Así es un 'lawfare' por dentro

Buenas tardes:

Ante todo, gracias. Gracias a todas las personas que hoy han venido hasta aquí, gracias Monica Oltra; gracias, Victoria Rosell. Y muchas gracias por supuesto a la Unió de Periodistes Valencians por distinguirme con este premio a la Libertad de Expresión. 

Debo confesarles que cuando supe que se me concedía me emocioné muchísimo. No solo por lo que supone que un colectivo tan amplio de colegas de profesión reconozca tu trabajo y el riesgo que a veces se corre al ejercerlo, sino especialmente por la entidad de los otros premiados: el sindicato de periodistas de Palestina, víctimas junto a la población de la Franja de Gaza, de la masacre y la aniquilación que el Estado de Israel está perpetrando allí. 

¿Qué hace un periodista como yo, de la ultraperiferia, compartiendo premio con unos héroes que no solo soportan los sufrimientos de informar en zona de guerra, sino que, además, pierden a sus familiares y su vida misma por hacerlo?

A nuestra manera, a la manera hispana, aquí también se están poniendo en riesgo, desde hace tiempo ya, muchas cosas que son vitales. Y es urgente que la ciudadanía exija ya a sus representantes que promuevan las medidas precisas para blindar de manera adecuada todos nuestros derechos ciudadanos.

Al presidente del Gobierno le tengo que reprochar que haya tenido que ver en su propia casa, que sufrir en su propio entorno, los efectos perversos de uno de los principales agujeros que tiene nuestra democracia para decidirse a actuar. Bueno, a reflexionar y parece, que ahora sí, a actuar.

Por supuesto que comprendo lo que contaba en su carta Pedro Sánchez. Lo comprendo, lo comparto y me solidarizo con él. Yo también sufrí durante mucho tiempo las consecuencias colaterales de que se persiguiera a mi pareja, Victoria Rosell, de la que yo también me confieso públicamente enamorado, y viví muy de cerca el sufrimiento que para ella supuso ver desmoronarse el prestigio y la respetabilidad del colectivo profesional, la Judicatura, del que forma parte. 

Entonces era Podemos la pieza a abatir porque era una fuerza en auge, a las que algunas encuestas llegaron a darle más escaños que al PSOE. Era el final del bipartidismo, y el bipartidismo miró para otro lado o directamente participó en esas operaciones de persecución utilizando a jueces, fiscales, policías y medios de comunicación afines a la causa.

Como periodista tuve el privilegio –vamos a llamarlo así- de vivirlo desde dentro porque no solo era el consorte de la perseguida, sino que también a mí me tocó ser otra pieza a abatir. 

Por eso estoy en disposición de afirmar ante ustedes que el lawfare o instrumentalización de la justicia, persecución judicial o judicialización de la política (llámenlo como quieran), existe. 

Y da mucho miedo.

Mi experiencia personal y profesional es la de una cacería utilizando a la Fiscalía y a la Administración de Justicia desde el poder político, desde el Gobierno. Con la participación ineludible e imprescindible del periodismo, de determinados periodistas y determinados medios de comunicación que acostumbran a prestarse con facilidad a este tipo de operaciones.

Por supuesto tengo pruebas suficientes para sostener donde sea preciso que el lawfare existe porque a esto he dedicado gran parte de los últimos ocho años de mi vida profesional. Aunque ahora me quieran meter en la cárcel y acabar con mi patrimonio por contarlo.

Todo comenzó cuando Victoria Rosell decidió aceptar la oferta de ser la cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Hasta entonces se había significado como portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y como una magistrada comprometida en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas menos favorecidas.

Por entonces, octubre de 2015, Victoria Rosell y yo ya éramos pareja, lo que era conocido en todos los ambientes políticos, periodísticos y judiciales. Particularmente lo sabía el ministro José Manuel Soria López, titular de Industria, Comercio y Turismo, presidente del Partido Popular de Canarias, donde ocupó sucesivamente los cargos de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y ejercía el poder en todas sus dimensiones.

Su historial de corrupción era ya muy abultado cuando Rajoy lo hizo ministro en diciembre de 2011. Y todos sus casos de corrupción los publicó el periódico que dirijo. Desde el caso Isolux (adjudicar a una empresa inexperta los elementos más caros y sensibles de una potabilizadora), al caso Salmón (viajar de gorra a Noruega en avión privado con el empresario al que acababa de calificar 5.000 camas turísticas), pasando por el caso Chalet (vivir de gorra en la casa de un empresario beneficiado por una adjudicación eólica). Todos ellos con la correspondiente querella del señor Soria con petición de dos años de cárcel para mí y fuertes indemnizaciones económicas. De todas esas querellas salimos airosos salvo de una, la conocida como caso La Favorita, un pelotazo en Las Palmas de Gran Canaria montado para que un empresario comprara en el mercado unas naves industriales por 5 millones de euros que justo a continuación le compró el Ayuntamiento por 12 millones.

