Soria, la extorsión y un mail delator de la Guardia Civil

No ha llovido tanto desde aquellos aciagos meses del caso salmón en los que todos pudimos ver a José Manuel Soria acudir en dos ocasiones distintas al viejo Palacio de Justicia de Vegueta para declarar por sus relaciones con el propietario de Anfi del Mar, el ya fallecido Björn Lyng. Lo llamaron dos veces al detectar que en su primera comparecencia había mentido como un poseso. Se le imputaba el delito de cohecho por haber aceptado dádivas o prebendas a cambio de facilitar una urbanización turística de gran lujo desde sus puestos políticos en el Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento de Canarias. Y la jueza lo volvió a citar al descubrir que era falso que no hubiera participado en la votación parlamentaria en la que se dio vía libre al proyecto. Aquello marcó para siempre la trayectoria política del actual ministro de Industria en funciones porque quedó absolutamente probado que a) aceptó las dádivas, y b) apoyó la declaración de interés general de aquella urbanización turística para que pudiera esquivar la moratoria en vigor. Luego se le complicaron más las cosas cuando quedó probado, también ante los tribunales de justicia, que vivió gratis al menos 21 meses en un chalet propiedad de un empresario, Javier Esquivel, mientras su hermano Luis desde la Consejería de Industria del Gobierno, él mismo desde el Cabildo de Gran Canaria, y ambos en comandita en la Autoridad Portuaria de Las Palmas facilitaban al mismo empresario un negocio millonario con la energía eólica. De esos asuntos salió sin condena judicial porque una cosa es la verdad material que nadie es capaz de negar y otra bien distinta son los burros que vuelan en la Administración de Justicia. Porque del salmón se libró Soria gracias a que la Fiscalía Anticorrupción dio por prescritos los delitos de cohecho y la jueza que lo instruyó dio por bueno que el avión privado en el que voló iba a despegar de todos modos aunque en él no viajaran el hoy ministro, su esposa y uno de sus dos hijos. Del caso chalet salió indemne porque el mismo alto tribunal consideró que bordeaba el fraude procesal una denuncia que puse tras descubrir que se habían falsificado los recibos del alquiler. Más burros volando. Desde entonces su reputación quedó tocada para siempre, lo que se agravó al descubrirse que dejaba amarrados concursos de potabilizadoras, tuvo cuenta en Suiza, veraneaba invitado en resorts de lujo en el Caribe o usaba hoteles ilegales para animar al empresariado a vulnerar las leyes urbanísticas.

 

 

Lecciones de honradez

Así las cosas, soportar que este individuo pretenda dar a nadie la más mínima lección de ética o de honradez resulta hasta gracioso. Lo hizo este martes desde las páginas del periódico La Provincia, dedicado en cuerpo y alma desde diciembre pasado a la cacería más inclemente contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, y como pieza extra, este periódico, tan incómodo para el ministro como para algunos otros medios canarios desde que descubrimos cómo el PP los untó en la pasada cita electoral con 450.000 euros de una campaña de publicidad que en origen era de La Caixa. Lo sentimos, la información fue buena, convenientemente contrastada y por nadie refutada lo más mínimo.  Aquel dinero lo repartió el PP –es decir, Soria- entre todos los medios de mayor o menor importancia con exclusión expresa de aquellos que habían informado en septiembre y meses sucesivos de sus vacaciones a todo trapo en un hotel de Enrique Martinón en Punta Cana. Es decir, todos excepto Canarias7, la Cadena Ser y, por supuesto, Canarias Ahora. Nos estaban esperando a la bajadita y por eso ahora aparecen a todo trapo informaciones que nos relacionan con “grandes” empresarios que han invertido a lo largo de la historia de este periódico. Como si a los demás los financiara la asociación comercial de Pedro Infinito, dicho sea con todos los respetos a esos abnegados comerciantes habitualmente olvidados por la prensa y al personaje galdosiano. Pero no desviemos el tiro. Que José Manuel Soria nos acuse de extorsionar a empresarios para que invirtieran en este periódico nos recuerda a aquella declaración testifical del delegado de una multinacional que dijo en un juicio que el hoy ministro le amenazó con no volver a contratar nada en Gran Canaria si no retiraba un recurso contra la adjudicación de unas membranas de potabilización a la empresa Isolux (el famoso caso Isolux), o cuando obligó a otro empresario ya fallecido a enviarnos un burofax anulando una invitación a un cóctel donde no nos quería ver ni en pintura el presidente del PP canario. El pobre hombre temía que no volviera a adjudicársele un solo concurso de amueblamiento en la Comunidad Autónoma. Así las gasta el señor ministro.

