Sísifo y el tenique del Icfem

En 1998 funcionarios de la consejería de Empleo denunciaron en los juzgados presuntas irregularidades por parte del Icfem en la concesión de fondos para cursos de formación. Los denunciantes eran afiliados de CCOO, sindicato que recibió también fondos del Icfem, la dirección del sindicato decidió apartar a estos afiliados. Coincidiendo con esta denuncia fue el propio Aurelio Ayala, director del Icfem entre 1996 y 1998, quien declaró a la prensa que había muchos millones de dinero dado para cursos de formación sin justificar. Ayala acompañó sus declaraciones de una serie de acciones administrativas que intentaban que los que habían recibido el dinero justificaran los cursos que habían hecho o devolvieran las perras.

Después entró en la escena judicial como denunciante la dueña de una academia de informática que había reclamado más de medio millón de euros porque se había quedado fuera de las ayudas para formación. Incluso hubo diferencias entre el fiscal del caso y el fiscal jefe por el nivel de las imputaciones contra los acusados. Desde 1998 hasta 2011 el caso Icfem ha estado en periódicos, en juzgados, en fiscalía anticorrupción? No se imputó a todos los consejeros de empleo responsables desde el nacimiento del Icfem (Francisco Rodríguez Batllori quedó fuera), no se actuó contra los sindicatos y las organizaciones patronales que nunca llegaron a justificar cursos que recibieron. Sólo se señaló a responsables políticos que, paradójicamente, en algunos casos se dedicaron a revisar todo el dinero que se había dado y a pedir que se justificara o se devolviera.

En estos años Aurelio Ayala, Víctor Díaz, Diego León, Francisco Zumaquero Tomás Quesada y Francisco Almeida han cargado con la sospecha del Icfem como Sísifo con su piedra. Audiencia de Cuentas de Canarias, Tribunal de Cuentas del Estado, auditores de la Unión Europea, fiscales?ha mirado las cuentas del Icfem, los cursos justificados y sin justificar. Un sumario con decenas de miles de folios y peticiones de cárcel para estos gestores políticos. Salvo el incombustible Aurelio Ayala, los otros apenas aguantaron unos años más en la política, porque siempre veían que la sombra del Icfem siempre volvía a aparecer en cualquier despacho que ocuparan.

Catorce años después de la primera denuncia, el caso Icfem queda reducido a los 38 folios de la acusación de prevaricación administrativa contra el exconsejero de Empleo Víctor Díaz y los exdirectores del Icfem Aurelio Ayala, Francisco Almeida y Diego León. Para ellos la Fiscalía pide la pena de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público o empleo en la administración. Se les responsabiliza de irregularidades en la concesión de ayudas para cursos que realizaron diferentes organizaciones patronales y sindicales.

El caso Icfem se convirtió en otro caso Carmelo Padrón que afecta a más personas. Es un ejemplo de que la justicia no es justicia cuando es lenta como una tortuga. Un ejemplo de las contradicciones entre las actuaciones judiciales y los controles de las administraciones (la Audiencia de Cuentas, el Tribunal de Cuentas del Estado, auditores de la Unión Europea estudiaron las cuentas del Icfem y le dieron el visto bueno). Profesionales de la subvención y de las comisiones han salido limpios y plateados del caso Icfem, mientras que políticos que se dedicaron a controlar esas ayudas han recibido la pena del banquillo. Para algunos que se embolsaron millonarias ayudas la justicia ha sido ciega como Sísifo después del castigo de los dioses, para otros que querían recuperar el dinero público la justicia se convirtió en el pesado tenique que cargó Sísifo que según la mitología griega fue, qué cosa más curiosa, hijo de Eolo.

PD: En El Correíllo Aurelio Ayala declaró esta mañana que en la investigación del caso Icfem fueron “a por las gallinas y dejaron fuera a los zorros”. No aclaró el color de los zorros, si eran plateados o de otro color. Me quedé con la intriga.

Otros artículos en el blog Somos Nadie

El autor en twitter: @juanglujan

Juan Garcia Luján

En 1998 funcionarios de la consejería de Empleo denunciaron en los juzgados presuntas irregularidades por parte del Icfem en la concesión de fondos para cursos de formación. Los denunciantes eran afiliados de CCOO, sindicato que recibió también fondos del Icfem, la dirección del sindicato decidió apartar a estos afiliados. Coincidiendo con esta denuncia fue el propio Aurelio Ayala, director del Icfem entre 1996 y 1998, quien declaró a la prensa que había muchos millones de dinero dado para cursos de formación sin justificar. Ayala acompañó sus declaraciones de una serie de acciones administrativas que intentaban que los que habían recibido el dinero justificaran los cursos que habían hecho o devolvieran las perras.

Después entró en la escena judicial como denunciante la dueña de una academia de informática que había reclamado más de medio millón de euros porque se había quedado fuera de las ayudas para formación. Incluso hubo diferencias entre el fiscal del caso y el fiscal jefe por el nivel de las imputaciones contra los acusados. Desde 1998 hasta 2011 el caso Icfem ha estado en periódicos, en juzgados, en fiscalía anticorrupción? No se imputó a todos los consejeros de empleo responsables desde el nacimiento del Icfem (Francisco Rodríguez Batllori quedó fuera), no se actuó contra los sindicatos y las organizaciones patronales que nunca llegaron a justificar cursos que recibieron. Sólo se señaló a responsables políticos que, paradójicamente, en algunos casos se dedicaron a revisar todo el dinero que se había dado y a pedir que se justificara o se devolviera.