La maquinaria de Stratvs como fianza

Podría decirse que los problemas para Juan Francisco Rosa comenzaron el día que se empeñó en salirse del anonimato. Es un empresario emprendedor, muy intuitivo, atrevido y durante mucho tiempo, de éxito. Pero como le ocurre a muchos como él, de buenas a primeras necesitó que su obra trascendiera y de lo puramente mercantil pasara a dejar una huella en la sociedad donde hasta entonces se había desenvuelto. Quienes le han tratado dicen que a ese deseo responde la bodega Stratvs, levantada en uno de los parajes más protegidos y sagrados de Lanzarote, La Geria, sobre un suelo que en parte ni siquiera era suyo e incumpliendo la normativa ambiental y urbanística sin ningún recato. La bodega no solo pretendía ser un monumento a la excelencia empresarial sino también una demostración notoria de impunidad y de poder. Porque ninguna resolución administrativa pudo pararla durante años, hasta que llegó una jueza y le encasquetó un precinto que hizo crujir muchas cuadernas en la sociedad conejera. A la juez, por supuesto, la pusieron verde los medios de comunicación afines al empresario, los políticos comprados por el empresario y los colectivos al servicio del empresario. Y no en un contexto de discusión jurídica, sino arguyendo algo más elevado para el papanatismo imperante: la inversión, los puestos de trabajo, la imagen de Lanzarote… Si tienes dinero y te lo gastas tienes derecho a hacer lo que quieras. Una petición de quince años de cárcel (la que reclama la Fiscalía) amenaza con acabar con los aires de grandeza y de intocabilidad del empresario, salvo que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde será juzgado, vuelva a volar el burro que dejó sentado para la posteridad que Soria no delinquió cuando se dejó invitar por un empresario al que beneficiaba desde el Cabildo porque el avión privado iba a despegar de todos modos, fuera o no fuera el ministro dentro. El mismo burro que dio por probado que el portavoz parlamentario del PP había ejercido el tráfico de influencias pero no con la intensidad suficiente como para condenarlo. Juan Francisco Rosa se sentará en el confortable banquillo del TSJC porque la alcaldesa de Yaiza, Gladis Acuña, para quien el fiscal pide cuatro años de cárcel por no haber actuado diligentemente, ha sido elegida diputada regional por Nueva Canarias, lo que habrá que reprocharle alguna vez al partido de Román Rodríguez.

 

 

La maquinaria como aval

Juan Francisco Rosa ha sido noticia esta semana al conocerse que ha utilizado el valor de la maquinaria de su bodega, inmovilizada en su interior tras la orden de precinto, para responder a la fianza que la jueza le impuso para responder a las posibles multas y a la responsabilidad civil que pudiera derivarse. Entre una cosa y la otra, la jueza le exigió el depósito de casi 700.000 euros con la amenaza, precisamente, de embargarle sus bienes en caso de no hacerlo. No existe aún constancia de que la instructora de la causa, Silvia Muñoz, haya aceptado esta maquinaria como fianza suficiente. En Lanzarote se conocen las dificultades de liquidez que han atravesado estos últimos años los negocios de Rosa y el alto endeudamiento que mantiene con la banca como consecuencia de su imparable deseo inversor, tanto dentro como fuera de la isla de Lanzarote. Lo que, desde luego, no debería haber sido motivo para que se le denegara un aval por parte de alguna de las entidades que lo tienen como cliente, sobre todo después de la venta de una importante pieza de suelo a Mercadona en Arrecife por unos cuatro millones de euros.

