'Lancelot' explica el daño

La versión del empresario Juan Francisco Rosa, manifestada a través de su abogado, Felipe Fernández Camero, llegó a través del periódico Lancelot, de cuyo grupo editorial el infractor es el principal accionista y que hace meses se mofó de que se le precintara “una piedra”. Leer lo que dice Fernández Camero requiere cierto esfuerzo para separar su vertiente como defensor en este caso de su dilatada carrera como imputado por diversas causas relacionadas con la corrupción urbanística en Lanzarote. Probablemente por ello, por su experiencia primero como letrado de las administraciones públicas y luego como investigado, es el favorito de Rosa y los que como él actúan. Dice Camero en las manifestaciones que recoge fielmente Lancelot que el cierre de la bodega supondrá para el empresario unas pérdidas de cuatro millones de euros, y que sólo el valor de la uva almacenada para elaborar vinos es de un millón. Por supuesto, el letrado anuncia que los trabajadores se irán al paro, como pasó con los del restaurante de ese mismo complejo, cerrado por ilegal por orden del Ayuntamiento de Yaiza, que ya no baila al son que marca el empresario. De las penurias que anuncia por la decisión judicial no se libran los viticultores, 93, según su versión, con los que Stratvs tiene compromiso de compra. Como tampoco se libran jueza y fiscal, a los que atribuye una medida desproporcionada y un trato desigual, respectivamente. Cabe preguntarse si imputado y letrado entienden por medida proporcional el sostenimiento de una edificación ilegal, levantada sobre suelo ajeno, desarrollando una actividad para la que no tiene licencia. Justo lo que continúa pasando con los hoteles ilegales lanzaroteños, en uno de los cuales ya ha veraneado dos veces, tan campante, el ministro de Turismo. Como dato relevante, la versión que presenta el letrado Fernández Camero no desmiente ninguno de los motivos que han provocado el precinto de la bodega, excepto en lo referido al vertido de aguas residuales. No parece tener argumentos para desmontar el resto de acusaciones y todo lo fía a lo de siempre, que un nuevo planeamiento pueda legalizar las edificaciones y, acto seguido, las actividades. Pagando a los legítimos propietarios ?es de esperar- el suelo presuntamente usurpado. Ni una palabra acerca de imputaciones tan graves como la estafa y la falsedad, que la jueza atribuye al cliente de Camero, por haber simulado la identidad del promotor, falsear los datos de la parcela catastral, certificar obras en contra de la realidad, cambiar titularidades catastrales, alterar linderos o constituir hipotecas sobre fincas con bodega que en realidad no tenían edificaciones.

La versión del empresario Juan Francisco Rosa, manifestada a través de su abogado, Felipe Fernández Camero, llegó a través del periódico Lancelot, de cuyo grupo editorial el infractor es el principal accionista y que hace meses se mofó de que se le precintara “una piedra”. Leer lo que dice Fernández Camero requiere cierto esfuerzo para separar su vertiente como defensor en este caso de su dilatada carrera como imputado por diversas causas relacionadas con la corrupción urbanística en Lanzarote. Probablemente por ello, por su experiencia primero como letrado de las administraciones públicas y luego como investigado, es el favorito de Rosa y los que como él actúan. Dice Camero en las manifestaciones que recoge fielmente Lancelot que el cierre de la bodega supondrá para el empresario unas pérdidas de cuatro millones de euros, y que sólo el valor de la uva almacenada para elaborar vinos es de un millón. Por supuesto, el letrado anuncia que los trabajadores se irán al paro, como pasó con los del restaurante de ese mismo complejo, cerrado por ilegal por orden del Ayuntamiento de Yaiza, que ya no baila al son que marca el empresario. De las penurias que anuncia por la decisión judicial no se libran los viticultores, 93, según su versión, con los que Stratvs tiene compromiso de compra. Como tampoco se libran jueza y fiscal, a los que atribuye una medida desproporcionada y un trato desigual, respectivamente. Cabe preguntarse si imputado y letrado entienden por medida proporcional el sostenimiento de una edificación ilegal, levantada sobre suelo ajeno, desarrollando una actividad para la que no tiene licencia. Justo lo que continúa pasando con los hoteles ilegales lanzaroteños, en uno de los cuales ya ha veraneado dos veces, tan campante, el ministro de Turismo. Como dato relevante, la versión que presenta el letrado Fernández Camero no desmiente ninguno de los motivos que han provocado el precinto de la bodega, excepto en lo referido al vertido de aguas residuales. No parece tener argumentos para desmontar el resto de acusaciones y todo lo fía a lo de siempre, que un nuevo planeamiento pueda legalizar las edificaciones y, acto seguido, las actividades. Pagando a los legítimos propietarios ?es de esperar- el suelo presuntamente usurpado. Ni una palabra acerca de imputaciones tan graves como la estafa y la falsedad, que la jueza atribuye al cliente de Camero, por haber simulado la identidad del promotor, falsear los datos de la parcela catastral, certificar obras en contra de la realidad, cambiar titularidades catastrales, alterar linderos o constituir hipotecas sobre fincas con bodega que en realidad no tenían edificaciones.