Verdades y mentiras sobre la Ley de Dependencia en Canarias por Francisca Luengo Orol

Es la misma política social que han desarrollado los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma, a través del “Plan Socio-Sanitario” y del “Plan de la Discapacidad”. El colmo es que, sin el menor sonrojo, quieren convencernos de que no necesitan la Ley de la Dependencia que se aplica a nivel nacional, porque dicen que en Canarias ya está implantado un sistema propio de atención a la dependencia, sobre la base de los mencionados planes. Se trata, por tanto, de una declaración que insulta a nuestra inteligencia, y una falta de respeto para las personas en situación de dependencia. El Plan Socio-Sanitario, a diferencia de la Ley de la Dependencia, no contempla ni la teleasistencia, ni la ayuda a domicilio, ni la prevención de la autonomía personal, ni los centros residenciales de noche, ni las prestaciones vinculadas al servicio, ni las prestaciones al entorno familiar, ni las prestaciones para asistencia personal de las personas dependientes. En realidad, dicho plan no pasa de ser una simple relación de centros residenciales y de un puñado de centros de día, que todos juntos no cubren ni por asomo la demanda existente. El Plan de la Discapacidad es más de lo mismo. ¿Por qué sale entonces el Presidente del Gobierno de Canarias diciendo a la ciudadanía semejante falsedad? Porque hay que esconder que en Canarias no se ha hecho nada en lo que a la aplicación de la Ley de la Dependencia se refiere.

Este artículo quiere denunciar la situación que vivimos en Canarias. El 1 de enero de 2008 se ha cumplido el primer año de aplicación de la Ley de la Dependencia. Y durante este período, en las islas ya tenía que haberse valorado el grado de dependencia y haberse hecho efectivas las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho las 6.402 personas con gran dependencia del archipiélago, según consta en el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE de 2 de junio de 2007). La Consejera de Bienestar Social afirma que a fecha de hoy se ha valorado a 1.135 grandes dependientes, lo que supone apenas un 17% del total que debían haberlo sido antes del 31 de diciembre de 2007. Además, tenían que haber dictado la normativa autonómica para aplicación de la Ley en Canarias, cosa que no han hecho aún a diferencia del resto de las comunidades autónomas,. Eso ha impedido que, por lo menos a las personadas ya valoradas, se les hiciese efectivo el pago de las cantidades mensuales recogidas en la Ley, y que el Estado ya ingresó en las arcas de la Comunidad Autónoma en la proporción que le corresponde. Y que ascienden a (780 ? al mes, si la persona no obtuvo un servicio a domicilio o una plaza residencial; 487 ? al mes para el pago del cuidador familiar, que tiene que ser dado de alta en la Seguridad Social, o 780 ? mensuales en caso de asistencia personal ajena a la familia).

Pero el Gobierno Autónomo no puede aplicar la Ley cuando le venga en gana, desplazando a 2008 lo que tenía que haber hecho antes de finalizar 2007. El derecho de los beneficiarios sigue estando ahí, y tendrán que cobrar con efectos retroactivos las prestaciones que no le hayan sido abonadas. Por desgracia, muchos de ellos ya no podrán disfrutarlas. Pero ¿por qué no se ha hecho? La respuesta es clara: porque ni nacionalistas ni populares creen en el sistema que implanta la Ley de la Dependencia. Este es un sistema que reconoce derechos, de manera que el acceso a las prestaciones y servicios se tiene por ley, no porque lo conceda ningún gobierno. En cambio, la derecha gobernante en Canarias solo cree en un sistema asistencial, de beneficencia, donde el clientelismo político tiene su hueco. Eso explica que desde el Gobierno de Canarias se boicotee la aplicación de la Ley de la Dependencia, sin que les importe el sufrimiento humano que esto provoque.

En este contexto también se explican otras palabras de la Consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, quien afirmó sin tapujos que el gobierno de Canarias está aportando el 95% de la financiación del Sistema de la Dependencia en nuestra comunidad, mientras que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se limitaba a poner el 5% restante. ¿En manos de quién estamos? O la Consejera no ha entendido el sistema de atención a la Dependencia que introduce la nueva Ley, o bien sabe perfectamente lo que dice, pero su única pretensión es confundir a la ciudadanía. La Consejera sabe que la aportación económica que exige la Ley de la Dependencia no puede identificarse con la que ya viene aplicándose a los planes, sino que es preciso proporcionar nuevos fondos para cubrir el déficit que generan los propios planes. Por tanto, ni tiene un sistema propio de atención a la dependencia, ni está aportando un 95% de lo que la atención a las personas dependientes requiere, ni ha invertido lo que por Ley debería en el nuevo sistema de atención a la Ley de la Dependencia, ni son ciertas las cifras que dice que el Estado ha invertido en Canarias. Por no hacer ni siquiera han repartido los 7.709.000 euros, a las Asociaciones, Cabildos y Ayuntamientos con programas iniciados con fondos de la dependencia del año 2006.Pero es más, le recuerdo que ese 95% de financiación (que no es tal), ni siquiera es dinero gastado, únicamente es dinero presupuestado, por cuanto los planes no se están ejecutando debidamente y, de hecho, las residencias que debían estar en uso desde 2004, no han sido aún terminadas ni puestas en funcionamiento en 2008.