 

 

El uso de los poderes del Estado

El cuerpo le lleva pidiendo venganza a José Manuel Soria desde hace mucho tiempo y ha aprovechado la aparición en la escena política de la diputada de Podemos Victoria Rosell –pareja de quien esto escribe- para cobrarse todas sus facturas pendientes. Es él quien está detrás del sobre anónimo que alguien hizo llegar a la Fiscalía de Las Palmas el pasado mes de noviembre conteniendo nuestro contrato sobre una emisora de radio con la Unión Deportiva Las Palmas. Es él el que ha jaleado a ese órgano de la justicia española para continúe adelante a pesar de los vergonzosos revolcones que se ha llevado por todas partes, incluyendo la crítica de muchos fiscales avergonzados por lo que han hecho. Es él quien acepta que Eligio Hernández interpusiera ante el Supremo una querella contra la diputada de Podemos por los mismos hechos ya archivados por el Poder Judicial. Es él el que anima que el magistrado Salvador Alba y la fiscala Evangelina Ríos dediquen todo un interrogatorio de una hora a un imputado por fraude fiscal para preguntarle exclusivamente por este periódico. Es él el que consigue que El Mundo y La Provincia estén a la última en toda esta disparatada causa general con tufo inquisitorial que tira para atrás. Y es él el que tiene aleccionados a otros organismos del Estado, verbigracia la Delegación del Gobierno y todo lo que de ella cuelga, para someter a un severo marcaje a la diputada de Podemos para pillarla en cualquier circunstancia que pueda ser o aparentar embarazosa. Es lo que ha ocurrido en dos ocasiones en el aeropuerto de Gran Canaria, donde un funcionario de Aena primero (el del pelo engominado) y un Guardia Civil después (el de los gritos ansiosos) tratan de imponerse al grito de “a ti que te importa” y “no me haga agarrarla de la mano, señora”, respectivamente. Dos procederes como mínimo llamativos si tenemos en cuenta de quienes se trata, se dirijan a quien se dirijan. Un agente de la Guardia Civil puede exigir a cualquiera su documentación y hasta detener a esa persona, pero amenazarla con agarrarla de la mano no parece que esté en ningún manual de seguridad, ni siquiera en la Ley de Seguridad Nacional, invocada ahora con motivo de este incidente.

 

 

Un mail delator

Si usted ha vivido algún percance con los auxiliares de seguridad (guardias de una empresa privada de seguridad) en cualquier aeropuerto de España por su exceso de celo, por sus modales poco pulidos, su escasa profesionalidad o por sus arbitrariedades, jamás se habrá encontrado con un número de la Guardia Civil que a gritos le pida su documentación y le amenace, atención, con agarrarle de la mano. Llamativo, como mínimo. Tampoco se esperará usted que, tras su incidente, el agente corra deprisa a rellenar un parte de incidencias porque, normalmente, eso se hace al finalizar la jornada. Por eso resulta muy elocuente el encabezamiento del correo electrónico que mostramos: a las 11.55 del día de autos, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Las Palmas, en la capital grancanaria, ya tenía en su poder el parte del agente exaltado, porque es a esa precisa hora en la que lo envía a varias direcciones de correo electrónico. Algunas son muy significativas: el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, y el subdelegado en Las Palmas, Luis Molina, dos de los más leales servidores de José Manuel Soria. El primero, como saben, fue su subsecretario de Industria hasta que se barruntaba la caída del PP y fue enviado a Canarias a heredar la Delegación del Gobierno que dejaba vacante su hermana, designada entonces candidata al Senado. El segundo, Luis Molina, es un inspector de Policía en servicios especiales, pero que muy especiales, que apareció en las investigaciones del caso Lifeblood hablando con el abogado Javier Artiles (el chico para todo en la Consejería de Sanidad donde ejercía de componedora de concursos la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Lourdes Quesada, hoy directora general de Relaciones con la Administración de Justicia en la égida del PSOE) hasta que se enteró (no tardó mucho) de que tenía el teléfono intervenido por orden judicial. Pero volvamos al mail. Entre los destinatarios no sólo está una dirección genérica de la Delegación del Gobierno o los correos oficiales del delegado y subdelegado del Gobierno. Para asegurar su recepción, el remitente incluye también sus correos particulares, todos ellos adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que dependen las delegaciones gubernamentales. ¿Se imaginan que cada incidente que se produce en cualquiera de los aeropuertos canarios haya de remitirse un domingo a mediodía al delegado del Gobierno con expreso interés de que lo reciba? Todo parece demostrar lo que todo el mundo sabe y los demás se imaginan: que Soria ha puesto a toda la maquinaria del Estado a trabajar en pos de sus venganzas. Y la principal parece ser acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell.

