La jueza que nunca ha querido investigar a Clavijo

Dice la costumbre que las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, pero quienes las dictan, es decir, los jueces y las juezas, no. Sin embargo, cuando las resoluciones judiciales de una sola jueza referidas a una muy concreta instrucción penal dibujan una tendencia sostenida, la crítica ha de extenderse necesariamente a quien las emite. Eso ocurre con la titular de Instrucción 2 de la ciudad de La Laguna, Celia Blanco, encargada muy a su pesar de investigar el llamado caso Grúas, es decir, la sucesión de hechos presuntamente relacionados con la corrupción que rodearon la privatización del servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública en esa ciudad cuando la regía el hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

1.- Archivo sin apenas practicar diligencias de investigación. Desde que recayó en su juzgado la denuncia de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (Unidos se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias), la jueza Blanco ha venido haciendo todo lo posible por quitarse de encima semejante marrón. Sin llamar a nadie a declarar y sin la más mínima práctica de diligencias de investigación, la jueza ordenó el archivo de la causa a poco de comenzarla, a mediados de 2017.

Los denunciantes recurrieron aquel auto, y en una durísima resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se ordenó a la jueza Blanco que investigara la denuncia dada la existencia de evidentes indicios delictivos. Y así lo hizo la jueza, pero sin embargo llamó a declarar solamente a testigos, siete trabajadores de la empresa de grúas y varios funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna.

2.- Una investigación sin investigados. La instrucción estaba siendo tan surrealista que no había nadie investigado. Se interrogaba a testigos sin que ninguna de las partes personadas pudiera adivinar qué comportamientos y de qué autor o autores eran el objeto de aquellas pesquisas.

Ante la reclamación de los denunciantes, la jueza imputó al sospechoso de menor grado de todos los mencionados en la denuncia, al concejal Antonio Pérez-Godiño, actual portavoz de Coalición Canaria en el consistorio que en alguna ocasión durante el caso había sustituido al actual alcalde, José Alberto Díaz, del mismo partido, durante la tramitación del expediente de las grúas mientras este último ocupó el puesto de concejal de Seguridad.

Celia Blanco se resistía a elevar el punto de mira hacia Díaz alegando que no podía ser responsable alguien que no había firmado ninguno de los decretos indiciariamente delictivos. Una afirmación con la que, sin pretenderlo, ya estaba apuntando a quien realmente sí los firmó, el alcalde en cuestión, el hoy presidente de Canarias Fernando Clavijo.

3.- Segundo revolcón: la obligan a imputar al alcalde. Un segundo recurso ante la Audiencia Provincial en el que se indicaba a la jueza que la ausencia de firma no debería implicar necesariamente ausencia delictiva, la obligó entonces a llamar a declarar como investigado a José Alberto Díaz, lo que automáticamente colocaba en el disparadero a Fernando Clavijo. Fue en ese instante cuando el representante del Ministerio Fiscal, hasta ese momento tan remolón como la jueza, observó que aquella causa tomaba cuerpo y que muy probablemente habría que llamar a declarar al alcalde que firmó decretos levantando los reparos del interventor municipal para otorgar un préstamo a una empresa de la que se habían hecho cargo siete trabajadores con estrechos vínculos con la autoridad municipal, y para prorrogar una concesión que en realidad debió haberse rescatado para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento del pliego de aquel concurso que Clavijo había promovido cuando todavía era un prometedor concejal de Seguridad de La Laguna.

4.- Tibias exposiciones razonadas al TSJC. A Celia Blanco no le quedaba ya más remedio que remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dada la condición de aforado de Fernando Clavijo. Lo hizo con una exposición razonada en la que prácticamente copió y pegó el auto de la Audiencia Provincial que le obligaba a investigar. Y lo hizo con tan poca enjundia e interés que el TSJC le devolvió su exposición muy respetuosamente pidiéndole que se la currara un poco más.

Una segunda exposición razonada, ya avanzado el verano de 2018, coincidía en el tiempo con los últimos trámites de la aprobación en la Cortes del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos para las autoridades autonómicas y que, por lo tanto, dejaba a Clavijo nuevamente en manos de esta jueza de La Laguna con tan pocas ganas de interrogar a ese señor del que me habla en calidad de imputado.

