Algo pasa con Técnicas Competitivas. Y con el insularismo

Un Ruano León que no era Ruano de León. Ése fue el error principal –o patinazo principal- que cometió Unid@s se Puede, formación en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, al denunciar el relajo que se ha traído un sector de ATI con la empresa Técnicas Competitivas. Los denunciantes se llenaron de balón al comprobar que había entre los accionistas de esa empresa -fundada por Rosendo Reboso- rimbombantes nombres de ex dirigentes socialistas, alejados desde hace tiempo de la primera línea política, y el de un señor que parecía hermano de José Miguel Ruano y no lo era. Esa pifia desinfló la denuncia sin que nadie se atreviera a entrar en el fondo de ella, en los estrechos vínculos entre esta afortunada compañía y los dos últimos alcaldes de La Laguna, el actual, José Alberto Díaz, y el anterior, Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias. Con un poco de paciencia y de tenacidad debieron los de Unid@s escarbar un poco más hasta lograr llegar hasta el bollo del cogollo del meollo, margullando en los contratos, en los concursos… y comprobar si podían llegar más lejos, incluidos los límites del Código Penal.

El PP sí supo

Pero mientras Unid@s se hacía un lío y buscaba la forma de desembarazarse de aquella metedura de pata, los diputados del Partido Popular en el Parlamento de Canarias hacían un movimiento táctico muy hábil que dejaba descolocados a propios y a extraños. Haciendo uso de sus prerrogativas como grupo parlamentario, el PP tramitó una iniciativa según la cual reclamaba que en el próximo pleno de la Cámara regional compareciera el Gobierno para dar cuenta de todos los contratos celebrados hasta la fecha entre Técnicas Competitivas y los distintos departamentos gubernamentales que en la historia han sido. La cosa se ponía tensa porque daba la sensación de que al PP parecía importarle exactamente una higa que en ese movimiento pudiera quedar él mismo retratado. Y lo que es peor, que en el retrato saliera aunque fuera simplemente en forma de ectoplasma un tal José Manuel Soria, vicepresidente que fue y, para más inri, consejero de Hacienda de Canarias, lo que le convirtió en su momento en responsable fiscalizador, o fiscalizador responsable, de los contratos que pudieran o pudiesen ser sospechosos. Y si al PP le daba igual que le sacaran los colores, ¿qué impedimento, obstáculo, óbice o valladar quedaba para proseguir con su iniciativa parlamentaria? Teóricamente ninguna, pero algo ocurrió los últimos días de la semana pasada para que los populares, de buenas a primeras, decidieran retirar su petición de información sobre Técnicas Competitivas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues muy sencillo: al socio nacionalista le tocaba bastante las narices que fuera precisamente el PP el que pretendiera poner colorado nada más y nada menos que al presidente del Gobierno. Lo que colocaría a Podemos y a Nueva Canarias (del PSOE y de las demás fuerzas poco cabe ya esperar) en posición ventajosa para meterle un ojo al señor alcalde-presidente. Que vienen elecciones y nunca se sabe cómo puede quedar de descolocado el mapa político nacional e isleño. Así que habrá que esperar.

Un golpe insularista en vísperas

Coalición Canaria está desesperada. La simple insinuación demoscópica de que pueda no sacar ni un solo diputado el próximo domingo está obligando a los nacionalistas a hacer una campaña en la que se remarque insistentemente su presunto valor como única voz canaria en Madrid, único partido con disciplina isleña, único en todo lo que los demás parecen ser unos auténticos zoquetes. Y mucha mortadela, claro, porque además de esas soflamas, a la candidata Oramas la tienen corriendo de bolo en bolo gastando lo que no está en los escritos para llevar la buena nueva del nacionalismo canario a todos aquellos lugares donde todavía no lo conocían. Desde el Gobierno, Fernando Clavijo intenta echar una mano a ver si todavía a estas alturas se puede arañar algún voto mostrando la cara más insularista del invento. A eso cabría atribuirle la decisión tomada este lunes en el consejo de gobierno de Canarias poniendo en marcha no se sabe muy bien qué trámites políticos para proclamar la independencia del Puerto de Los Mármoles (Arrecife de Lanzarote) con respecto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que engloba a ese y a los de La Luz y Puerto del Rosario. La iniciativa independentista proviene, cómo no, de la Cámara de Comercio de Lanzarote, cabreadísima porque La Luz decidiera autorizar en su suelo un astillero para la reparación de mega yates, la misma iniciativa, fitetú, que se le había ocurrido a uno de los empresarios más poderosos de Lanzarote, Pepe Calero, propietario de Puerto Calero.