Nos condenó por calumnias en 2005 una jueza sustituta que apareció y desapareció del foro de manera fulgurante. Recurrimos ante la Audiencia Provincial, donde el entonces juez impoluto Salvador Alba confirmó la sentencia: 20.000 euros de multa por calumniar a Soria.

Alba y Soria ya se conocían bien por entonces porque el primero quería hacer carrera en el Poder Judicial (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y vocal del Consejo General del Poder Judicial) y el respaldo del ministro y presidente del PP canario era trascendental.

La promesa era tan firme que Alba ya buscaba jefe de prensa entre sus conocidos, con quienes presumía de todos los escoltas que iba a tener.

Así que, aprovechando que había confianza, Soria se apoyó en 2015 en el por entonces todavía impoluto juez Alba para hacer llegar a la Fiscalía de Las Palmas un sobre —que la Fiscalía dijo falsamente que fue “anónimo”- conteniendo un contrato firmado por mí con el que se pretendía que se abriera una investigación “de carácter pre-procesal” a ver si mi pareja había incurrido en una falta disciplinaria por no apartarse de una causa con un imputado con el que mi empresa había firmado aquel contrato.

Al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, le costó muy poco abrir aquellas diligencias preprocesales: al fin y al cabo Victoria Rosell había sido la jueza que había imputado a su esposa, Lourdes Quesada, por delitos relacionados con la corrupción durante su paso por la Consejería de Sanidad de Canarias mientras estuvo en manos del PP de José Manuel Soria y, como ocurrió aquí, en Valencia, hacer de todo para privatizar la sanidad pública.

Ese fiscal jefe de Las Palmas no solo abrió unas diligencias claramente irregulares que luego fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo por vulnerar derechos fundamentales de la investigada, sino que, además, emitió un comunicado urbi et orbi contando que investigaba a la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados ¡el día que comenzaba la campaña electoral de 2015! 

El comunicado se emitía el mismo día en el que el diario El Mundo publicaba a cuatro columnas abriendo su edición de papel con el sugerente titular de “La Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos”. La información, por llamarla de algún modo, la firmaba el periodista Fernando Lázaro, que no es redactor de la sección de Tribunales, ni tampoco de la sección de Política. Lo era, lo es, de la sección de cloacas del Estado, como quedó muy bien reflejado en el libro El Director, de David Jiménez, quien lo apodó para la ocasión como Asuntos Internos.

Aquel fiscal jefe de Las Palmas que abrió la investigación sobre Rosell puso al frente de la misma a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, a la que luego veremos mano a mano con el juez Alba maquinando para fabricar pruebas contra Rosell. 

A pesar de su fracaso, de la ilegalidad de sus “diligencias preprocesales” y su oportuno comunicado para condicionar la campaña electoral, al fiscal García-Panasco el PP lo sacó de Canarias premiándolo con un puesto en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, a continuación, con una plaza de letrado en el Tribunal Constitucional, donde sigue ejerciendo a día de hoy. 

Estamos en buenas manos.

Al fracasar la investigación de la Fiscalía, José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell una querella por injurias y calumnias por manifestaciones suyas durante aquella campaña electoral. Lo hizo en Madrid, en los juzgados ordinarios porque por entonces la magistrada estaba en excedencia y no era diputada, por lo tanto no tenía ningún tipo de aforamiento. La querella no tenía apenas recorrido –no sé si les suena esto- pero era la estrategia que había que iniciar para lo que vino a continuación.

Y lo que vino a continuación fue la operación puesta en marcha por Salvador Alba en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, del que hasta aquel momento había sido titular Victoria Rosell. 

Para poderlo colocar a Alba en aquel juzgado como juez sustituto fue necesario que el presidente del Tribunal de Justicia de Canarias, por entonces Antonio Doreste (nombrado por el actual Consejo General del Poder Judicial), vulnerara el reglamento que limita a seis meses el periodo en el que un juez puede hacer sustituciones cada año. Alba lo había superado, pero daba igual: el Consejo General del Poder Judicial, el mismo que sigue ahora en funciones desde hace más de cinco años, salvó aquella excepción posteriormente con un acuerdo formal.

