Danzando al son del PP (con el PSOE noqueado)

¿Dónde ha estado en toda esta polémica del reparto de los hipotéticos fondos del desaparecido ITE el Partido Socialista Canario-PSOE? ¿Dónde ha estado la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández? ¿Se ha debatido alguna vez en el seno del Consejo de Gobierno semejante decisión? Porque leyendo y releyendo el documento del pacto que celebraron este verano el PSOE y Coalición Canaria no aparece por ninguna parte que los socialistas hayan de asumir sin ningún tipo de discusión ocurrencias tan peregrinas como la ruptura de la unidad regional en el convenio de carreteras Estado-Canarias o la aberración de echar a pelear a todos los cabildos contra uno y a todos los ayuntamientos contra el Gobierno por el absurdo reparto de unos fondos que no están disponibles en ninguna parte. El PSOE se volvió a arrodillar una vez más este martes ante su socio nacionalista en una postura que no comparten ni José Miguel Pérez, ni Francisco Hernández Spínola ni el nuevo responsable regional de Organización, José Alcaraz, pero ninguno parece haber cursado las órdenes necesarias para que el Grupo Parlamentario se pusiera en pie y defendiera, en primer lugar, la soberanía del Parlamento de Canarias en asuntos tan controvertidos como estos frente a cualquier otra institución de la Comunidad Autónoma, verbigracia, los cabildos. En segundo lugar, el respeto a la legalidad vigente, que indica a las claras que los fondos que pudieran quedarse en las arcas canarias procedentes del extinto ITE son de titularidad de la Comunidad Autónoma, que habrá de distribuirlos dentro de sus presupuestos conforme a los parámetros habituales, y no en forma de prebenda política para comprar voluntades en tiempos de tribulaciones. Acto seguido, el PSOE debió haber reivindicado su propia dignidad, porque si bien es cierto que en La Palma gobierna con Coalición Canaria y su Cabildo ha abrazado las grotescas tesis del reparto por número de diputados, también lo es que en Gran Canaria presta su apoyo al presidente Antonio Morales, al que Fernando Clavijo, su Gobierno y su partido pretenden aislar de manera descarada. Este es, a grandes rasgos, el triste balance institucional de los tres primeros meses de mandato autonómico: mientras Clavijo se reconcilia con el Gobierno de España y rehabilita a José Manuel Soria, abre una severa brecha entre órganos de la Comunidad Autónoma (Gobierno contra cabildos y ayuntamientos y Gobierno contra el Parlamento y los partidos políticos) y acrecienta la desconfianza de su socio gubernamental Y todo por puros fuegos fatuos.

El PP se alinea con Podemos

La posición adoptada este miércoles por el PSOE en el Parlamento de Canarias debiera ser la más razonable si no fuera porque la escenifica tarde y mal: los fondos del ITE no existen y la distribución de ese 50% que queda pendiente de traspasar definitivamente a Canarias, sólo será posible si el nuevo Gobierno que emane de las urnas el 20 de diciembre lo considera oportuno. Y no lo hará de inmediato, como es fácil colegir, sino cuando el nuevo ministro o ministra de Hacienda se siente en su despacho, analice los presupuestos, vea que tiene que recordar miles de millones con respecto a las cuentas que ha dejado (irresponsablemente) hechas el Gobierno saliente, y empiece a tomar decisiones. Es más que probable que la primera no sea retirar 192 millones de los Presupuestos Generales del Estado para que Canarias se los quede enteritos. Empezará, en todo caso, un proceso de negociación que desemboque en una fórmula paulatina de reposición que probablemente se extienda durante unos pocos años. Para entonces, esta agria y estéril polémica levantada aquí se habrá calmado, ya habremos olvidado que hubo un grupo de notables que pretendió hacer un reparto presupuestario en base a la representación institucional (número de diputados) de cada isla, con una variable de desempleo introducida en el último minuto y de penalti. Habremos olvidado que se contradecían de manera flagrante los últimos y reiterados acuerdos de la Federación de Islas (Fecai) y de la Federación de Municipios (Fecam). Si el PSOE hubiera manifestado a Clavijo desde el primer momento su rechazo a la medida y advertido de la osadía que estaba a punto de cometer, no habría llegado a la postura de sí pero no que se vio obligado a adoptar este martes en la Cámara regional. En esa sede parlamentaria el PP volvió a demostrarle al presidente cómo las gasta, su capacidad para inventarse dos enormes polémicas y, a la hora de la verdad, dejarlo solo en una solución imposible. Porque el PP, aunque pueda parecer contradictorio, ha tirado la piedra y ha escondido la mano: tras prometer, por boca de Soria y sus emisarios de ultramar, que inyectaría esa cantidad en las arcas isleñas, ahora le dice a su presidente que esa que pregona no es manera de repartirla. Y lo deja solo con el PSOE y el neonacionalista Casimiro Curbelo, alineándose con Nueva Canarias (enemigo público número uno de CC) y, ¡albricias!, con Podemos (enemigo público número uno del PP). Si esto no es una puñetera locura, se le parece bastante.

