sumé para redactar el recurso contra la decisión de la jueza Blanco Redondo de archivar sin investigar. Ahí es cuando tomé cartas en el asunto. Figuré como un denunciante más como el resto de concejales, pero ni siquiera había participado en la comisión de investigación.

A partir de ahí, los sicarios al servicio de Clavijo vienen repicando un relato plagado de mentiras. Son profesionales de esto y sus principales aliados son el desconocimiento de la gente y el descaro que tienen para repetir mentiras hasta la saciedad.

Pero nada va a cambiar que las decisiones fueran ilegales, con la legislación de Régimen Local y la de Hacienda y Presupuestos de las entidades locales en la mano.

Aunque se  inventen que “informé favorablemente” en un Pleno (ahora me entero de que los concejales “informamos” al Pleno)  la concesión del préstamo de 120.000 euros a la empresa de los amigos de Clavijo. Lo que aprobó el Ayuntamiento, sin mi voto favorable, fue una modificación presupuestaria para pagar los atrasos a los trabajadores, que llevaban meses sin cobrar (desde que se hicieron cargo de la empresa los amigos de Clavijo, que habían sido contratados -bajo presión del propio Clavijo- por el originario dueño de la empresa que ganó el concurso para la gestión del Servicio de Grúas del Ayuntamiento: José Padilla).

Esa modificación presupuestaria, que de por sí no determina nada, se consignó para pagar esos atrasos. Y, sin embargo, al día de hoy (2014-2021) alguno de los trabajadores, que no eran amigos de Clavijo, sigue sin cobrar lo que les debía la empresa desde que la adquirieron los amigos de Clavijo.

Concedieron un préstamo de 120.000 euros con dinero público a una empresa que estaba arruinada, en quiebra, para que maquillara sus cuentas porque no reunía condiciones para seguir prestando el servicio y había incumplido gravemente sus obligaciones contractuales. Incumplimientos que eran tan graves que la legislación de Régimen Local, el Reglamento de Bienes y las propias condiciones de la concesión del servicio obligaban al Ayuntamiento a resolver ese contrato y recuperar la gestión del servicio.

Todo lo contrario de lo que hizo Clavijo: concederles una prórroga de un contrato que tendría que haber sido resuelto por mandato legal. Y no una prórroga de cinco años, sino que incluía tres períodos adicionales de cinco años más cada uno, total que era una prórroga hasta 2029. Se estaban comprometiendo así 3 millones de euros de dinero público, prorrogando un contrato que legalmente tendría que haber sido resuelto.

Esta es la verdad de lo que pasó en el caso Grúas. Lo demás son mentiras que seguirán repitiendo los mercenarios.

Y ahora resulta que los concejales que ejercimos la acción popular defendiendo la legalidad y tuvimos que afrontar durante una larga etapa la inhibición de la jueza (que quería archivar desde el minuto cero, vaya usted a saber por qué), y la pasividad inicial de la Fiscalía, somos los responsables de las ilegalidades de Clavijo.

Mientras, él manda a sus mercenarios a agredirnos día tras día sobre la base de mentiras y a pedir nuestra dimisión. Es un pasaje más de este mundo al revés en el que Coalición Canaria ha querido convertir la vida de las Islas, el funcionamiento de su sistema político y la realidad social de Canarias.

De modo que al senador que representa la mayoría absoluta del Parlamento de Canarias, que no ha hecho otra cosa que defender la legalidad, los mercenarios del que se mueve en la ilegalidad como pez en el agua intentan pedirle responsabilidades.

Así es que le recomiendo a Fernando Clavijo que no siga mandándome sicarios y que tenga la gallardía de atreverse a decirme él mismo las cosas que quiera decir. Que yo seguiré dando la cara como siempre y pidiéndole cuentas del tinglado de contrataciones ilegales que montaron Oramas y él y dejaron como una losa sobre el Ayuntamiento de La Laguna cuando se fueron: el Caso Reparos. En comparación con éste, el Caso Grúas -a pesar de su indudable entidad delictiva-  es como el juego de las casitas.

Porque hasta ahora lo que ha hecho es pervertir el único sentido que tiene el fuero parlamentario, proteger la independencia de la Cámara, y no servir de refugio para las fechorías de personajes públicos que se aprovechan del aforamiento para zafarse del juez predeterminado por la Ley, uno de los pocos mecanismos que nos iguala a todos los ciudadanos en un Estado de Derecho.

Y encima, parece que no hay ningún abogado ni abogada canarios suficientemente competente para defender a este preclaro nacionalista ni a alguno de sus secuaces.

Porque a pesar de que, según él, sus andanzas desde el poder no tienen ninguna trascendencia penal, se ha ido a buscar al abogado de las estrellas, al que contrata con costosísimos honorarios, no se sabe muy bien si por su capacidad profesional, que la tiene, o por su red de contactos en el mundo judicial del que procede.

Y entretanto sigue agrediendo a representantes políticos de esta tierra por medio de los mercenarios periodísticos de siempre y desde medios de comunicación en manos  de capital foráneo o neocolonial, con directores y ejecutivos godos, frente a los que uno solo puede defenderse gracias a algunos medios de comunicación autóctonos.

Lo dicho: el mundo al revés.

Santiago Pérez es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias

Que las decisiones que tomó Fernando Clavijo y dieron lugar al caso Grúas eran ilegales e incluso constitutivas de delito no me lo inventé yo. La ilegalidad la puso de manifiesto el Interventor de la Corporación en sus informes; y que tenían entidad indiciariamente delictiva lo decretó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo en un auto dictado tras un recurso de apelación, después de que la jueza de instrucción número 2 de La Laguna se negara a investigar una denuncia acompañada por 35 documentos oficiales obtenidos en la comisión de investigación municipal, que terminó en un fiasco, como suelen terminar estas comisiones cuando Coalición Canaria tiene mayoría: una mentira impuesta por mayoría de votos.