Poder para vigilar los fondos

Pero las prerrogativas que se concedían a Soria en ese decreto de 2008 no se limitaban a la capacidad para exigirle a Vanyera3 garantías suficientes con las que respaldar el aval. También podía “requerir a la entidad de crédito prestamista información detallada sobre el cumplimiento (?) de las obligaciones derivadas de la operación de préstamo o crédito avalada por la Comunidad Autónoma”. Y es aquí donde el actual Gobierno ha abierto otra vía de investigación. Porque desde 2010 se sabe que Vanyera no cumplió escrupulosamente con las exigencias del aval, que iba dirigido a garantizar el plan de viabilidad que salvara los 400 puestos de trabajo de la empresa. Una indagatoria abierta por el sucesor de Soria en la consejería, Jorge Rodríguez, descubrió enseguida que se habían atendido gastos corrientes y otras obligaciones que no iban destinadas al fin por el que se concedió el aval. Ese incumplimiento hubiera sido causa suficiente para retirarlo y resolver el problema, pero sin aval inscrito en el Registro Mercantil e incumpliendo el avalado las condiciones del aval, nada se hizo en Economía y Hacienda para solventarlo. Al contrario, el problema se enquistó y la Comunidad Autónoma perdió 5,2 millones de euros que habremos pagar ahora con nuestros impuestos. Y no se puede culpar al Parlamento, ni a Zapatero, ni al lucerito del alba. Miren lo que dice la disposición decimotercera del decreto de concesión del aval: “Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas resoluciones sean oportunas en orden a la ejecución del presente Decreto”. Un error fatal, no poner a ningún órgano superior a vigilar las andanzas de José Manuel Soria. Si se fijan, fue lo primero que hizo al llegar al Ministerio de Industria: tratar de cargarse al regulador, la Comisión Nacional de la Energía. Y ancha es Castilla, las aguas jurisdiccionales españolas y los territorios de ultramar.

Pero las prerrogativas que se concedían a Soria en ese decreto de 2008 no se limitaban a la capacidad para exigirle a Vanyera3 garantías suficientes con las que respaldar el aval. También podía “requerir a la entidad de crédito prestamista información detallada sobre el cumplimiento (?) de las obligaciones derivadas de la operación de préstamo o crédito avalada por la Comunidad Autónoma”. Y es aquí donde el actual Gobierno ha abierto otra vía de investigación. Porque desde 2010 se sabe que Vanyera no cumplió escrupulosamente con las exigencias del aval, que iba dirigido a garantizar el plan de viabilidad que salvara los 400 puestos de trabajo de la empresa. Una indagatoria abierta por el sucesor de Soria en la consejería, Jorge Rodríguez, descubrió enseguida que se habían atendido gastos corrientes y otras obligaciones que no iban destinadas al fin por el que se concedió el aval. Ese incumplimiento hubiera sido causa suficiente para retirarlo y resolver el problema, pero sin aval inscrito en el Registro Mercantil e incumpliendo el avalado las condiciones del aval, nada se hizo en Economía y Hacienda para solventarlo. Al contrario, el problema se enquistó y la Comunidad Autónoma perdió 5,2 millones de euros que habremos pagar ahora con nuestros impuestos. Y no se puede culpar al Parlamento, ni a Zapatero, ni al lucerito del alba. Miren lo que dice la disposición decimotercera del decreto de concesión del aval: “Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas resoluciones sean oportunas en orden a la ejecución del presente Decreto”. Un error fatal, no poner a ningún órgano superior a vigilar las andanzas de José Manuel Soria. Si se fijan, fue lo primero que hizo al llegar al Ministerio de Industria: tratar de cargarse al regulador, la Comisión Nacional de la Energía. Y ancha es Castilla, las aguas jurisdiccionales españolas y los territorios de ultramar.