¿Va el PSOE a recurrir la Ley del Suelo ante el Tribunal Constitucional?

A nadie se le oculta que la aprobación de la Ley del Suelo culmina la operación política más importante desde la creación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el fruto de la colonización de las Instituciones autonómicas, Parlamento y Gobierno, por parte del lobby de promotores y constructores que dieron públicamente instrucciones a Fernando Clavijo, su brazo político, de que el Proyecto de Ley no se modificara durante “el paseíllo parlamentario”.

Y así fue. Mayor descaro, imposible.

Muchas “ingeniosas” regulaciones de esta Ley están contaminadas de inconstitucionalidad: la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma en materias como la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales (garantías del derecho de propiedad frente a la expropiación, la regulación del derecho de propiedad de los inmuebles de naturaleza rústica, las garantías del derecho al medioambiente), el régimen jurídico de las Administraciones Públicas (pleno sometimiento a la legalidad, prohibición de derogaciones singulares de los reglamentos), ciertas garantías de la autonomía localÂ….y un largo etcétera, saltan por los aires.

Y, hay que decirlo, la presión del sindicato de alcaldes y presidentes de cabildos para disponer de más poder y tener menos controles conseguirá desparramar y tribalizar Canarias.

La Ley ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria artificialmente creada por un sistema electoral trucado, que manipula los resultados en votos al repartir los escaños. Por primera vez, el Código territorial y ambiental del Archipiélago ha sido impuesto, sin consenso, por una mayoría parlamentaria que en realidad representa electoralmente a una minoría de votantes.

Nuestra democracia es una democracia constitucional. El poder está limitado por la Constitución, que protege los derechos individuales y fija las reglas para la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Y aquí entra en escena el Tribunal Constitucional. Para eso está: para garantizar la supremacía de la Constitución sobre las Leyes, sean estatales o autonómicas.

Debe ser sometida juicio de constitucionalidad una Ley que, con el pretexto de la simplificación y agilización, atenta contra el desarrollo sostenible del Archipiélago, en el que vayan de la mano progreso económico y preservación de la naturaleza canaria .

Podemos ha anunciado que su Grupo Parlamentario en el Congreso presentará recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley. El plazo culmina a mediados de octubre. Muchos canarios lo agradecemos.

A mí me gustaría que el PSOE también la recurriera. Tengo el convencimiento de que muchos y muchas canarias --yo entre ellos-- tenemos derecho a exigírselo.

¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Van a jugar algún papel los socialistas canarios?

Quiero recordar, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional ha anulado muchas Leyes autonómicas amenazadoras contra el medio ambiente (por ejemplo de Castilla-León o de la Comunidad Valenciana) que fueron recurridas por 50 diputados socialistas al Congreso.

Sin embargo, en 2010 el PSOE incumplió el compromiso de impugnar la Ley Canaria de Especies Amenazadas (que en realidad desprotegía especies y hábitats para facilitar la ejecución del Puerto de Granadilla y de otras grandes y discutibles infraestructuras), a pesar del Informe de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno estatal que señalaba importantes elementos de inconstitucionalidad.

La causa de este renuncio fueron las contrapartidas de tapadillo hechas a Coalición Canaria, a cambio de su apoyo al Gobierno en minoría de Zapatero. La Naturaleza canaria como moneda de cambio.

La actitud de los socialistas canarios sobre la Ley del Suelo, a excepción de los de Lanzarote, ha sido muy contradictoria: después de muchos dimes y diretes, votaron a favor del Proyecto de Ley cuando estaban en el Gobierno. Luego, una vez expulsados, votaron en contra en el Parlamento.

Por eso, si ahora se desentienden de la impugnación de la Ley ante el Tribunal Constitucional, su oposición en el Parlamento y su actual discurso contra la Ley del Suelo parecerán simples gestos de cara a la galería.

Postscriptum. A la vista de que la flamante Ejecutiva anuncia un Pacto por Canarias, que parece una simple coartada para volver a sentarse a la mesa de Coalición Canaria (poniendo, una vez más, a los socialistas tinerfeños a los pies de ATI), me temo que la desprotección de los recursos naturales del Archipiélago vuelva a ser el precio a pagar al partido de los constructores.

A nadie se le oculta que la aprobación de la Ley del Suelo culmina la operación política más importante desde la creación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el fruto de la colonización de las Instituciones autonómicas, Parlamento y Gobierno, por parte del lobby de promotores y constructores que dieron públicamente instrucciones a Fernando Clavijo, su brazo político, de que el Proyecto de Ley no se modificara durante “el paseíllo parlamentario”.

Y así fue. Mayor descaro, imposible.