Bajo los efectos de 20.000 archivos pirateados

Aquella entrada y registro en plan cacharrería en tres emisoras de radio de Telde va camino de costar un serio disgusto a la juez que la autorizó, María de los Ángeles Zabala, quizás llevada por un exceso de diligencia hacia el denunciante y por otro exceso de confianza en las fuerzas actuantes, mayormente de la Guardia Civil de Guía. Ya saben nuestros más atentos lectores que la juez fue denunciada por el Ayuntamiento de Telde por prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales por haber ordenado la entrada, registro y precinto de Canal Telde Radio, de titularidad municipal, acción que se repitió el mismo día a la misma hora (12 de julio de 2010, 13.30 horas) en Radio Cibelio y PCL Radio. Pues bien, la magistrada ha declarado ante el juez instructor que la investiga que ella se limitó a aplicar la ley, que consideró proporcionada y fundada en derecho su decisión y que, en todo caso, lo que le pasa al Ayuntamiento denunciante es que trata de extender una cortina de humo sobre el hecho de que “una radio municipal, con el erario público, ha permitido (...) la comisión de un delito contra la propiedad intelectual en el que se ha descubierto que indiciariamente existían no una, ni dos, ni veinte, sino 20.000 archivos pirateados”. Lo malo es que, como ya dijo el fiscal a las pocas semanas de aquel atropello, se dictó un auto “nulo de pleno derecho” que invalida cualquier intento de aclarar unos hechos que se pudieron investigar de manera menos expeditiva y más respetuosa con los derechos fundamentales.

Aquella entrada y registro en plan cacharrería en tres emisoras de radio de Telde va camino de costar un serio disgusto a la juez que la autorizó, María de los Ángeles Zabala, quizás llevada por un exceso de diligencia hacia el denunciante y por otro exceso de confianza en las fuerzas actuantes, mayormente de la Guardia Civil de Guía. Ya saben nuestros más atentos lectores que la juez fue denunciada por el Ayuntamiento de Telde por prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales por haber ordenado la entrada, registro y precinto de Canal Telde Radio, de titularidad municipal, acción que se repitió el mismo día a la misma hora (12 de julio de 2010, 13.30 horas) en Radio Cibelio y PCL Radio. Pues bien, la magistrada ha declarado ante el juez instructor que la investiga que ella se limitó a aplicar la ley, que consideró proporcionada y fundada en derecho su decisión y que, en todo caso, lo que le pasa al Ayuntamiento denunciante es que trata de extender una cortina de humo sobre el hecho de que “una radio municipal, con el erario público, ha permitido (...) la comisión de un delito contra la propiedad intelectual en el que se ha descubierto que indiciariamente existían no una, ni dos, ni veinte, sino 20.000 archivos pirateados”. Lo malo es que, como ya dijo el fiscal a las pocas semanas de aquel atropello, se dictó un auto “nulo de pleno derecho” que invalida cualquier intento de aclarar unos hechos que se pudieron investigar de manera menos expeditiva y más respetuosa con los derechos fundamentales.