Clavijo avaló a San Ginés

Con aval o sin aval, con fianza o sin fianza, con petición de cárcel o sin ella, Juan Francisco Rosa sigue ejerciendo su poder en Lanzarote. A él se le atribuye, por ejemplo, la paternidad intelectual de la destitución del técnico urbanístico del Cabildo Leopoldo Díaz, desencadenante involuntario de la última gran crisis política en la isla al negarse el PSOE a entrar en el gobierno insular con su socio a la fuerza Pedro San Ginés. Un mes después de que se constituyera el Cabildo, los socialistas siguen enrocados en su posición de no ser ni gobierno ni oposición, forzando a San Ginés a una incómoda mayoría minoritaria. Ni siquiera la aceptación de la cruda realidad por parte del destituido jefe de la oficina del Plan Insular y su traslado como secretario al Ayuntamiento de Arrecife ha apaciguado los ánimos. Y los intentos de San Ginés de formalizar un acuerdo con el PP han fracasado por las exigencias de los populares de forzar también una moción de censura en Arrecife contra el alcalde del PSOE, José Montelongo, lo que supondría un doble incumplimiento del pacto entre socialistas y nacionalistas. En resumen, un bloqueo institucional muy incómodo y muy poco benéfico para los ciudadanos provocado por el capricho del multi-imputado empresario Juan Francisco Rosa de cargarse al funcionario que más veces ha informado en contra de sus trapacerías urbanísticas. Pero, claro, San Ginés dice no actuar en solitario ni en contra de los socialistas. Además de sostener que sus socios sabían de su intención de cargarse al técnico (extremo que el PSOE niega rotundamente), el presidente del Cabildo asegura que la polémica decisión la adoptó con el beneplácito de su líder regional y actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Unas declaraciones de este a Radio Lanzarote días antes de tomar posesión así lo atestiguan. ¿Avaló Clavijo a San Ginés en el despido del funcionario que perturbaba los negocios de Juan Francisco Rosa? ¿Sabía realmente Clavijo el terremoto que estaba provocando?

La primera a Roberto Moreno, por la escuadra

Empiezan a un ritmo más lento de lo que la situación requiere a conformarse los equipos políticos que han de hacerse cargo ya de una vez de los designios de estas acaloradas ínsulas. Este viernes está previsto que el Consejo de Gobierno designe a Roberto Moreno director del Servicio Canario de Salud, un potro de tortura que en estos instantes casi estaríamos por no recomendar ni siquiera al más conspicuos de los enemigos. El PSOE decidió hacerse cargo de Sanidad alegando que sus dirigentes son gente de retos y no vamos a ser nosotros los que desdigamos el famoso adagio que sostiene que sarna con gusto no pica. A Roberto Moreno y a su consejero, Jesús Morera, les deseamos por anticipado mucha suerte, sobre todo después de conocer este mismo jueves que sus antecesores ya les han dejado algunos goles retardados por la escuadra en forma de externalizaciones de ésas que tanto abundan en el departamento y que han comprometido gran parte de sus presupuestos por los siglos de los siglos. Una de esas externalizaciones ha sido la del software de gestión de historias clínicas, uno de cuyos lotes se acaba de adjudicar por la módica cantidad de 1,4 millones de euros y un periodo de vigencia de dos años. Es decir, la mitad de la legislatura se le va a ir a Roberto Moreno comiéndose un programa de gestión que él podía haber resuelto con software libre, como hizo estos últimos cuatro años desde su anterior desempeño como director de Nuevas Tecnologías del Gobierno, desmontando todos los tinglados heredados de la larga noche de adjudicaciones informáticas del PP y de Coalición Canaria. Y si esa fuera la sangría (con perdón) más onerosa de la Consejería de Sanidad, hasta podríamos tirar unos voladores, pero son tantas y tantas las privatizaciones encubiertas que durante décadas hemos visto ejecutar, todas ellas con unos costes superiores a los que supondría llevar a cabo el servicio con personal y material propio, que dan ganas hasta de llorar, oye. Pero, lo dicho, sarna con gusto no pica. Animamos a los socialistas a demostrar que ellos pueden.