Con un informe de José Carlos Francisco

La idea de proponer la independencia de un puerto de Canarias de los que pertenecen a Puertos del Estado tiene su enjundia, no se vayan a creer. Porque el Gobierno canario no tiene competencia para hacerlo, estaría bueno, por mucho que Aznar en su día, en uno de esos arranques de fraternidad y complicidad con José Carlos Mauricio, otorgara a Canarias la potestad (como mucho) de proponer presidentes de las dos autoridades portuarias. ¿Y con qué argumentos pedir una segregación portuaria en Las Palmas? Los desconocemos porque de momento forman parte de las deliberaciones secretas del consejo de gobierno. Lo que sí se sabe es que para tomar la decisión de este lunes, Clavijo y su vicepresidenta, Patricia Hernández, del PSOE, confiaron en un informe “independiente” (y dos huevos duros) encargado ad hoc a Corporación 5, la empresa de consultoría de José Carlos Francisco, presidente de la patronal CEOE de Tenerife. Un chollo de informe, porque además de promover una acción con ribetes nacionalistas que en realidad es un golpe puramente insularista con al excusa del centralismo canarión, de paso perpreta una brecha en la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que no vaya tan corriendito echándole la pata por delante siempre a su homóloga tinerfeña. Porque sí, Las Palmas presenta siempre rentabilidad, incluido el pago de los excesos cometidos por abruptos ex presidentes de la Autoridad Portuaria, mientras Santa Cruz con sí con sá. ¿Y Arrecife? Si Fomento, en un arranque de compensación a las colonias, decidiera la independencia de Los Mármoles, habría que montarle una estructura de personal, unos gastos de funcionamiento y toda la parafernalia necesaria para dar satisfacción a los promotores de la iniciativa. De la rentabilidad mejor no hablemos hasta ver los números que seguramente ha hecho con mucho rigor José Carlos Francisco.

El segundo suplente está imputado

Si Ana Oramas González-Moro consigue su escaño por Santa Cruz de Tenerife este próximo domingo, Coalición Canaria tendrá un problema. Bueno, tendría un problema si la señora Oramas González-Moro tuviera que dimitir o renunciar por alguna razón. Y que tras ella hicieran lo mismo simultáneamente José Manuel Bermúdez, Pio Lorenzo, Carlos Alonso y los otros tres miembros de la candidatura hasta llegar al primera suplente, de nombre Pilar Rodríguez Machín. ¿Y si esta tuviera que renunciar también, vete tú a saber por qué? Pues entonces y solo entonces, pasaría a ser diputado español don Rubén Jesús Segredo Izquierdo, electricista de profesión, en estos momentos tercer teniente de alcalde de Hermigua (La Gomera). Entraría en Las Cortes un concejal gomero imputado, como consta en autos del único juzgado existente en La Gomera. En resumen, Coalición Canaria lleva un imputado en su lista por Santa Cruz de Tenerife. Queda dicho.

Un Ruano León que no era Ruano de León. Ése fue el error principal –o patinazo principal- que cometió Unid@s se Puede, formación en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, al denunciar el relajo que se ha traído un sector de ATI con la empresa Técnicas Competitivas. Los denunciantes se llenaron de balón al comprobar que había entre los accionistas de esa empresa -fundada por Rosendo Reboso- rimbombantes nombres de ex dirigentes socialistas, alejados desde hace tiempo de la primera línea política, y el de un señor que parecía hermano de José Miguel Ruano y no lo era. Esa pifia desinfló la denuncia sin que nadie se atreviera a entrar en el fondo de ella, en los estrechos vínculos entre esta afortunada compañía y los dos últimos alcaldes de La Laguna, el actual, José Alberto Díaz, y el anterior, Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias. Con un poco de paciencia y de tenacidad debieron los de Unid@s escarbar un poco más hasta lograr llegar hasta el bollo del cogollo del meollo, margullando en los contratos, en los concursos… y comprobar si podían llegar más lejos, incluidos los límites del Código Penal.

El PP sí supo