Anatomía de una confabulación

Pocas veces un periodista está en la mejor posición de relatar unos hechos como aquellos en los que involuntariamente se convierte en protagonista. Es mi caso. Me llamo Carlos Sosa, soy el administrador único de Clan de Medios, empresa editora de Canarias Ahora, periódico del que soy director, y pareja de la jueza Victoria Rosell, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.

Hace más de una semana me enteré de que la fiscalía de Las Palmas había abierto una investigación proprocesal en la que se investigaba un contrato en el que aparece mi firma. Y no me enteré porque me fuera notificada tal denuncia ni porque hubiera sido llamado a declarar (que todavía no lo he sido), sino porque la fiscala de Delitos Económicos Evangelina Ríos había llamado a declarar al director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo, cuya firma aparecía junto a la mía en el contrato objeto de esa peculiar investigación.

Patricio estuvo tres horas y media declarando como testigo ante Ríos y al término de esa comparecencia dio por sentado que la fiscala había dado por terminadas las pesquisas ante la información que le facilitó. Pero eso resultaba imposible, las órdenes de la superioridad le impedían hacerlo porque de lo que se trataba era de conseguir el titular de El Mundo que todos hemos podido ver este miércoles por la noche: “La fiscalía investiga a la ‘juez estrella’ de la lista de Podemos”.

La pieza principal de la noticia la firma el periodista Fernando Lázaro, casualmente el mismo que firmó la que en 2011 publicó el mismo periódico, también con grandes alardes tipográficos, tras una queja ante el Poder Judicial de José Manuel Soria contra la misma jueza. Entonces la acusaba de haber sido la redactora de la querella que le presenté por el famoso caso Salmón. La queja fue archivada por el órgano de gobierno de los jueces al comprobar, como yo había sostenido desde el principio, que aquella querella la redactaron los abogados de un colectivo ecologista que finalmente no se atrevió a presentarla. Mi abogado, Luis Val, y yo mismo, la actualizamos, la arreglamos un poco y la presentamos. A Soria le costó una imputación por cohecho impropio que se alargó durante más de nueve meses y que se archivó porque a la magistrada que lo investigó le dio por asegurar que la dádiva (viajar invitado en el jet privado de un importante empresario turístico al que Soria benefició desde el Cabildo de Gran Canaria y desde el Parlamento de Canarias) no era para tanto.

Al igual que entonces, tampoco en esta ocasión Fernando Lázaro ha cumplido con su deber de llamar a las dos víctimas de su información para recabar su versión. Se limitó, como entonces, a publicar la que le acercaba Soria, en este caso, unas actuaciones de la fiscalía de Las Palmas, única poseedora del expediente en cuestión dado que no hay nadie personado ni, por lo tanto, nadie que tenga los documentos que sí tiene Lázaro. Periodismo de investigación, se llama.

Cuando Vicky, mi pareja, me contó que tenía una propuesta de Podemos para ir en sus listas al Congreso por Las Palmas, tras manifestarle mi apoyo sólo le hice una advertencia: a partir de que aceptes vas a sufrir el ataque sin límites de José Manuel Soria. Y así ha sido.

Al PP le preocupa la incorporación de Victoria Rosell a la carrera electoral. Sabe de su prestigio, de su integridad profesional y del valor que aporta a Podemos. Pero esa preocupación se convierte en otra cosa muy distinta cuando la incorpora a su esquema mental el también candidato José Manuel Soria. Cuando entra Vicky en la carrera electoral, el ministro pierde la perspectiva por completo y ya no ve a una adversaria política sino a la pareja del periodista que le ha amargado su carrera política. Es decir, yo.

Desde que en 2004 publiqué en Canarias Ahora el número de una cuenta en Suiza que opiné que se debía investigar y que entroncaba abiertamente con una operación inmobiliaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con un viaje relámpago a Zurich del concejal de Hacienda a las órdenes del alcalde Soria, éste entró en cólera. Y desde entonces no lo ha abandonado. Su obsesión no es convencer a la opinión pública de su honradez sino cerrar el medio que dirijo y meterme en la cárcel.

Vicky Rosell es para él un instrumento perfecto para alcanzar ese propósito y hacia ella dirige ahora toda su ira mediante una acción de la Fiscalía Provincial de Las Palmas donde ha encontrado la comprensión y la complicidad necesarias. A su frente hay un fiscal casado con una alta funcionaria de la Comunidad Autónoma de Canarias que no habría pasado el filtro de la honradez profesional en un caso de corrupción que investigó en 2011 la misma jueza víctima de este ataque. Y a las órdenes de ese fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, opera una fiscala –Evangelina Ríos- que no se oculta para reconocer que tiene animadversión personal hacia Vicky.

Da igual que el Consejo General del Poder Judicial haya avalado absolutamente la instrucción que estos dos fiscales han puesto en entredicho. Da igual que hayan dado consideración de penal a una causa que, en el peor de los casos, solo supondría una infracción disciplinaria. Lo que importa, lo que importaba, era el titular de El Mundo y ya lo han conseguido.

Ahora habrán de atenerse a las consecuencias, porque tanto a Vicky como a mí, como siempre ha pasado cada vez que Soria nos ha atacado, nos asiste la verdad. Veremos quién gana esta partida.

Pocas veces un periodista está en la mejor posición de relatar unos hechos como aquellos en los que involuntariamente se convierte en protagonista. Es mi caso. Me llamo Carlos Sosa, soy el administrador único de Clan de Medios, empresa editora de Canarias Ahora, periódico del que soy director, y pareja de la jueza Victoria Rosell, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.

Hace más de una semana me enteré de que la fiscalía de Las Palmas había abierto una investigación proprocesal en la que se investigaba un contrato en el que aparece mi firma. Y no me enteré porque me fuera notificada tal denuncia ni porque hubiera sido llamado a declarar (que todavía no lo he sido), sino porque la fiscala de Delitos Económicos Evangelina Ríos había llamado a declarar al director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo, cuya firma aparecía junto a la mía en el contrato objeto de esa peculiar investigación.