5.- Doreste toma cartas en el asunto. El resto de esta historia se precipitó este mismo martes. El periódico La Provincia publicaba por la mañana que la jueza Blanco había ofrecido a Fernando Clavijo la posibilidad de suspender su declaración, una interpretación errónea de una providencia de la magistrada en la que, en realidad, pedía que la defensa del presidente le explicara qué cosa era esa de que había recurrido en casación ante el Supremo el auto (irrecurrible) del TSJC que enviaba la causa de nuevo a los predios laguneros. La mismísima jueza desmintió por lo conductos oficiales que tal cosa hubiera salido de su puño y de su letra, lo que a continuación activó la maquinaria prevista para los casos en los que el árbitro pita “peligro” para la máxima autoridad autonómica: el presidente del TSJC se ocupó personalmente de informar a la jueza de que, efectivamente, Clavijo estaba en trance de recurrir ante el Supremo un auto irrecurrible y que lo más conveniente era suspender su declaración como investigado, prevista para este viernes, y esperar acontecimientos. Para avalar sus doctos consejos, Antonio Doreste hizo valer el voto particular que emitió con ocasión de ese mismo auto recurrido, lo que convenció de inmediato a la magistrada. Olvidó advertir a la jueza de que la ley es muy clara respecto a la casación y que los autos de esta naturaleza están fuera de cualquier tipo de consideración. Si es que lo sabe, claro.

Con su decisión, Clavijo y Coalición Canaria ven cumplido su deseo de que el candidato a repetir en la presidencia del Gobierno no sufra la fotografía de tener que declarar este viernes, a escaso mes y medio de las elecciones autonómicas. Una victoria que puede convertirse en pírrica si, como anuncian las acusaciones, esa decisión resulta recurrida ante la temible Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá que sopesar por tercera vez en esta causa si la jueza está actuando con la diligencia debida o si se está dejando llevar por su indisimulado deseo de no investigar a Fernando Clavijo.

El antecedente del caso Corredor

Coalición Canaria y Fernando Clavijo tienen motivos de sobra para creer en la justicia. O al menos en la justicia que hace virguerías para protegerles. En vísperas de la campaña de 2015, el actual presidente se vio implicado en el llamado caso Corredor, otra causa que tenía como epicentro la ciudad de La Laguna, pero en lugar de las grúas, la actividad económica digna de investigación eran los negocios nocturnos. Una inoportuna interceptación de llamadas telefónicas hizo aparecer la voz y la febril actividad de Fernando Clavijo, por entonces alcalde de la ciudad. Se le escuchó actuando de un modo muy parecido a como actuó en el caso grúas: ejerciendo de componedor de intereses, favoreciendo a los que le interesaba favorecer a los efectos puramente partidistas.

En aquella ocasión, el actual presidente de Canarias se tropezó con una sucesión de casualidades que le permitieron llegar a la campaña electoral con la causa contra él perfectamente archivada. Para eso fue necesario que de los juzgados de La Laguna desapareciera el tomo concreto de la instrucción en el que estaban las escuchas que lo incriminaban. Y que en la diligencia de reconstrucción de los autos a la fiscalía se le perdieran justo, justito, los autos de prórroga de las escuchas más comprometedoras.

Paralelamente, el principal encartado en el caso Corredor, el empresario nocturno Evaristo González, se querellaba contra el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, que es apartado de la instrucción por la evidente contaminación. Una jueza sustituta, seguramente muy instruida, termina por archivarlo todo.

Si tienen problemas con la justicia, acarícienle la chepa a Clavijo.

NOTA DEL AUTOR

En la tarde de este miércoles, Antonio Doreste, presidente del TSJC, remitió a este periódico el siguiente texto, que reproducimos íntegramente:

“Es completamente FALSA la noticia publicada el 13 de Marzo de 2019, en el periódico digital ”canariasahora.com“ bajo la rúbrica ”Doreste toma cartas en el asunto“ del siguiente contenido: ”el presidente del TSJC se ocupó personalmente de informar a la jueza que, efectivamente, Clavijo estaba en trance de recurrir ante el Supremo un auto irrecurrible y que lo más conveniente era suspender su declaración como investigado, prevista para este viernes y esperar acontecimientos. Para avalar sus doctos consejos, Antonio Doreste hizo valer el voto particular que emitió con ocasión de este mismo auto recurrido, lo que convenció de inmediato a la magistrada“. Esta información es falsa, pues Antonio Doreste no llamó a la juez, ni personal ni indirectamente.”

Las Palmas, a 13 de Marzo de 2019.

Antonio Doreste.“

Dice la costumbre que las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, pero quienes las dictan, es decir, los jueces y las juezas, no. Sin embargo, cuando las resoluciones judiciales de una sola jueza referidas a una muy concreta instrucción penal dibujan una tendencia sostenida, la crítica ha de extenderse necesariamente a quien las emite. Eso ocurre con la titular de Instrucción 2 de la ciudad de La Laguna, Celia Blanco, encargada muy a su pesar de investigar el llamado caso Grúas, es decir, la sucesión de hechos presuntamente relacionados con la corrupción que rodearon la privatización del servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública en esa ciudad cuando la regía el hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

1.- Archivo sin apenas practicar diligencias de investigación. Desde que recayó en su juzgado la denuncia de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (Unidos se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias), la jueza Blanco ha venido haciendo todo lo posible por quitarse de encima semejante marrón. Sin llamar a nadie a declarar y sin la más mínima práctica de diligencias de investigación, la jueza ordenó el archivo de la causa a poco de comenzarla, a mediados de 2017.