 

Mercedes Roldós, al Senado

Una de las consejeras de Sanidad que esta atribulada nacionalidad ultraperiférica tuvo fue Mercedes Roldós, que precisamente ha sido noticia este jueves al confirmarse que su partido, el PP, la manda al Senado en nombre de la Comunidad Autónoma, y da paso, uf, qué apuros, a Jorge Rodríguez al Parlamento de Canarias. Roldós pasará a la historia por ser la consejera bajo cuyos designios se montó aquel repugnante mangoneo del caso Lifeblood, precisamente una externalización, la de la hemodiálisis, por un precio mucho más elevado que sus costes públicos y a una empresa creada por el asesor legal (también externo) de la misma consejería, el abogado Javier Artiles Camacho. Roldós se marcha a Madrid, donde reside su hija y su yerno, pero mantendrá la portavocía en el Cabildo de Gran Canaria, lo que le obligará a renunciar a uno de los dos sueldos, concretamente que le corresponde por este último cargo. El Senado paga muy bien y el salario tendrá un interesante complemento con las dietas por asistencia a plenos y comisiones a la Corporación grancanaria. Que perder las elecciones tiene también premio, no se vayan ustedes a creer, aunque la interesada tendrá que esforzarse un poquito para poder acudir a las sesiones más importantes de ambas instituciones y poder así cobrar los correspondientes emolumentos. Le sustituirá en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez Pérez, nuestro infatigable relaciones públicas (ma non troppo) cuyo tráfico de influencias probado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no fue suficiente como para condenarlo y apartarlo de la función pública. Quedamos a la espera de saber si pedirá compatibilizarse con sus tareas privadas o se dedicará en cuerpo y alma a su acreditada vocación de servir a los demás sin más beneficio que el justo salario y las justas dietas.

Podría decirse que los problemas para Juan Francisco Rosa comenzaron el día que se empeñó en salirse del anonimato. Es un empresario emprendedor, muy intuitivo, atrevido y durante mucho tiempo, de éxito. Pero como le ocurre a muchos como él, de buenas a primeras necesitó que su obra trascendiera y de lo puramente mercantil pasara a dejar una huella en la sociedad donde hasta entonces se había desenvuelto. Quienes le han tratado dicen que a ese deseo responde la bodega Stratvs, levantada en uno de los parajes más protegidos y sagrados de Lanzarote, La Geria, sobre un suelo que en parte ni siquiera era suyo e incumpliendo la normativa ambiental y urbanística sin ningún recato. La bodega no solo pretendía ser un monumento a la excelencia empresarial sino también una demostración notoria de impunidad y de poder. Porque ninguna resolución administrativa pudo pararla durante años, hasta que llegó una jueza y le encasquetó un precinto que hizo crujir muchas cuadernas en la sociedad conejera. A la juez, por supuesto, la pusieron verde los medios de comunicación afines al empresario, los políticos comprados por el empresario y los colectivos al servicio del empresario. Y no en un contexto de discusión jurídica, sino arguyendo algo más elevado para el papanatismo imperante: la inversión, los puestos de trabajo, la imagen de Lanzarote… Si tienes dinero y te lo gastas tienes derecho a hacer lo que quieras. Una petición de quince años de cárcel (la que reclama la Fiscalía) amenaza con acabar con los aires de grandeza y de intocabilidad del empresario, salvo que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde será juzgado, vuelva a volar el burro que dejó sentado para la posteridad que Soria no delinquió cuando se dejó invitar por un empresario al que beneficiaba desde el Cabildo porque el avión privado iba a despegar de todos modos, fuera o no fuera el ministro dentro. El mismo burro que dio por probado que el portavoz parlamentario del PP había ejercido el tráfico de influencias pero no con la intensidad suficiente como para condenarlo. Juan Francisco Rosa se sentará en el confortable banquillo del TSJC porque la alcaldesa de Yaiza, Gladis Acuña, para quien el fiscal pide cuatro años de cárcel por no haber actuado diligentemente, ha sido elegida diputada regional por Nueva Canarias, lo que habrá que reprocharle alguna vez al partido de Román Rodríguez.