Era necesario que Alba entrara en ese juzgado y revisara la causa abierta por delitos fiscales al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Fue el primer expediente que pidió el juez corrupto nada más llegar, y acto seguido impuso una fianza récord al empresario, 35 millones de euros, la más alta jamás impuesta en Canarias. Se trataba de que Ramírez pidiera agua por señas y, a través de su abogado, se aviniera a reunirse con el juez para pactar cómo salir de aquel atolladero que acabó con algunas de sus empresas, según ha declarado él estos últimos días, después de resultar absuelto.

El empresario sabía lo que le iba a pedir Salvador Alba, así que metió en el bolsillo de su americana un dispositivo de grabación camuflado en lo que parecía la llave de un coche. Con él grabó a Salvador Alba explicándole lo que necesitaba que dijera en una declaración judicial pactada: que mantenía negocios con la empresa de mi periódico durante el tiempo en el que Victoria Rosell lo investigaba en su juzgado.

La grabación de Ramírez es una bomba. No solo por el pacto que le proponía aquel juez corrupto, sino porque quedó claro que Alba no actuaba por su cuenta: el juez dijo al empresario que la Fiscalía también estaba en la operación, y para colmo, se escucha entrar en el despacho al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya (elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial), que minutos después, ya a solas con el presidente de la UD Las Palmas, bendecía lo que se acababa de pactar: “Adelante”, se le oye decir claramente.

Emilio Moya, que fue viceconsejero de Justicia de Canarias con el Partido Popular, sigue al frente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Desde este puesto tan relevante convocó hace unos meses a los jueces, juezas, magistrados y magistradas a manifestarse en la Ciudad de la Justicia contra la Ley de Amnistía.

Estamos en buenas manos.

La declaración de Ramirez ante el juez Salvador Alba y la fiscal Evangelina Ríos se produjo en los términos pactados en aquella reunión clandestina. La representante del Ministerio Público le hizo al imputado 82 preguntas, todas referidas a mí y a la empresa que edita mi periódico, cuando ni el uno ni la otra teníamos nada que ver con aquellas diligencias previas.

Con aquella declaración, que minutos después ya tenía el periódico El Mundo, José Manuel Soria amplió su querella contra Rosell a los delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho. Pero dado que la jueza en excedencia ya era diputada de Podemos, la querella la amplió ante el Tribunal Supremo, donde la esperaba el presidente de su Sección Segunda, Manuel Marchena (nombrado por el actual Consejo General del Poder Judicial).

Marchena es un viejo compañero de publicaciones y de conferencias del que en aquel momento era abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar Serrano, el mismo que después defendió al juez Alba. Así que para guardar las apariencias, Soria tiró de un voluntario que tuviera cuentas pendientes con Victoria Rosell. Ese voluntario, el que firmó la querella ante el Supremo, se llama Eligio Hernández, quien fuera fiscal general del Estado con Felipe González. Y el que, desde ese puesto tan importante, catapultó a Manuel Marchena desde la Audiencia Provincial de Las Palmas a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, como hicieron ahora con el fiscal García Panasco. 

Eligio Hernández, ya de vuelta a Canarias tras declararse ilegal su nombramiento, se dedicó al ejercicio de la abogacía, profesión en la que le tocó en una ocasión defender a un matrimonio que explotaba a un trabajador inmigrante que sufrió un grave accidente laboral. La causa cayó en el juzgado de Victoria Rosell, quien no atendió las exigencias que Eligio Hernández solía plantear ante los jueces y juezas que consideraba subordinados.

Por cierto, fue Eligio Hernández el que en 2005 me había defendido frente a Soria en la única querella que he perdido.

Como era de esperar y como mandan los cánones de la cacería judicial o lawfare, la causa contra Victoria Rosell se abrió en el Supremo con gran ruido mediático. Al fin y al cabo era una de las incorporaciones más prometedoras de Podemos, que quedó a tan solo 9.000 votos de José Manuel Soria en la jurisdicción de Las Palmas, por delante incluso del PSOE.

Como ya saben, el código ético de Podemos la obligó a dimitir como diputada y como miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, de la que formaba parte en aquellos momentos entre las elecciones de diciembre de 2015 y las que luego se repetirían en junio de 2016.

Con su dimisión, la causa debía trasladarse de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde por la condición de magistrada que acaba de recuperar al renunciar a su excedencia especial, iba a ser investigada y, en su caso, juzgada.