Salta Bañolas

Por si éramos pocos, al potaje se sumó este martes el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Fernando Bañolas, blandiendo unos argumentos que se llegan a contradecir con los que han provocado la controversia. Sostiene Bañolas –después de acusar a Antonio Morales de “enarbolar la bandera del pleito insular”- que con el reparto que propone el presidente del Cabildo grancanario, la isla perdería 6 millones respecto a la fórmula del tándem Alonso-Clavijo, un cálculo que desde luego podría dejar a Morales como torpe, pero que, en sentido contrario, lo alzaría como defensor de un criterio que no sería egoísta ni insularista. Depende como se mire. Pero el pronunciamiento de Bañolas, que es a la postre el del Gobierno, contiene una formulación mágica que no hace otra cosa que convertir en absurdos sus propios planetamientos. Dice así: “La propuesta del Ejecutivo canario permitirá poner en marcha un Plan de Desarrollo basado en la inversión pública y la creación de empleo que será liderados por todos y cada uno de los cabildos insulares, ayuntamientos y Gobierno de Canarias, con el fin de que lleguen (sic) a los ciudadanos, poniendo en marcha políticas que reduzcan la tasa de paro y haciendo una apuesta real por la diversificación económica”. Primera pregunta: ¿Un Plan de Desarrollo basado en la inversión pública? Además de esa artificiosidad consistente en crear planes y planes para llenar de carteles carreteras y avenidas, estamos hablando de una competencia eminentemente gubernamental, la de planificar e invertir, para lo cual no se necesitan más instituciones. Segunda pregunta: ¿Planes liderados por los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias? ¿Podría alguien definir “liderados”? ¿Se van a repartir las adjudicaciones para mejor proveer? Tercera pregunta: ¿Qué significa “para que lleguen a los ciudadanos”? ¿Acaso se trata de insinuar que hasta ahora las inversiones de los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria de los cuales ha formado parte alguna vez Bañolas no iban destinadas o no llegaban a los ciudadanos? Y última pregunta: ¿Cómo consigue un plan de desarrollo de 193 millones de euros (menos 30 que se quedará el Estado) hacer “una apuesta real por la diversificación económica? ¿De qué inversiones estamos hablando? Dejamos para mejor ocasión el reproche que hace el secretario grancanario de CC al presidente de su Cabildo por ”haber optado por sumar a los ayuntamientos a su causa“, lo que demostraría un absoluto desprecio por la representación municipal. Parece explicable dada la escuálida representación que obtuvo CC en los ayuntamientos de la isla en las pasadas elecciones.

¿Dónde ha estado en toda esta polémica del reparto de los hipotéticos fondos del desaparecido ITE el Partido Socialista Canario-PSOE? ¿Dónde ha estado la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández? ¿Se ha debatido alguna vez en el seno del Consejo de Gobierno semejante decisión? Porque leyendo y releyendo el documento del pacto que celebraron este verano el PSOE y Coalición Canaria no aparece por ninguna parte que los socialistas hayan de asumir sin ningún tipo de discusión ocurrencias tan peregrinas como la ruptura de la unidad regional en el convenio de carreteras Estado-Canarias o la aberración de echar a pelear a todos los cabildos contra uno y a todos los ayuntamientos contra el Gobierno por el absurdo reparto de unos fondos que no están disponibles en ninguna parte. El PSOE se volvió a arrodillar una vez más este martes ante su socio nacionalista en una postura que no comparten ni José Miguel Pérez, ni Francisco Hernández Spínola ni el nuevo responsable regional de Organización, José Alcaraz, pero ninguno parece haber cursado las órdenes necesarias para que el Grupo Parlamentario se pusiera en pie y defendiera, en primer lugar, la soberanía del Parlamento de Canarias en asuntos tan controvertidos como estos frente a cualquier otra institución de la Comunidad Autónoma, verbigracia, los cabildos. En segundo lugar, el respeto a la legalidad vigente, que indica a las claras que los fondos que pudieran quedarse en las arcas canarias procedentes del extinto ITE son de titularidad de la Comunidad Autónoma, que habrá de distribuirlos dentro de sus presupuestos conforme a los parámetros habituales, y no en forma de prebenda política para comprar voluntades en tiempos de tribulaciones. Acto seguido, el PSOE debió haber reivindicado su propia dignidad, porque si bien es cierto que en La Palma gobierna con Coalición Canaria y su Cabildo ha abrazado las grotescas tesis del reparto por número de diputados, también lo es que en Gran Canaria presta su apoyo al presidente Antonio Morales, al que Fernando Clavijo, su Gobierno y su partido pretenden aislar de manera descarada. Este es, a grandes rasgos, el triste balance institucional de los tres primeros meses de mandato autonómico: mientras Clavijo se reconcilia con el Gobierno de España y rehabilita a José Manuel Soria, abre una severa brecha entre órganos de la Comunidad Autónoma (Gobierno contra cabildos y ayuntamientos y Gobierno contra el Parlamento y los partidos políticos) y acrecienta la desconfianza de su socio gubernamental Y todo por puros fuegos fatuos.

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