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Opinión - Salvar el Mediterráneo y a sus gentes. Por Neus Tomàs

La denuncia que archivó el TSJC (V)

“Habiéndose percatado varios consejeros de la Autoridad Portuaria de la operación que se pretendía autorizar a favor de los señores Esquivel otorgándoles concesión demanial sin concurso y sin otras prevenciones legales en el puerto de Arinaga, el presidente del organismo portuario, don José Manuel Arnáiz, se vio obligado a retirar del orden del día tal asunto. Es entonces cuando el consejo de administración faculta al señor Arnáiz para negociar con la UTE formada por las mercantiles Promotora de Recursos Eólicos y Mediatec, la cesión de sus proyectos técnicos presentados para el concurso eólico, ofreciéndoles el pago de los gastos correspondientes. De ese modo sería la Autoridad Portuaria quien se presentara el concurso eólico utilizando sus propios suelos públicos. Este acuerdo, que inicialmente y sólo con este tenor apoyaban todos los miembros del consejo, incluidos los hermanos Soria, es luego transformado por Arnáiz en un alambicado contrato considerado más tarde lesivo para el interés general por el Ministerio de Fomento”.

“Habiéndose percatado varios consejeros de la Autoridad Portuaria de la operación que se pretendía autorizar a favor de los señores Esquivel otorgándoles concesión demanial sin concurso y sin otras prevenciones legales en el puerto de Arinaga, el presidente del organismo portuario, don José Manuel Arnáiz, se vio obligado a retirar del orden del día tal asunto. Es entonces cuando el consejo de administración faculta al señor Arnáiz para negociar con la UTE formada por las mercantiles Promotora de Recursos Eólicos y Mediatec, la cesión de sus proyectos técnicos presentados para el concurso eólico, ofreciéndoles el pago de los gastos correspondientes. De ese modo sería la Autoridad Portuaria quien se presentara el concurso eólico utilizando sus propios suelos públicos. Este acuerdo, que inicialmente y sólo con este tenor apoyaban todos los miembros del consejo, incluidos los hermanos Soria, es luego transformado por Arnáiz en un alambicado contrato considerado más tarde lesivo para el interés general por el Ministerio de Fomento”.