Pero no fue posible de manera automática porque el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena (el de “controlaremos la Sala Segunda por detrás”) quería retenerla en sus dominios. Así que, decidido a que no se le escapara la pieza, envió un oficio a la Junta Electoral Central para que le informara, en el momento en el que se presentaran las candidaturas de los partidos políticos, si Victoria Rosell iba a volver a concurrir a las elecciones.

Como ven, estamos en buenas manos.

Solo cuando en mayo de 2016 publicamos la escandalosa la grabación al juez Salvador Alba y se descubrió la conspiración, Marchena soltó la causa, que se residenció en el TSJ de Canarias. Fue archivada en diciembre de aquel mismo año, sin un solo reproche penal contra Victoria Rosell, pero con un desgaste personal y público tremendo.

Lo demás ya lo conocen: el que resultó condenado fue el juez Alba, cuya causa judicial seguimos muy de cerca en mi periódico por razones que creo que ustedes tendrán muy claras.

Antes de entrar en prisión, donde lleva ya casi año y medio, Salvador Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, han decidido cobrarse su venganza. 

Como no pudieron contra Victoria Rosell, vienen a por mí. 

No les gustó, entre otras cosas, que descubriéramos que, estando ya investigado, de baja por enfermedad y pendiente de poner una sentencia por un juicio por corrupción del PP en el que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas lo colocó como ponente (como lo oyen) se marcharan ambos con su hija a Maldivas, desde donde divulgaron una foto por varios grupos de WhatsApp en los que se le veía divertidos comiéndose una langosta. O que sus bajas por enfermedad se las firmaran o un pediatra o un médico del Servicio Canario de la Salud a cuyo centro no pertenecía, un medico condenado por falsificar la historia clínica de su mujer. O que contáramos que ambos, Alba y su mujer, demandaron a un matrimonio amigo porque su hija, de 9 años, dijo a la de Alba-Lorenzo, de la misma edad, “a ver cuándo meten a tu padre en la cárcel”. O porque pidió a un juzgado de familia que lo trataran como indigente y le rebajaran la pensión que estaba obligado a pagar al hijo de su primer matrimonio. 

Aunque la información más celebrada por nuestros lectores y la que parece que más les irritó fue la que se titulaba así: “El juez corrupto Salvador Alba reitera desde la playa que sus enfermedades le impiden ir a la cárcel”. La pieza incluía fotografías del matrimonio en una playa grancanaria y nos las facilitaron usuarios reacios a la desfachatez.

Jamás hemos revelado en nuestro periódico ni las enfermedades que alegó para intentar librarse de la cárcel ni el nombre del colegio de su hija, como falsamente escribieron en la querella y como increíblemente la jueza ha dado por cierto. 

Nos cuidamos mucho de cumplir con nuestra obligación de publicar noticias veraces y de interés público que no vulneraran los derechos de nadie, ni siquiera los del delincuente, como ha dicho reiteradamente el Ministerio Fiscal, que pide el sobreseimiento de la causa.

Pero nos ha tocado una jueza que ha preferido creer al condenado, que pide para mí 23 años de prisión y 422.500 euros de indemnización.

Una jueza de las que escuchó a Aznar decir aquello de “el que pueda hacer, que haga”.

¿De qué va esto? Pues esto va de meter miedo, de poner límites a los periodistas, que sepamos que hay determinados asuntos en los que es mejor no meterse porque puedes acabar en el banquillo o, en el peor de los casos, en la cárcel y arruinado. 

Esto va de lo mismo que se ha debatido esta última semana en España, va de un poder judicial con graves incrustaciones de corrupción que, en mi opinión, en algunos casos actúa como una auténtica mafia al servicio de poderes que no son los que emanan democráticamente de las urnas.

Como dijo muy certeramente Wael Al-Dahdouh al recibir este mismo premio con el que hoy me honran mis compañeros valencianos, “hay que seguir trabajando con más ímpetu, más profesionalidad, más objetividad, porque creo profundamente en la importancia de nuestro cometido y en que es necesario cuidar esta profesión porque es nuestra fuente de fuerza”.

Frente al miedo, más periodismo.

Muchas gracias

Buenas tardes:

Ante todo, gracias. Gracias a todas las personas que hoy han venido hasta aquí, gracias Monica Oltra; gracias, Victoria Rosell. Y muchas gracias por supuesto a la Unió de Periodistes Valencians por distinguirme con este premio a la Libertad de Expresión.