Cinco despidos por falta muy grave

Mientras en el Cabildo se dilucidaba la adjudicación de los servicios de seguridad, en los juzgados de lo Social se veían dos juicios por otros tantos despidos producidos en octubre pasado en Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, tras varios meses de investigaciones, puso en la calle a cuatro vigilantes y a un coordinador al haber descubierto una trama consistente en inflar el número de horas extraordinarias a facturar, mira tú que cosas, al propio Cabildo. Según la empresa y según una sentencia de lo Social donde queda todo acreditado, los despedidos habían redactado cuadrantes de horas extraordinarias para que los vigilantes percibieran sobresueldos que incluso doblaban su salario habitual. Con el fruto de la presunta estafa, siempre según la empresa y la sentencia de lo Social, los vigilantes untaban al coordinador de esos servicios, quien una vez despedido de Seguridad Integral Canaria, pasó a ser contratado como delegado en Canarias de la empresa Serramar, adjudicataria provisional de los mismos servicios donde se había cometido la estafa. Tres de los despedidos, que no demandaron a la empresa, han reconocido ante el juez los hechos, presuntamente delictivos.

Mientras en el Cabildo se dilucidaba la adjudicación de los servicios de seguridad, en los juzgados de lo Social se veían dos juicios por otros tantos despidos producidos en octubre pasado en Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, tras varios meses de investigaciones, puso en la calle a cuatro vigilantes y a un coordinador al haber descubierto una trama consistente en inflar el número de horas extraordinarias a facturar, mira tú que cosas, al propio Cabildo. Según la empresa y según una sentencia de lo Social donde queda todo acreditado, los despedidos habían redactado cuadrantes de horas extraordinarias para que los vigilantes percibieran sobresueldos que incluso doblaban su salario habitual. Con el fruto de la presunta estafa, siempre según la empresa y la sentencia de lo Social, los vigilantes untaban al coordinador de esos servicios, quien una vez despedido de Seguridad Integral Canaria, pasó a ser contratado como delegado en Canarias de la empresa Serramar, adjudicataria provisional de los mismos servicios donde se había cometido la estafa. Tres de los despedidos, que no demandaron a la empresa, han reconocido ante el juez los hechos, presuntamente delictivos.