Unidad y firmeza

Canarias se encuentra en medio de una de las mayores crisis de su historia, de una pandemia sanitaria con graves consecuencias económicas y sociales. Partiendo de una situación ya difícil -los elevados niveles de desempleo, de pobreza y exclusión social anteriores a la aparición del Covid-19 y con una renta per cápita situada en el 80% de la media estatal- nuestra tierra tiene ahora que afrontar los efectos de la paralización económica que puede llevar en este 2020 a una caída del PIB del 20% y a cifras de paro en torno al 40%. Evitar esa catástrofe económica y social exige unidad, firmeza, liderazgo de las instituciones y puesta en marcha de programas de actuación ambiciosos que rescaten a los servicios públicos, a la economía y a las personas.

Hacer frente a esta profunda crisis exige un compromiso firme y prolongado en el tiempo del conjunto de la sociedad de las Islas. De su Gobierno, de sus cabildos y de sus ayuntamientos. De las formaciones políticas. Del mundo empresarial y del sindical. Del tercer sector. De las universidades canarias. Del ámbito de la cultura. De las ONG. De sus ciudadanos y ciudadanas. Con solidaridad del Estado español y de la Unión Europea.

Se trata de superar una grave situación y tratar de hacerlo en la buena dirección, intentando no repetir los errores del pasado. Impulsando una economía equilibrada y al servicio de nuestra gente, que genere más y mejor empleo. Potenciando los servicios públicos. Desde un trato afectuoso a nuestros mayores. Con un desarrollo sostenible. Defendiendo una justa distribución de la riqueza y la adecuada atención a las personas más vulnerables, garantizando que dispongan de unos ingresos mínimos y protegiendo elementos sustanciales como el derecho a la vivienda.

Y, además, constituye una oportunidad para diversificar la economía en clave autocentrada: pensada desde y para Canarias, desde y para sus ciudadanos y ciudadanas. Con más energías limpias, más movilidad sostenible y más compromiso contra la Crisis Climática. Con un turismo de calidad y de máxima seguridad sanitaria. Con mayor presencia de la economía verde y azul. Con un mayor aprecio a los productos del país. Con una industria con mayor peso en lo que consumimos. Potenciando nuestro sector primario. Con más reconocimiento y apoyo a un sector cultural que nos engrandece como pueblo y que genera valor económico y empleo cualificado. Con una apuesta clara, decidida y real por la I+D+i que aporte valor añadido a nuestra estructura productiva y que dé salida a una generación de jóvenes notablemente cualificados.

Compromiso ético

En la anterior crisis, la financiera iniciada en el año 2008, se ninguneó y maltrató al sector público, recortando sus presupuestos, disminuyendo sus trabajadores y trabajadoras. En esta se ha confirmado plenamente su enorme trascendencia para la vida de las personas, su seguridad, su bienestar. No caben retrocesos en este ámbito, salvo que se acepte el sálvese quien pueda y la barbarie. Fortalecer la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de cuidados resulta completamente esencial. Tomar medidas para apoyar a los más vulnerables, también. Es un compromiso ético insoslayable. Es una imperiosa necesidad si queremos construir una sociedad con altos niveles de equidad.

Además, defendemos la simplificación administrativa y la coordinación interadministrativa. Una simplificación que no significa permisividad o laxitud en la aplicación normativa, sino agilización de los procedimientos de permisos y adjudicaciones para que los proyectos empiecen a ejecutarse lo antes posible y las adjudicaciones puedan hacerse en plazos más cortos. Favoreciendo la economía pública y privada.

Podemos y debemos realizar esa tarea de reconstrucción económica y social desde la potencialidad del autogobierno. Somos una nacionalidad madura, capaz de dirigirse a sí misma sin complejos ni necesidad de tutelas, como hemos podido comprobar en las respuestas sanitarias a la pandemia o en el cumplimiento de las reglas fiscales. Disponemos de instrumentos adecuados para articular programas de respuesta a esta crisis: el Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y nuestra condición de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea.