El sistema de la dependencia, tal y como lo recoge la nueva Ley, está concebido como una realidad coordinada entre el Estado y las diecisiete CC.AA., con criterios comunes a todas ellas, que posibilitan un trato homogéneo a todas las personas dependientes, sea cual sea su lugar de residencia. De este modo, les recuerdo a la Consejera y a la señora Navarro, que no puede afirmarse que se esté dando un trato discriminatorio a Canarias, sino que la aportación económica a las islas se realiza conforme a lo consensuado en el Consejo Interterritorial, según el número de personas dependientes que ustedes han aportado al Gobierno Central, y teniendo en cuenta factores como la insularidad, la dispersión geográfica, el número de emigrantes retornados, etc. Es más, les recuerdo a ambas que un año antes de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya invirtió en Canarias siete millones de euros para preparar la entrada en vigor del nuevo sistema de atención a la dependencia de todos los canarios (de los cuales, por cierto, ustedes invirtieron 1.231.309 ? más en la isla de Tenerife que en la de Gran Canaria). Por lo tanto, ¿cómo es posible que, habiendo dinero desde antes de la entrada en vigor de la propia Ley, no se haya dado un paso para implantar el sistema en las islas, transformando definitivamente los servicios sociales, para lo que es imprescindible el acuerdo con cabildos, ayuntamientos, empresarios y sindicatos? ¿En qué está ocupado este Gobierno? ¿Es que no saben, o es que no quieren, o son ambas cosas a la vez? ¿Es que no les importan las personas que sufren una merma de su autonomía personal, o una situación de dependencia? Es evidente que son otras sus prioridades.

A veces, para poder entender la realidad humana a la que nos enfrentamos, es preciso ponerle nombre y apellidos. El pasado día 17 de enero, un periódico local resaltaba el caso de Dña. Nieves Morera y su madre, enferma de Alzheimer y valorada con el máximo grado de dependencia (grado III). Su hija califica la situación creada por la Consejería de Juventud y Bienestar Social como de “auténtico calvario”. ¿Cuántas Nieves Morera están en esta situación? ¿Cuántas personas, grandes dependientes, valoradas ya o no, van a tener que esperar a que el Gobierno de Canarias se digne a aplicar lo que la Ley le obliga? ¿Hasta cuándo?

* Francisca Luengo Orol, diputada por el PSC-PSOE en el Parlamento de Canarias.

Francisca Luengo Orol *

Es la misma política social que han desarrollado los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma, a través del “Plan Socio-Sanitario” y del “Plan de la Discapacidad”. El colmo es que, sin el menor sonrojo, quieren convencernos de que no necesitan la Ley de la Dependencia que se aplica a nivel nacional, porque dicen que en Canarias ya está implantado un sistema propio de atención a la dependencia, sobre la base de los mencionados planes. Se trata, por tanto, de una declaración que insulta a nuestra inteligencia, y una falta de respeto para las personas en situación de dependencia. El Plan Socio-Sanitario, a diferencia de la Ley de la Dependencia, no contempla ni la teleasistencia, ni la ayuda a domicilio, ni la prevención de la autonomía personal, ni los centros residenciales de noche, ni las prestaciones vinculadas al servicio, ni las prestaciones al entorno familiar, ni las prestaciones para asistencia personal de las personas dependientes. En realidad, dicho plan no pasa de ser una simple relación de centros residenciales y de un puñado de centros de día, que todos juntos no cubren ni por asomo la demanda existente. El Plan de la Discapacidad es más de lo mismo. ¿Por qué sale entonces el Presidente del Gobierno de Canarias diciendo a la ciudadanía semejante falsedad? Porque hay que esconder que en Canarias no se ha hecho nada en lo que a la aplicación de la Ley de la Dependencia se refiere.

Este artículo quiere denunciar la situación que vivimos en Canarias. El 1 de enero de 2008 se ha cumplido el primer año de aplicación de la Ley de la Dependencia. Y durante este período, en las islas ya tenía que haberse valorado el grado de dependencia y haberse hecho efectivas las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho las 6.402 personas con gran dependencia del archipiélago, según consta en el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE de 2 de junio de 2007). La Consejera de Bienestar Social afirma que a fecha de hoy se ha valorado a 1.135 grandes dependientes, lo que supone apenas un 17% del total que debían haberlo sido antes del 31 de diciembre de 2007. Además, tenían que haber dictado la normativa autonómica para aplicación de la Ley en Canarias, cosa que no han hecho aún a diferencia del resto de las comunidades autónomas,. Eso ha impedido que, por lo menos a las personadas ya valoradas, se les hiciese efectivo el pago de las cantidades mensuales recogidas en la Ley, y que el Estado ya ingresó en las arcas de la Comunidad Autónoma en la proporción que le corresponde. Y que ascienden a (780 ? al mes, si la persona no obtuvo un servicio a domicilio o una plaza residencial; 487 ? al mes para el pago del cuidador familiar, que tiene que ser dado de alta en la Seguridad Social, o 780 ? mensuales en caso de asistencia personal ajena a la familia).