 

Dos de doce comunicados

El resto de este sainete ya lo conocen ustedes de sobra. Llegado el fax de la Guardia Civil a la Delegación del Gobierno, inmediatamente se cursa a varios medios informativos, con especial atención a El Mundo y La Provincia. Resulta conmovedor comprobar cómo el comunicado que el lunes emite la Delegación del Gobierno contiene párrafos idénticos a la noticia que esa misma mañana aparecía en el rotativo de Prensa Ibérica. Un comunicado, por cierto, que debemos analizar dentro del lote de cuantos ha enviado ese organismo del Gobierno de España este último mes. En total han sido 37, pero la inmensa mayoría de ellos conteniendo noticias ministeriales que la delegación se limita exclusivamente a rebotar. Doce de ellos son más directamente vinculados al delegado del Gobierno, incluyendo principalmente su agenda y la del ministro de Industria cada vez que está en las islas. Pues bien, de esos doce, dos se dedicaron el último mes a la diputada Victoria Rosell, una dedicación muy alentadora si obviamos cuáles son las funciones orgánicas de un delegado del Gobierno. No satisfecho con la gesta, Hernández Bento recorrió el lunes todas las emisoras del mundo contando el incidente y, por supuesto, poniéndolo en relación con la alerta anti yihadista. Sólo tenemos registrado un sonoro tropezón del delegado con una periodista, concretamente con Teresa Cárdenes, que estaba en ese momento de euforia pepera en una tertulia en Cope Canarias. La ex directora de La Provincia, que sufrió en carne propia los ataques de Soria cuando ese periódico informaba de sus trapisondas, preguntó a Enrique Hernández Bento por aspectos notables de la seguridad aeroportuaria, como el hecho constatable de que cualquiera pueda aparcar ante la nueva terminal de Gando, cerrar el coche y mandarse a mudar sin la menor oposición y/o diligente vigilancia de la Guardia Civil. O por un incidente entre un avión militar y uno de pasajeros que puso en peligro la vida de estos últimos recientemente. De ninguna de las dos cosas sabía nada el señor delegado. Pero del incidente de Victoria Rosell se sabía hasta el color de su vestido. Un crack.

 

Sigan atentos a los papeles de Panamá. En serio.

No ha llovido tanto desde aquellos aciagos meses del caso salmón en los que todos pudimos ver a José Manuel Soria acudir en dos ocasiones distintas al viejo Palacio de Justicia de Vegueta para declarar por sus relaciones con el propietario de Anfi del Mar, el ya fallecido Björn Lyng. Lo llamaron dos veces al detectar que en su primera comparecencia había mentido como un poseso. Se le imputaba el delito de cohecho por haber aceptado dádivas o prebendas a cambio de facilitar una urbanización turística de gran lujo desde sus puestos políticos en el Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento de Canarias. Y la jueza lo volvió a citar al descubrir que era falso que no hubiera participado en la votación parlamentaria en la que se dio vía libre al proyecto. Aquello marcó para siempre la trayectoria política del actual ministro de Industria en funciones porque quedó absolutamente probado que a) aceptó las dádivas, y b) apoyó la declaración de interés general de aquella urbanización turística para que pudiera esquivar la moratoria en vigor. Luego se le complicaron más las cosas cuando quedó probado, también ante los tribunales de justicia, que vivió gratis al menos 21 meses en un chalet propiedad de un empresario, Javier Esquivel, mientras su hermano Luis desde la Consejería de Industria del Gobierno, él mismo desde el Cabildo de Gran Canaria, y ambos en comandita en la Autoridad Portuaria de Las Palmas facilitaban al mismo empresario un negocio millonario con la energía eólica. De esos asuntos salió sin condena judicial porque una cosa es la verdad material que nadie es capaz de negar y otra bien distinta son los burros que vuelan en la Administración de Justicia. Porque del salmón se libró Soria gracias a que la Fiscalía Anticorrupción dio por prescritos los delitos de cohecho y la jueza que lo instruyó dio por bueno que el avión privado en el que voló iba a despegar de todos modos aunque en él no viajaran el hoy ministro, su esposa y uno de sus dos hijos. Del caso chalet salió indemne porque el mismo alto tribunal consideró que bordeaba el fraude procesal una denuncia que puse tras descubrir que se habían falsificado los recibos del alquiler. Más burros volando. Desde entonces su reputación quedó tocada para siempre, lo que se agravó al descubrirse que dejaba amarrados concursos de potabilizadoras, tuvo cuenta en Suiza, veraneaba invitado en resorts de lujo en el Caribe o usaba hoteles ilegales para animar al empresariado a vulnerar las leyes urbanísticas.