Hemos puesto en marcha, además, interesantes vías de relación bilateral con el Estado, que son las más aconsejables dado nuestro hecho diferencial y la necesidad, incluido el derecho, de respuestas distintas adaptadas a nuestra realidad. Unas vías de relación bilateral que han de formalizarse según prevé el Estatuto de Autonomía reformado por Ley Orgánica de 5 de noviembre de 2018 y cuyo artículo 192 ya contempla la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno de Canarias y el Estado para tratar, entre otras cuestiones, “las controversias de cualquier índole planteadas entre las dos partes y a la propuesta, si procede, de medidas para resolverlas”.

Buscamos aplicar respuestas diferenciadas a una diferenciada situación. El impacto económico y social de la pandemia es mucho mayor en una sociedad como la canaria que triplica el peso del turismo en la economía y en el empleo que la media estatal, siendo este uno de los sectores cuya recuperación no va a ser inmediata y está condicionada, además, a la normalización de la conectividad aérea. Por eso, hemos solicitado una ampliación temporal de los ERTE en el sector turístico y en otros que se ven directamente arrastrados por él.

Las pérdidas de ingresos que sufriremos - en torno a los 1.500 millones de euros solo este año- solo pueden ser compensadas con transferencias, utilizando los ahorros públicos o recurriendo al endeudamiento. Por eso, reclamamos un reparto justo del fondo de 16.000 millones estatales a las comunidades autónomas. Asimismo, hemos insistido en la necesidad de poder utilizar el superávit de la comunidad canaria y de ayuntamientos y cabildos, los ahorros públicos de nuestra sociedad, en una coyuntura en la que precisan muchos recursos. Por otra parte, venimos insistiendo en la necesidad de que Canarias -una de las más saneadas y con menor nivel de deuda- pueda endeudarse para poder hacer frente a los grandes retos de este período, compensando las graves pérdidas de ingresos y las necesidades de financiación de los planes de reactivación económica y social.

Las respuestas del Gobierno central a nuestras razonables y justas demandas han sido desiguales. En algunos temas han empezado a entender nuestras especificidades. En otros, no tanto. Sorprende, eso sí, que peticiones como el uso del superávit o la posibilidad de endeudamiento no consigan ser desbloqueadas y luego en el Congreso, en medio del debate sobre la prolongación del estado de alarma, los grupos que sustentan al Gobierno de España otorguen esas posibilidades a Euskadi y Navarra, a lo que no nos oponemos, pero sí advertimos que tienen una situación económica y social mucho mejor que Canarias, nacionalidad que tiene más necesidades y que ha cumplido tanto o más que esas dos comunidades. Confiamos en que esta respuesta sea para todos y se tenga en cuenta nuestras necesidades y nuestra capacidad para que los distintos niveles institucionales del Archipiélago puedan contribuir a impulsar la economía, apoyar decididamente a las pequeñas y medias empresas y a los autónomos, proteger el empleo y hacer más fuertes a los servicios públicos. Lo seguiremos reclamando con la máxima convicción, unidad y firmeza.

Canarias se encuentra en medio de una de las mayores crisis de su historia, de una pandemia sanitaria con graves consecuencias económicas y sociales. Partiendo de una situación ya difícil -los elevados niveles de desempleo, de pobreza y exclusión social anteriores a la aparición del Covid-19 y con una renta per cápita situada en el 80% de la media estatal- nuestra tierra tiene ahora que afrontar los efectos de la paralización económica que puede llevar en este 2020 a una caída del PIB del 20% y a cifras de paro en torno al 40%. Evitar esa catástrofe económica y social exige unidad, firmeza, liderazgo de las instituciones y puesta en marcha de programas de actuación ambiciosos que rescaten a los servicios públicos, a la economía y a las personas.

Hacer frente a esta profunda crisis exige un compromiso firme y prolongado en el tiempo del conjunto de la sociedad de las Islas. De su Gobierno, de sus cabildos y de sus ayuntamientos. De las formaciones políticas. Del mundo empresarial y del sindical. Del tercer sector. De las universidades canarias. Del ámbito de la cultura. De las ONG. De sus ciudadanos y ciudadanas. Con solidaridad del Estado español y de la Unión Europea.